El Estado denunció la usurpación de 5000 hectáreas en el departamento Gualeguay
Miles de hectáreas del Estado entrerriano están ocupadas pero no se paga por ellas. Aunque parezca increíble y llame la atención, la provincia y cada uno de los ciudadanos se ven perjudicados. Es una situación que lleva muchos años y poco se había hecho. Pero hubo un cambio.
Por Rubén Skubij"La provincia formuló una denuncia penal contra un particular que ocupa casi 5.000 hectáreas de tierras fiscales en las islas Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay, en el marco de una iniciativa que apunta a recuperar la posesión total de las 190 mil hectáreas ubicadas en la zona del Delta, de las cuales 100 mil han sido apropiadas irregularmente", dio cuenta el Cronista Digital.La presentación se realizó el viernes de la semana anterior ante el titular de la Fiscalía N° 2, de Gualeguay, Darío Crespo, y apunta contra Héctor Oscar Biassoti, domiciliado en la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires, a quien se acusa de haber "usurpado distintos inmuebles pertenecientes al dominio público del Estado provincial". Se destacó allí que el delito denunciado "es permanente", que no prescribe aún con el tiempo transcurrido desde la ocupación de los predios.La denuncia se apoya en la imposibilidad de enajenación de esas tierras de dominio público, al sostener que "los bienes públicos están fuera del comercio, y no pueden enajenarse sin previa licencia o autorización. Sin embargo, pueden ser dados en arrendamiento o percibir algún tipo de prestación para su uso, y ello no obstará a su carácter de bien o cosa integrante del dominio público".El responsable de concretar la presentación fue el Dr. Julio Federik, contratado por el gobierno provincial a través de la Fiscalía de Estado a cargo del Dr. Julio Rodríguez Signes.El abogado contó a Radio Cero que "esta historia tiene varios capítulos y bibliotecas porque las islas de dominio público de la provincia a través de los años han sido ocupadas, algunas con la autorización del Estado y otras sin ello".Las autorizadas mediante modalidades contractuales que establecía el propio Estado "después se revirtieron y la gente entendió que podía realizar un juicio de usucapión que es una manera de apropiarse".-¿Cuál es la tarea que Ud. emprenderá?La provincia tomó la decisión a través de la Fiscalía de Estado de revertir esta cuestión; no he estado antes pero lo tengo claro y es que no había una política concreta de ejercicio de todas las atribuciones del Estado respecto de esto. La Fiscalía me contrató, no actúo como funcionario público sino como un abogado de la matrícula y estoy iniciado las acciones correspondientes.- ¿El problema está radicado en Las Lechiguanas?Es así. No quiero hablar de nombres en particular, se trata de islas que son del dominio público de acuerdo a la legislación de fondo, que en este momento están ocupadas.Es todo una situación compleja, estuvo también el escribano Mayor de la provincia haciendo constataciones e intimaciones. Ahora directamente hemos ido a la Justicia Penal.- El Estado reclama lisa y llanamente la devolución.En primer lugar, lo que pretendemos es que las tierras vuelvan a la posesión del Estado provincial. Después, si las entrega en arrendamiento, hace una concesión de uso o lo que fuere es otra cosa. El propósito de mi acción es restituir al Estado todas las islas que están usurpadas y todo lo que sea un bien de dominio de la provincia; en la medida que la Fiscalía de Estado me lo señale voy a actuar.
