Ganaderos y frigoríficos del Mercosur rechazaron la imposición unilateral de reglas ambientales de la Unión Europea

A medida que se acerca el 1 de enero de 2025 y crece la amenaza de que la Unión Europea (UE) comience a rechazar el ingreso a sus fronteras de productos agropecuarios de todo el mundo si no pueden demostrar que fueron producidos en campos que no han sido recientemente deforestados, crece la resistencia en los países proveedores contra esta imposición. Ahora ha sido todo el conjunto de asociaciones ganaderas del Mercosur la que reclamó a los gobiernos del bloque sudamericano que “rechacen toda medida impuesta en forma unilateral” desde el viejo continente.

En deliberaciones llevadas a cabo en la ExpoPrado 2024, la principal exposición rural del Uruguay, dirigentes de los cuatro países del Mercosur firmaron una declaración que se suma a otras externalizaciones del creciente malestar entre los productores de soja, ganado o madera de la región que se ven obligados, a raíz de la decisión de los europeos de importar solo commodities y sus derivados de zonas libres de deforestación. En el caso de la Argentina, el reciente portazo de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) a la plataforma VISEC, que buscaba justamente certificar ese aspecto de la producción local exportada a Europa, era el último jalón.

Ahora se suma esta declaración, que además de llevar la firma de CRA y de sus pares ruralistas de la Sociedad Rural Argentina (SRA), involucra nada menos que a el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, la cámara que agrupa a unas veinticinco empresas que concentran el 85% del total de la carne embarcada por la Argentina. Los frigoríficos del Consorcio ABC, además, tiene el control casi total de la Cuota Hilton y de la Cuota 481, que son los cupos arancelarios para exportar carne justamente hacia la UE.

Además firmaron la declaración el Foro Mercosur de la Carne contraria a la aplicación unilateral del Reglamento 1115/23 de la comunidad europea la Asociación de la Industria Frigorífica de Uruguay (ADIFU), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Cámara de la Industria Frigorífica de Uruguay, la Confederação Nacional de Agricultura y Pecuária de Brasil (CNA) y la Federacion Rural del Uruguay (FR).

De todos cuatro países depende buena parte de la oferta de carne vacuna que importa Europa cada año. El viejo continente tiene un consumo aproximado de 6,5 millones de toneladas de carne roja, y todos los años se ve obligado a adquirir en el extranjero unas 350 mil toneladas. Actualmente el Reino Unido (que dejó el bloque) es el principal proveedor, pero luego le siguen Brasil (con unas 86 mil toneladas), la Argentina (64 mil toneladas) y Uruguay (con unas 40 mil toneladas), según datos de 2022.

En su declaración, quienes proveen esa gran cantidad de carne vacuna a Europa dicen de entrada estar de acuerdo con una producción ambientalmente responsable: “Reafirmamos nuestro compromiso en la producción e industrialización sostenible de carne bovina, a partir de la aplicación de buenas prácticas agrícola-ganaderas y de la transformación y la aplicación de tecnología que garantiza la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el cuidado del ambiente”.

Pero de inmediato muestran una “gran preocupación por las exigencias que la Unión Europea está impulsando en forma unilateral en temas ambientales y sociales a países exportadores”, y reclaman que “la UE debe reconocer los marcos normativos de otros países, nuestros sistemas productivos sostenibles, y evitar toda medida que lleve a un mayor proteccionismo en la producción y el comercio en la Agricultura”.

A la vez, el Foro Mercosur de la Carne mostró voluntad de negociar fórmulas consensuadas pero “en base a criterios científicos, que respeten las particularidades y legislaciones locales, además del reconocimiento de principios como responsabilidades comunes pero diferenciadas en factores ambientales según el nivel de desarrollo de cada país”.

“Instamos a nuestros gobiernos y a las autoridades máximas del Mercosur a que rechacen toda medida impuesta en forma unilateral, como el Reg.1115/23 de la UE, sin un debate sólido del tema. Los problemas globales deben resolverse en ámbitos multilaterales. Además, el concepto de sostenibilidad incluye diversos elementos que no están respetados en la normativa de Unión Europea, como la diversidad de cada país, así como, no reconocimiento de las iniciativas locales de innovación ambiental”, termina la declaración.