Violencia, detenciones y el uso de armas peligrosas

La represión del miércoles 12 de marzo en el Congreso estaba decidida de antemano. La ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich lo advirtió un día antes de que la movilización ocurriera. El operativo fue enorme, incluyó a todas las fuerzas federales y a la Policía de la Ciudad, y fue sumamente violento. Ya era desmedido desde el inicio de la represión, cuando solo había personas mayores y recién comenzaban a llegar quienes se sumaron a acompañar el reclamo. Había gente que por primera vez iba a una manifestación. 

Una hora antes de la convocatoria, que estaba prevista para las 17 horas, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad comenzaron a lanzar gas pimienta contra quienes se manifestaban en la vereda y la calle del Congreso. Media hora después ya habían lanzado gases lacrimógenos, agua desde los carros hidrantes y balas de goma. La excusa de evitar la obstrucción de las calles se convirtió rápidamente en la voluntad de disolver la manifestación.

El objetivo del Gobierno fue impedir la protesta y amedrentar con un despliegue de fuerza represiva para evitar que más personas se sumaran a la hora convocada. Luego utilizó la narrativa del “golpe de estado” para justificar la escalada de violencia policial. También identificó a hinchas de clubes de fútbol con barrabravas, para deslegitimar el apoyo social que están recibiendo jubilados y jubiladas. 

Después de las 17.30 y hasta la noche las cinco fuerzas desplegadas en la zona comenzaron a detener manifestantes. Por la madrugada la jueza Karina Andrade ordenó la libertad de 114 personas detenidas. Las razones: los informes sobre las detenciones tenían deficiencias graves, sin detalles de tiempo ni lugar, y sin información sobre los delitos imputados. Esas detenciones fueron arbitrarias. 

Ninguna de las personas detenidas fue acusada de atentar contra la vida democrática. Pese a esto, la ministra Bullrich dijo que va a denunciarlas por sedición, daños agravados, ataques a las autoridades, atentado y resistencia a la autoridad. También dijo que va a expulsar del país a personas con documento extranjero que participaron de la movilización. Ya vimos la misma película en las detenciones del 12 de junio de 2024, cuando 33 personas fueron detenidas arbitrariamente. El gobierno nacional las criminalizó, acusándolas entre otros delitos graves, de ejercer actos de “terrorismo” e intentar impedir el funcionamiento legislativo. En esta ocasión dijo que querían tomar el Congreso, a pesar de que el operativo desmiente esa posibilidad. Nada de lo que dijo la ministra en las últimas 24 horas le llegó a la jueza en forma de respaldo probatorio.

Hubo 20 personas hospitalizadas, que son quienes presentaron heridas de mayor gravedad. Beatriz Bianco, de 87 años, estaba en la esquina del Congreso, cerca de las 16:30, cuando se acercó al cordón policial. Un efectivo de la Policía Federal la empujó con el brazo y provocó que su cabeza golpeara contra el asfalto. Los policías que estaban ahí no la ayudaron, fue socorrida por manifestantes y trasladada al Hospital Argerich.

Pablo Grillo tiene 35 años y pelea por su vida. Es fotógrafo independiente, suele cubrir manifestaciones y ofrecer a medios las imágenes. Un agente aún no identificado disparó a los manifestantes con una pistola lanza gases, le impactó en la cabeza y le produjo fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Su estado es crítico.

Cerca de las 17, a la hora de la salida de la escuela, algunxs niñxs fueron afectados por los gases lacrimógenos. El operativo dejó heridas de balas de goma, personas con contusiones en la cabeza y en las piernas, heridas en el rostro. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires registró más de 20 trabajadores de prensa afectados por la represión.

Por la noche, mientras estaban operando a Pablo Grillo, el Ministerio de Seguridad comunicó el éxito del operativo, que logró “minimizar el impacto en la circulación del tránsito”. Sin embargo, fueron las fuerzas de seguridad las que cortaron toda la zona del Congreso y cerraron la Plaza de Mayo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusó a la oposición de alentar un golpe de Estado y catalogó el ataque contra Grillo como “accidente no previsto” y “consecuencias desgraciadas de estos episodios”. 

Las mal llamadas armas menos letales, como las utilizadas en la protesta, matan. El impacto del cartucho de gas en la cabeza de Pablo Grillo es consecuencia directa del Protocolo antipiquetes 943, que reintrodujo el uso de armas peligrosas en operativos en manifestaciones públicas. Después de los asesinatos en las manifestaciones de diciembre de 2001 y 2002 y del homicidio del maestro Fuentealba en 2007 fueron prohibidas, hasta que la actual administración lo revirtió, lo que muestra un retroceso en la protección de la integridad de los manifestantes.

La represión del miércoles no fue una respuesta improvisada, sino una decisión previamente planificada. La autorización del uso de armas letales, el despliegue coordinado de todas las fuerzas federales y el discurso belicista del gobierno indican que el objetivo era impedir la protesta del miércoles 12 a cualquier costo. 

Pese a todo este despliegue, el miércoles próximo, las y los jubilados volverán a marchar.

Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)