La Facultad de Bromatología argumentó su postura sobre los fondos mineros
El Consejo Directivo de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos debatió y tomó una postura con respecto a los fondos provenientes de las utilidades de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) destinados a las Universidades Nacionales.
Por Rubén Skubij"La decisión, tomada por mayoría, fue la aceptación de los fondos, como parte de la devolución del patrimonio saqueado a la nación exigiendo que sean devueltos a sus legítimos dueños. En tal sentido, el Cuerpo emitió un documento donde argumenta la resolución", manifestó a Radio Cero la decana de dicha Casa, Lic. María Clara Melchiori.Dijo que el documento emitido por el Consejo Directivo de la Facultad de Bromatología fue entregado al momento del tratamiento al Rector de la UNER, Eduardo Asueta, y al Consejo Superior de la Universidad "para que sea incorporado en la Comisión ad hoc, creada para el estudio de la situación suscitada a raíz de lo resuelto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acerca de la distribución de los fondos de YMAD".Aclaró que la nota "que no tuvo la adhesión por todos los consejeros directivos de la Facultad, manifiesta que la empresa Minera Alumbrera, que explota los mencionados yacimientos, fue demandada civilmente por contaminación del río Vis - Vis, en Andalgalá, Catamarca".En tanto, Isabel Corfield vice decana de la Facultad, señaló que la presentación judicial "incluye una serie de estudios científicos que demostrarían el incremento de elementos nocivos en las aguas del río a raíz de las filtraciones en el dique de cola, cuyos peligrosos residuos drenarían hacia la cuenca del Vis-Vis y producirían un daño irreparable para el ecosistema de la zona".Recordó que el vicepresidente de la firma, Julián Rooney, "ha sido procesado por el delito de contaminación ambiental en la provincia de Tucumán. Tampoco deja de indicar que la empresa está acusada de presunto contrabando en el puerto exportador privado de La Alumbrera en San Lorenzo, provincia de Santa Fe".Ambas integrantes de la Casa de Altos Estudios aclararon que "el Consejo Directivo considera que la Universidad Nacional no se corrompe por el hecho de recibir estos fondos. Que se corrompe si ellos la amordazan o acallan. Y sostiene que debe guardarse un gran cuidado al aludir a esas expresiones. No en vano, las políticas privatizadoras y desnacionalizadoras de la década pasada fueron precedidas de una eficaz campaña de desprestigio de todo lo público que sostenía que las empresas públicas eran corruptas y deficitarias, por lo que había que privatizarlas; lo mismo con la educación y la salud pública, objeto ambas del desfinanciamiento y el desprestigio".Cabe destacar que el Consejo Directivo sostuvo que "la contaminación que produce la empresa, el daño al ambiente, el perjuicio al fisco, las condiciones de trabajo que la empresa impone a sus trabajadores, y que han sido recurrentemente denunciadas por organizaciones sindicales y miembros de distintas organizaciones civiles, no hacen otra cosa que poner de manifiesto la inobservancia del Estado respecto de sus deberes".Además, el Cuerpo se pronunció por aceptar los fondos en cuestión "a sabiendas de que constituyen recursos genuinos que han sido expropiados al patrimonio de nuestra Nación. No por ello deja de objetar su origen espurio, que se agrava si se considera que proceden de una actividad cuya Ley expresa la matriz de expropiación. Muchos son los fondos, recursos y bienes que esas empresas deberían devolver al saqueado patrimonio público".El Consejo Directivo también instó al Consejo Interuniversitario Nacional "a reclamar a los Legisladores Nacionales la defensa del patrimonio poniéndolo a resguardo de la subordinación a intereses corporativos. Así mismo, y en el ámbito provincial, estimó imprescindible que el Consejo Superior de la UNER convoque a los Legisladores Nacionales entrerrianos y les reclame una intervención urgente y categórica respecto del tema"."Nosotros vamos a conversar con los legisladores de nuestro departamento y la Uner con los representantes nacionales porque son ellos los que deben cambiar la ley", dijo Melchiori.
Corfield acotó a Radio Cero que el Consejo Directivo de la Facultad de Bromatología se manifestó por "rechazar y denunciar toda actividad productiva que lesione los derechos y la salud de nuestra población y exigir a las autoridades el control exhaustivo de las actividades en lo ambiental y que exijan a las empresas y al propio Estado producción limpia; exigir a las autoridades hacer cumplir las leyes de nuestro país a todas las empresas (ya sean impositivas, aduaneras, laborales, etcétera); aceptar estos fondos como parte de la devolución de nuestros recursos saqueados, exigiendo que sean devueltos a sus legítimos dueños".La postura de la Facultad de Bromatología, fue llevada por la Decana junto a los Consejeros -un Docente y un Alumno- al Consejo Superior de la UNER al momento de discutir sobre los fondos mineros.
