Un proyecto crea un impuesto especial del 30% para los inmuebles ociosos: “La propiedad privada no es absoluta”

Por Luciano Peralta 

“Nosotros llevamos 38 años de inmobiliaria y es el momento que menos alquileres ha habido en el mercado. Debido, fundamentalmente, a que no hay rentabilidad en el alquiler, entonces no existe interés por parte de los propietarios en alquilar. Es así que la gente opta por poner en venta su inmueble”, decía Luis Cappelletti, de Cappelletti Propiedades, en noviembre. Hoy la situación es igual o peor. 

La crisis habitacional, uno de los grandes problemas estructurales del país, se agudiza en una macroeconomía desquiciada que tiene en la inflación al mayor factor de pérdida de poder adquisitivo para las grandes mayorías. Al drama de la pulverización de los ingresos se le suma el de la falta de acceso a la vivienda. Comprar una casa es casi una fantasía para buena parte de las clases medias, y ni hablar de los sectores populares.

Pero esa no es la novedad, hace muchos años que el acceso al crédito o a planes de gobierno son las únicas maneras de llegar a ese derecho tan fundamental para la dignidad de las personas, como lo es el techo. Hoy, sin créditos y con muy pocos planes estatales, la mala nueva es que hasta el acceso a un alquiler está restringido, con las consecuencias que esto trae. 

En este sentido, y con la intención de que “por lo menos se hable del tema”, es que el diputado provincial Néstor Loggio (PJ) presentó u proyecto de ley que pretende estimular la oferta de alquileres generando una carga impositiva adicional del 30 % en los inmuebles sin uso, que no se alquilan ni se venden. 

“Esto surge de la necesidad de inquilinos y grupos de inquilinos de distintos lugares de la provincia con quienes vengo teniendo contacto hace tiempo. Siempre me plantearon las dificultades que tienen en el acceso a la vivienda. Conozco el tema, existe escases de oferta, lo que genera, como en cualquier mercado, el aumento generalizado de los precios. Hay muchas viviendas y edificios ociosos, y esto pasa porque se paga la construcción, los materiales y la mano de obra en pesos y se vende el inmueble en dólares”, apuntó, en diálogo con Ahora ElDía, Loggio. Quien, además, aclaró que la iniciativa fue creada pensando en los grandes desarrollos inmobiliarios, como la construcción de edificios en altura. 

“Es una transformación de pesos a dólares de manera indirecta, un ahorro en moneda dura a partir del mercado de la construcción. Yo con esto no hago cargo de nada a nadie, son las reglas de juego, pero como Estado no podemos mirar impávidos como esto ocurre. Es sorprendente como en lugares tan disímiles, como Montevideo, Brasil, Bogotá, Alemania, Francia o el Reino Unido, el Estado utiliza las herramientas fiscales para castigar o premiar”, ejemplificó el diputado oficialista. Y aclaró que, si bien el problema de los alquileres existe en los 17 departamentos de Entre Ríos, “el tema de las viviendas ociosas está en los más grandes, donde hay importantes desarrollos inmobiliarios y esas viviendas ociosas no se ponen al servicio del mercado inmobiliario”.

Si bien en la provincia no existe una ley que regule las viviendas ociosas, sí se aplican sobretasas a los terrenos considerados ociosos, como también sucede en Gualeguaychú. “La idea es aplicar esta herramienta a la cuarta vivienda: la primera es en la que vivo, la segunda puede ser una casa de fin de semana, la tercera puede ser mi lugar de trabajo, y a partir de la cuarta vivienda de mi propiedad debo demostrarle al fisco que la tengo en oferta. Si la tengo ociosa, como resguardo de ahorro en dólares, deberé contribuir más”. 

Por otro lado, desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos cuestionaron la iniciativa porque “va a generar más contracción de las que hay en el mercado”, según criticó su presidenta, María Paula Armandola.

“Es un proyecto que surge de un diagnóstico con el que coincidimos, hay un déficit habitacional en Argentina que es histórico y lo tenemos hace más de cien años, no es nada nuevo. Pero pensamos que, ante una situación crítica estructural, como esta, lo mejor es aplicar políticas que incentiven la producción de oferta. Y tememos que este proyecto genere lo contrario, la contracción de la oferta”, dijo, en diálogo con Ahora ElDía.  

“Necesitamos trabajar en políticas de corto, mediano y largo plazo para tener realmente una política habitacional inclusiva, que dure en el tiempo. Las de largo plazo son las políticas de construcción de esas viviendas, para que a los privados les sirva poner su dinero ahí, porque es rentable y porque es seguro”, apuntó. Y, respecto a la realidad de las viviendas ociosas en la provincia, dijo que “generalmente en las ciudades entrerrianas las viviendas que están ociosas tienen problemas de sucesiones o problemas por el estilo, algo hay siempre detrás de una vivienda ociosa”.

“No es como en Buenos Aires, por ejemplo, que se construye para que la propiedad se valore y luego venderla en dólares. No somos tan poderosos como para poder hacer eso, no hay tanto capital en el mercado. Si se activa sobre eso no se respeta la propiedad privada, porque esa vivienda sigue pagando impuestos”, concluyó. 

A este respecto, el diputado peronista se refirió a “la función social de la propiedad”. Ya que “yo me eduqué en un cuerpo de ideas en el que entendí siempre que vivimos en un mundo capitalista, pero también la sociedad debe cumplir una función social. La propiedad privada no es absoluta”.

“Desde el punto de vista de los corredores inmobiliarios está bien lo que plantean, porque ellos defienden intereses sectoriales, no soy ajeno a ese planteo, cómo no lo voy a entender. Pero yo soy legislador y tengo que escuchar a las dos partes: a los dueños del negocio y a quienes necesitan alquilar para poder vivir. Nadie discute la propiedad privada, pero la propiedad privada no es infinita, está regida por un contexto establecido por la constitución y las normas, nacionales y provinciales”, agregó Loggio. 

El proyecto y los fondos recaudados

La iniciativa legislativa, que, según se ocupó de aclarar el legislador concordiense, es una iniciativa individual que, inclusive, no fue consensuada por la totalidad de su bloque, incorpora al Artículo Nº 139 del Código Fiscal de Entre Ríos el inciso d), que contendrá la siguiente disposición: “d) Plantas 2 y 3 (Inmuebles Urbanos Edificados – Casas y Edificados Horizontal): 30 % sobre el impuesto determinado para aquel inmueble considerado ‘inmueble ocioso’ por no cumplir la condición comprobada de estar ocupado como vivienda familiar, actividad productiva o rentista, o cedida en uso u ocupación a una organización sin fines de lucro reconocida legalmente”. 

El artículo 4º del proyecto, en tanto, determina que “la totalidad de los recursos que sean recaudados por la aplicación de este adicional será para el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que deberá destinarlos íntegramente a programas de promoción del acceso al suelo para vivienda, mejoramiento y promoción del hábitat, construcción, autoconstrucción, ampliación o refacción de viviendas”.