Una matriz heredada, donde el cambio no llega

Ya superamos el nivel de asombro, el informe del Tribunal de Cuentas sobre el Concejo General de Educación (CGE) parece una noticia más al lado de los bolsones, valijas y cajas fuertes con millones de dólares.José Luis RegaladoLa línea entre lo  bueno y lo malo se perdió, la amoralidad ya no tiene límites, la magnitud de los desvíos de fondos destinados a la educación y la salud, no tiene parangón en nuestra historia, sin recordar lo acontecido en el PAMI, despojando a nuestros mayores de fondos tan necesarios, ni que hablar del plan QUNITA. Por eso hoy el informe sobre el Tribunal de Cuentas en el CGE parece algo muy pequeño, pero la gravedad que reviste en nuestra provincia es muy importante. El nivel de encubrimiento de quienes tienen la responsabilidad por estas personas, que aún hoy siguen en funciones, nos lleva a pensar que forman una sociedad con fines de lucro mal habida (llámese banda y no sinfónica). Una matriz heredada, donde el cambio no llega, parece sólo un copete más, pero no es así. En una dependencia como la Departamental de Escuelas en Islas del Ibicuy  se originó una deuda de más de dos millones de pesos, sólo en combustible. Lo que voy a decir no es nuevo, esto esta denunciado en los medios de hace años por el gremio docente cuando éste no respondía a la CTA de Yasky, como hoy. Desde esta entidad gubernamental de Educación en el Departamento Islas, se podría decir que se contrataban embarcaciones no habilitadas para transporte escolar por la constante rotura de las lanchas de chapa, cosa de extrema gravedad, pues no contaban con los seguros correspondientes, ni la habilitación de Prefectura, por lo tanto no figuraban como tales en la prestación del servicio. La gravedad es que esta forma de contrato, que sería encubierto y no se desconoce en el ámbito educativo, no permitiría el pago oficial de este servicio, con lo que este Ente gubernamental realizaba el pago  con vales de combustible, en una clara malversación de fondos, ya que administración publica impide realizar esta operación, y de constatarse sería un delito dentro. Esto ocasionó una abultada deuda que hoy la sufren los proveedores. Los responsables de esto aún están en funciones, al igual que los políticos que los nombraron y hoy los sostienen en el cargo.  ¿Qué impide a este poder político actuar y caer sobre los responsables?  ¿Existen intereses que no posibilitarían esto? El transporte escolar en la provincia de Entre Ríos  y principalmente en este Departamento está siendo privatizado en forma encubierta, perdiéndose fuentes de trabajo, con lanchas contratadas y servicios de tierra que eran suministrados por el Estado entrerriano y hoy está en manos de privados, que pocas veces cumplen con la paritaria de transporte. Desde el CGE habría que investigar estos servicios y cómo se accede a ellos.  No es fácil, pero se puede atacar esta matriz heredada del Kichnerismo que tenía bien aceitado y seguramente se estaría aún hoy poniendo  en práctica,  como es el de los testaferros. No debemos olvidar a los responsables de que esto suceda, los políticos que a dedo ubican en cargos, que por la Constitución entrerriana deben concursarse, pero por conveniencia  aún no se trata su reglamentación. Sacarle a un senador el poder de nombrar personas en cargos provinciales sería gravísimo, sólo les quedaría legislar, para lo que fueron elegidos. Pero hoy  persiguen no sabemos qué intereses, además de nombrar  sin ninguna vergüenza a dedo, personal auxiliar en Educación y Salud, para luego pretender una respuesta electoral por presión de los mismos. Seguramente son muchos los que no lo hacen, pero son varios lo que usan esta matriz heredada. Estos son los principales responsables que hoy estemos sufriendo la incompetencia de quienes deberían responder con su patrimonio estos malos manejos,  por llamarlo de una manera.