Por Rubén Skubij"La decisión, tomada por mayoría, fue la aceptación de los fondos, como parte de la devolución del patrimonio saqueado a la nación exigiendo que sean devueltos a sus legítimos dueños. En tal sentido, el Cuerpo emitió un documento donde argumenta la resolución", manifestó a Radio Cero la decana de dicha Casa, Lic. María Clara Melchiori.Dijo que el documento emitido por el Consejo Directivo de la Facultad de Bromatología fue entregado al momento del tratamiento al Rector de la UNER, Eduardo Asueta, y al Consejo Superior de la Universidad "para que sea incorporado en la Comisión ad hoc, creada para el estudio de la situación suscitada a raíz de lo resuelto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acerca de la distribución de los fondos de YMAD".Aclaró que la nota "que no tuvo la adhesión por todos los consejeros directivos de la Facultad, manifiesta que la empresa Minera Alumbrera, que explota los mencionados yacimientos, fue demandada civilmente por contaminación del río Vis - Vis, en Andalgalá, Catamarca".En tanto, Isabel Corfield vice decana de la Facultad, señaló que la presentación judicial "incluye una serie de estudios científicos que demostrarían el incremento de elementos nocivos en las aguas del río a raíz de las filtraciones en el dique de cola, cuyos peligrosos residuos drenarían hacia la cuenca del Vis-Vis y producirían un daño irreparable para el ecosistema de la zona".Recordó que el vicepresidente de la firma, Julián Rooney, "ha sido procesado por el delito de contaminación ambiental en la provincia de Tucumán. Tampoco deja de indicar que la empresa está acusada de presunto contrabando en el puerto exportador privado de La Alumbrera en San Lorenzo, provincia de Santa Fe".Ambas integrantes de la Casa de Altos Estudios aclararon que "el Consejo Directivo considera que la Universidad Nacional no se corrompe por el hecho de recibir estos fondos. Que se corrompe si ellos la amordazan o acallan. Y sostiene que debe guardarse un gran cuidado al aludir a esas expresiones. No en vano, las políticas privatizadoras y desnacionalizadoras de la década pasada fueron precedidas de una eficaz campaña de desprestigio de todo lo público que sostenía que las empresas públicas eran corruptas y deficitarias, por lo que había que privatizarlas; lo mismo con la educación y la salud pública, objeto ambas del desfinanciamiento y el desprestigio".Cabe destacar que el Consejo Directivo sostuvo que "la contaminación que produce la empresa, el daño al ambiente, el perjuicio al fisco, las condiciones de trabajo que la empresa impone a sus trabajadores, y que han sido recurrentemente denunciadas por organizaciones sindicales y miembros de distintas organizaciones civiles, no hacen otra cosa que poner de manifiesto la inobservancia del Estado respecto de sus deberes".Además, el Cuerpo se pronunció por aceptar los fondos en cuestión "a sabiendas de que constituyen recursos genuinos que han sido expropiados al patrimonio de nuestra Nación. No por ello deja de objetar su origen espurio, que se agrava si se considera que proceden de una actividad cuya Ley expresa la matriz de expropiación. Muchos son los fondos, recursos y bienes que esas empresas deberían devolver al saqueado patrimonio público".El Consejo Directivo también instó al Consejo Interuniversitario Nacional "a reclamar a los Legisladores Nacionales la defensa del patrimonio poniéndolo a resguardo de la subordinación a intereses corporativos. Así mismo, y en el ámbito provincial, estimó imprescindible que el Consejo Superior de la UNER convoque a los Legisladores Nacionales entrerrianos y les reclame una intervención urgente y categórica respecto del tema"."Nosotros vamos a conversar con los legisladores de nuestro departamento y la Uner con los representantes nacionales porque son ellos los que deben cambiar la ley", dijo Melchiori.
Corfield acotó a Radio Cero que el Consejo Directivo de la Facultad de Bromatología se manifestó por "rechazar y denunciar toda actividad productiva que lesione los derechos y la salud de nuestra población y exigir a las autoridades el control exhaustivo de las actividades en lo ambiental y que exijan a las empresas y al propio Estado producción limpia; exigir a las autoridades hacer cumplir las leyes de nuestro país a todas las empresas (ya sean impositivas, aduaneras, laborales, etcétera); aceptar estos fondos como parte de la devolución de nuestros recursos saqueados, exigiendo que sean devueltos a sus legítimos dueños".La postura de la Facultad de Bromatología, fue llevada por la Decana junto a los Consejeros -un Docente y un Alumno- al Consejo Superior de la UNER al momento de discutir sobre los fondos mineros.
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