"Son lugares inalienables"
La ocupación de tierras sin que el Estado reciba un peso es más que importante, a la vez preocupante. "Esto no puede seguir ocurriendo porque nos perjudicamos cada uno de los entrerrianos. Estamos hablando de dominio público".Aclaró que "no es un bien donde tiene instalado una oficina, o un terreno comprado para hacer una comisaría u hospital. Estas islas son tan de dominio público como la plaza que tienen los gualeguaychuenses. Son lugares inalienables, imprescriptibles y del Estado provincial".- ¿El paso del tiempo no perjudica al Estado?En materia de usurpación no hay prescripción. El hecho de que alguien se meta dentro de un bien y esté usurpándolo, y los años pasan, no le da derecho.Cuando se actúa frente a una usurpación nos encontramos con un delito que se está cometiendo, no afecta a ley penal.- El denunciado firmó un contrato por 12 meses con el Instituto Provincial de Transformaciones y Colonización Agraria de Entre Ríos pero después se quedó.Se llama una intervención del título, se cambia el que usted está poseyendo para poseerlo a nombre propio. El poseía a nombre de la provincia y después decidió poseerlo a su nombre, entonces se convierte en una situación diferente.En algunas islas hubo ocupación clandestina, en otras nada mientras que un tercer sector se otorgó en concesión con plazos. Pero después que terminó el plazo con el pago de un canon, se quedan.Hay muchos casos como éstos. Estamos organizándolos porque se habla de 100 mil hectáreas, la cifra es algo apabullante. La Dirección de Tierras me está haciendo llegar la información respecto de cada uno y a partir de ahí estudiamos y formalizamos las presentaciones.- El perjuicio económico deriva en una estafa al Estado.Desde luego, tienen que pagar un arrendamiento al Estado y el éste con ese dinero hacer lo que corresponde de acuerdo al presupuesto general.Esta cuestión es hasta ridícula, hablamos de 100 mil hectáreas que estén en manos de personas que no tienen por qué tenerlas. Por eso nos presentamos en la Fiscalía de Gualeguay cuyos tribunales tienen jurisdicción sobre las islas que reclamamos. El fiscal tiene que hacer el requerimiento de instrucción, luego nos vamos a constituir como querellantes y llevar adelante toda la acción que corresponda.- ¿Es una acción rápida?Pero hay una disposición nueva en el Código de Procedimientos; en los casos de usurpación y cuando aparece verosímil la posesión de la persona a quien le han usurpado su campo, casa o inmueble, el juez puede disponer la restitución inmediata del bien sin necesidad de la tramitación total de la causa.Se establecen las garantías suficientes para que en caso de ser injusta la presentación de quien se siente usurpado, sea resarcida. La provincia de Entre Ríos tiene suficiente espalda como para afianzar un pedido de esta naturaleza.-¿Qué actividad despliega el denunciado en las islas?Tenemos información de que están siendo ocupadas por distintas personas que han sido mandadas por él. No sabemos a título de qué, si a su vez están subarrendadas o en definitiva qué contratos tienen para alojar a cientos de animales. Lo que sí sabemos es que la isla no le pertenece.
Más presentaciones
Federik anticipó que en la semana que comienza regresará a Gualeguay para realizar una segunda denuncia, "después tenemos varias en el departamento Victoria". La documentación es provista por la Dirección de Tierras que lleva a cabo la tarea de control.En tanto, dijo que el Estado "una vez recuperada las islas puede disponer una concesión rápida siempre y cuando el interesado cumpla con los recaudos. Y con el título a nombre del Estado, que es nuestro objetivo porque estas islas son de los entrerrianos".
Siete lotes en discusión
Sobre Héctor Oscar Biasotti recayó la denuncia formulada por el Estado, con domiciliado en Ramallo, provincia de Buenos.El escrito de Federik, de ocho páginas, detalla la ocupación irregular de siete lotes en "Las Lechiguanas"; son los lotes N° 1 y N° 2, de 1.155 y 1.154 hectáreas, ocupados por Biassoti en 1999 a partir de un contrato de pastoreo que firmó con el Instituto Provincial de Transformación y Colonización Agraria de Entre Ríos (Iptycaer) por un plazo de 12 meses. "Vencido el cual, se mantuvo ilegítimamente en el inmueble", señala el escrito judicial.El lote N° 3, de 482 hectáreas, fue ocupado con carácter de "clandestinidad"; lo mismo ocurrió con el Lote N° 4, de 570 hectáreas; el Lote N° 5, de 517 hectáreas; el Lote N° 7, de 229 hectáreas; y el Lote N° 9, de 588 hectáreas. "Biassoti ingresó al citado inmueble de manera oculta respecto del titular del bien jurídico protegido, facilitándose ello por las características propias del inmueble", amplía la presentación del abogado.El Dr. Rodríguez Signes adelantó, meses atrás a Radio Cero, que iba a tomar "cartas en el asunto sobre las islas de la provincia. Hicimos un paneo desde el aire y hay actividad por lo que vamos a investigar si son correctas o irregulares".Cabe acotar que el Estado posee 190 mil hectáreas en la zona del Delta distribuidas de la siguiente manera: 1.200 hectáreas en Diamante, 132 mil en Victoria, 45 mil en Gualeguay, 7500 en Islas, 1800 en La Paz, 1000 en Paraná y 1500 en el departamento Uruguay."Según la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, hay 50.507 apropiadas por particulares en el departamento Victoria"; en el departamento Gualeguay, "de dominio público son 45 mil hectáreas, aunque los privados se han apropiado, por un extraño mecanismo, de un volumen mayor, 58.500 hectáreas" amplió el Cronista Digital.
