El límite social al ajuste de tarifas

La administración Macri encuentra serios escollos políticos y sociales para avanzar en una quita de subsidios a los servicios públicos, lo que complica objetivamente la estrategia económica de bajar el déficit fiscal.Esto se echa de ver en la decisión que tomó de revisar la forma en que se incrementarán las tarifas de gas natural domiciliario. El límite se lo pusieron las protestas de los usuarios y las sentencias judiciales en contra.Algunas encuestas revelan que la opinión prevaleciente de la población no es al rechazo liso y llano a la suba tarifaria, siempre y cuando dicho aumento sea "tolerable" para los bolsillos.Para algunos analistas, al menos en el caso del gas, el gobierno no midió adecuadamente el malestar que desatarían los aumentos en sectores medios y altos. Percibido como un "tarifazo" impagable, las autoridades decidieron corregir sus pasos, morigerando el impacto.El episodio, en el fondo, está revelando la dificultad que está teniendo el nuevo gobierno para subsanar el atraso de las tarifas de los servicios públicos, quizá la herencia más pesada que dejó la gestión kirchnerista.Gracias a los millonarios subsidios, gran parte de la población ha gozado de servicios públicos baratos. Han sido la piedra de toque del consumo popular en la última década.La diferencia entre el precio que pagan los usuarios por cada uno de estos servicios (electricidad, gas y agua) y el precio real que se debería cobrar por cada uno, es aportado así por el fisco bajo forma de "subsidio".Este último se trata, pues, de una compensación monetaria que en teoría va a cubrir la brecha respecto al costo de producción (que comprende desde gastos de operación y mantenimiento hasta amortizaciones y costos de capital de inversiones).Dentro del presupuesto nacional, los subsidios figuran dentro del rubro "gastos". Por tanto, tienen una contrapartida fiscal. Es decir, se financian con recaudación o con emisión monetaria.Pero el gasto, de última, no es ilimitado, en un punto choca con la escasez de recursos. Ya en 2011 los números no le cerraban al gobierno kirchnerista: los egresos por este concepto se trocaron en rojo fiscal.En ese contexto, la presidenta Cristina Kirchner insinuó pasar de un esquema de subsidios "indiscriminados" a otro de subsidios "selectivos".Se alegó entonces que no era justo que miles de millones de pesos se destinaran a subsidiar tarifas de franjas de la población que por su poder adquisitivo podían pagarlas.Pero finalmente no se avanzó en la quita de subsidios por el temor a una revuelta social. El gobierno de entonces aceptó aumentar el déficit fiscal, aun a costa de emitir más moneda para cubrirlo, generando así mayor inflación.El gobierno de Macri se halla, precisamente, en este brete: para bajar la inflación, necesita bajar la emisión monetaria, pero esto solo es posible reduciendo el déficit fiscal.En este contexto, en estos meses se puso a disminuir el déficit del Estado mediante la baja gradual de los subsidios. Pero la estrategia choca con los hábitos de consumo de una población que se resiste a pagar mayores costos.El gobierno de Macri alega que por las malas políticas energéticas el país se quedó sin gas, que básicamente se importa. Y que por tanto los usuarios tienen que aportar bastante más si lo quieren, y al mismo tiempo hacer ahorro doméstico.Según los estudios técnicos, los argentinos pagan hoy menos de un tercio de lo que cuesta la energía eléctrica. Si el Estado no pusiera la diferencia, las facturas por ese servicio se irían a las nubes.