Por Rubén Skubij"La provincia formuló una denuncia penal contra un particular que ocupa casi 5.000 hectáreas de tierras fiscales en las islas Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay, en el marco de una iniciativa que apunta a recuperar la posesión total de las 190 mil hectáreas ubicadas en la zona del Delta, de las cuales 100 mil han sido apropiadas irregularmente", dio cuenta el Cronista Digital.La presentación se realizó el viernes de la semana anterior ante el titular de la Fiscalía N° 2, de Gualeguay, Darío Crespo, y apunta contra Héctor Oscar Biassoti, domiciliado en la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires, a quien se acusa de haber "usurpado distintos inmuebles pertenecientes al dominio público del Estado provincial". Se destacó allí que el delito denunciado "es permanente", que no prescribe aún con el tiempo transcurrido desde la ocupación de los predios.La denuncia se apoya en la imposibilidad de enajenación de esas tierras de dominio público, al sostener que "los bienes públicos están fuera del comercio, y no pueden enajenarse sin previa licencia o autorización. Sin embargo, pueden ser dados en arrendamiento o percibir algún tipo de prestación para su uso, y ello no obstará a su carácter de bien o cosa integrante del dominio público".El responsable de concretar la presentación fue el Dr. Julio Federik, contratado por el gobierno provincial a través de la Fiscalía de Estado a cargo del Dr. Julio Rodríguez Signes.El abogado contó a Radio Cero que "esta historia tiene varios capítulos y bibliotecas porque las islas de dominio público de la provincia a través de los años han sido ocupadas, algunas con la autorización del Estado y otras sin ello".Las autorizadas mediante modalidades contractuales que establecía el propio Estado "después se revirtieron y la gente entendió que podía realizar un juicio de usucapión que es una manera de apropiarse".-¿Cuál es la tarea que Ud. emprenderá?La provincia tomó la decisión a través de la Fiscalía de Estado de revertir esta cuestión; no he estado antes pero lo tengo claro y es que no había una política concreta de ejercicio de todas las atribuciones del Estado respecto de esto. La Fiscalía me contrató, no actúo como funcionario público sino como un abogado de la matrícula y estoy iniciado las acciones correspondientes.- ¿El problema está radicado en Las Lechiguanas?Es así. No quiero hablar de nombres en particular, se trata de islas que son del dominio público de acuerdo a la legislación de fondo, que en este momento están ocupadas.Es todo una situación compleja, estuvo también el escribano Mayor de la provincia haciendo constataciones e intimaciones. Ahora directamente hemos ido a la Justicia Penal.- El Estado reclama lisa y llanamente la devolución.En primer lugar, lo que pretendemos es que las tierras vuelvan a la posesión del Estado provincial. Después, si las entrega en arrendamiento, hace una concesión de uso o lo que fuere es otra cosa. El propósito de mi acción es restituir al Estado todas las islas que están usurpadas y todo lo que sea un bien de dominio de la provincia; en la medida que la Fiscalía de Estado me lo señale voy a actuar.
"Son lugares inalienables"
La ocupación de tierras sin que el Estado reciba un peso es más que importante, a la vez preocupante. "Esto no puede seguir ocurriendo porque nos perjudicamos cada uno de los entrerrianos. Estamos hablando de dominio público".Aclaró que "no es un bien donde tiene instalado una oficina, o un terreno comprado para hacer una comisaría u hospital. Estas islas son tan de dominio público como la plaza que tienen los gualeguaychuenses. Son lugares inalienables, imprescriptibles y del Estado provincial".- ¿El paso del tiempo no perjudica al Estado?En materia de usurpación no hay prescripción. El hecho de que alguien se meta dentro de un bien y esté usurpándolo, y los años pasan, no le da derecho.Cuando se actúa frente a una usurpación nos encontramos con un delito que se está cometiendo, no afecta a ley penal.- El denunciado firmó un contrato por 12 meses con el Instituto Provincial de Transformaciones y Colonización Agraria de Entre Ríos pero después se quedó.Se llama una intervención del título, se cambia el que usted está poseyendo para poseerlo a nombre propio. El poseía a nombre de la provincia y después decidió poseerlo a su nombre, entonces se convierte en una situación diferente.En algunas islas hubo ocupación clandestina, en otras nada mientras que un tercer sector se otorgó en concesión con plazos. Pero después que terminó el plazo con el pago de un canon, se quedan.Hay muchos casos como éstos. Estamos organizándolos porque se habla de 100 mil hectáreas, la cifra es algo apabullante. La Dirección de Tierras me está haciendo llegar la información respecto de cada uno y a partir de ahí estudiamos y formalizamos las presentaciones.- El perjuicio económico deriva en una estafa al Estado.Desde luego, tienen que pagar un arrendamiento al Estado y el éste con ese dinero hacer lo que corresponde de acuerdo al presupuesto general.Esta cuestión es hasta ridícula, hablamos de 100 mil hectáreas que estén en manos de personas que no tienen por qué tenerlas. Por eso nos presentamos en la Fiscalía de Gualeguay cuyos tribunales tienen jurisdicción sobre las islas que reclamamos. El fiscal tiene que hacer el requerimiento de instrucción, luego nos vamos a constituir como querellantes y llevar adelante toda la acción que corresponda.- ¿Es una acción rápida?Pero hay una disposición nueva en el Código de Procedimientos; en los casos de usurpación y cuando aparece verosímil la posesión de la persona a quien le han usurpado su campo, casa o inmueble, el juez puede disponer la restitución inmediata del bien sin necesidad de la tramitación total de la causa.Se establecen las garantías suficientes para que en caso de ser injusta la presentación de quien se siente usurpado, sea resarcida. La provincia de Entre Ríos tiene suficiente espalda como para afianzar un pedido de esta naturaleza.-¿Qué actividad despliega el denunciado en las islas?Tenemos información de que están siendo ocupadas por distintas personas que han sido mandadas por él. No sabemos a título de qué, si a su vez están subarrendadas o en definitiva qué contratos tienen para alojar a cientos de animales. Lo que sí sabemos es que la isla no le pertenece.
Más presentaciones
Federik anticipó que en la semana que comienza regresará a Gualeguay para realizar una segunda denuncia, "después tenemos varias en el departamento Victoria". La documentación es provista por la Dirección de Tierras que lleva a cabo la tarea de control.En tanto, dijo que el Estado "una vez recuperada las islas puede disponer una concesión rápida siempre y cuando el interesado cumpla con los recaudos. Y con el título a nombre del Estado, que es nuestro objetivo porque estas islas son de los entrerrianos".
Siete lotes en discusión
Sobre Héctor Oscar Biasotti recayó la denuncia formulada por el Estado, con domiciliado en Ramallo, provincia de Buenos.El escrito de Federik, de ocho páginas, detalla la ocupación irregular de siete lotes en "Las Lechiguanas"; son los lotes N° 1 y N° 2, de 1.155 y 1.154 hectáreas, ocupados por Biassoti en 1999 a partir de un contrato de pastoreo que firmó con el Instituto Provincial de Transformación y Colonización Agraria de Entre Ríos (Iptycaer) por un plazo de 12 meses. "Vencido el cual, se mantuvo ilegítimamente en el inmueble", señala el escrito judicial.El lote N° 3, de 482 hectáreas, fue ocupado con carácter de "clandestinidad"; lo mismo ocurrió con el Lote N° 4, de 570 hectáreas; el Lote N° 5, de 517 hectáreas; el Lote N° 7, de 229 hectáreas; y el Lote N° 9, de 588 hectáreas. "Biassoti ingresó al citado inmueble de manera oculta respecto del titular del bien jurídico protegido, facilitándose ello por las características propias del inmueble", amplía la presentación del abogado.El Dr. Rodríguez Signes adelantó, meses atrás a Radio Cero, que iba a tomar "cartas en el asunto sobre las islas de la provincia. Hicimos un paneo desde el aire y hay actividad por lo que vamos a investigar si son correctas o irregulares".Cabe acotar que el Estado posee 190 mil hectáreas en la zona del Delta distribuidas de la siguiente manera: 1.200 hectáreas en Diamante, 132 mil en Victoria, 45 mil en Gualeguay, 7500 en Islas, 1800 en La Paz, 1000 en Paraná y 1500 en el departamento Uruguay."Según la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, hay 50.507 apropiadas por particulares en el departamento Victoria"; en el departamento Gualeguay, "de dominio público son 45 mil hectáreas, aunque los privados se han apropiado, por un extraño mecanismo, de un volumen mayor, 58.500 hectáreas" amplió el Cronista Digital.
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