Un juez destituido por violento, otro jubilado exprés y la aplicación de la nueva Ley de Paridad Integral

Por Luciano Peralta Hace algunas semanas, el jurado de enjuiciamiento, constituido por funcionarios judiciales, legisladores y representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, destituyó al Juez de Paz de Gualeguay Sebastián Salem. Si bien la noticia no tuvo la repercusión que debería haber tenido (sólo este aspecto merecería un análisis propio), lo cierto es que el magistrado juzgado será recordado, en los archivos periodísticos y en los de la memoria, como el primer juez de Entre Ríos en ser expulsado de su cargo por ejercer violencia de género. Algunos días después, el controvertido vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y ex jefe de bloque del justicialismo en la Cámara de Diputados, Emilio Castrillón, fue jubilado en tiempo récord, y de esa manera evitó el juicio político en su contra por una denuncia de violencia de género, entre otras acusaciones que se le hicieron. Ambos sucesos dejan mucha tela que cortar respecto a los privilegios del poder y, sobre todo, y esto es lo más novedoso, respecto al cambio de paradigma sobre las cuestiones de género que hoy interpelan a ese poder. En este sentido, desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (no se llama más Colegio de Abogados, un detalle) se pidió públicamente que la vacante en el STJ sea cubierta por una mujer, “para garantizar la igualdad y empezar a equilibrar la representación de géneros en la justicia”. El pedido, que nació del Instituto de las Mujeres, Géneros y Disidencias de la institución colegiada, también incluyó que la mujer elegida (por el Gobernador con acuerdo de la Cámara de Senadores) acredite formación en perspectiva de género. Esta postura está en línea con algunos cambios interesantes que se vienen dando en el Colegio de la Abogacía, como la incorporación de la capacitación sobre la Ley Micaela a todas aquellas personas que ingresen a la institución. En este sentido, la abogada María Marta Simón, quien conforma el instituto, explicó que “si bien no somos parte de los poderes del Estado, como establece la ley, sí somos administradores de justicia; somos quienes viabilizamos un reclamo ante la Justicia, y si ese reclamo no contempla la perspectiva de género muchas veces se hace inviable la aplicación de esa perspectiva de género por parte de un juez”. “Nuestro derecho está cruzado por la desigualdad de género. Hasta hace no tanto, el Código Penal entendía a una violación como un delito contra el honor de la mujer, y no contra su integridad sexual. Así, en todas las ramas del derecho. La mujer era incapaz de derecho, y no hace muchísimo de esto, hace poco”, cuestionó. Respecto a la postura del Colegio de la Abogacía ante la vacante generada por la jubilación del paceño Emilio Castrillón, dijo que “de lo que se trata ahora es de la aplicación de la Ley 10.844, de Paridad Integral”. Entonces, “una vez creada la vacante hay que nombrar a una mujer para apuntar a esa paridad en el órgano más importante del Poder Judicial”. “Quien ocupe ese cargo puede ser una abogada o una magistrada. A nosotros, como colegio, nos gustaría que fuera una abogada que esté en el ejercicio activo de la profesión. Porque pude ser alguien de la política, que no esté en el ejercicio activo de la profesión, lo que le resta mucho a lo que tiene que ser el servicio de justicia”, consideró, en línea con lo que generalmente expresa el colegio cada vez que se abre un cupo en la corte provincial. "A nosotros, como colegio, nos gustaría que fuera una abogada que esté en el ejercicio activo de la profesión" El STJ está compuesto por nueve integrantes. Ahora, eventualmente, son ocho: con la salida del autor de la “Ley Castrillón”, que regula el sistema electoral en la provincia, quedaron seis varones y dos mujeres. Por lo que, en el marco de la ley, la remplazante debería ser una mujer. “Existe cierta resistencia por parte de algunos varones respecto a la pérdida de privilegios. Creo, también, que hay mucha desinformación al respecto. Cuando de cubrir un cargo se trata, enseguida se sale con el discurso de las capacidades o las aptitudes de las mujeres. Tenemos excelentes profesionales. Y en general, esto te lo digo a nivel personal, las mujeres suelen estar más preparadas que los varones con los cuales compite por determinados cargos. Esto se puede ver bien en las mujeres que llegan a ser candidatas a diputadas, a senadoras, por lo general son mujeres muy preparadas”, remarcó Simón. Paridad: obligatoriedad y principio Antes de la jubilación exprés de Emilio Castrillón, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos había avanzado con el pedido de juicio político realizado por el periodista Daniel Tirso Fiorotto. Para entender el rol de los legisladores en estos casos, resulta pertinente un ejemplo. El antecedente más claro y cercano es el de Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak, en 2017. En ese momento, la Cámara Baja hizo lugar a la denuncia porque encontró elementos para acusar al entonces integrante de la Sala Penal del STJ, que había sido denunciado por por la utilización de fondos públicos, a través de viáticos, de forma indebida. Luego, Chiara Díaz renunciaría “por motivos de salud” y así evitaría el juicio, que, al igual que en el caso de Castrillón, se declararía “en abstracto”. Pero, en ese mismo proceso, los diputados no hicieron lugar, en cambio, a los elementos que sostuvieron la denuncia contra la vocal Claudia Mizawak, quien continúa en su cargo en la actualidad. La ex concejala de Gualeguaychú, Mariana Farfán forma parte de la comisión que debía tratar el caso Castrillón, pero, tras la jubilación, no lo hará. Lógicamente. Consultada por los alcances de la Ley de Paridad Integral impulsada por el oficialismo, y por su aplicación en el caso particular de la vacante en el STJ, Farfán explicó que la norma tiene dos lineamientos. “Uno es la paridad obligatoria, que se aplica, por ejemplo, en la conformación de la Cámara de Diputados y Diputadas, en las fórmulas electorales, y otros supuestos; y otro, es el principio de paridad”. “La carrera judicial implica concursos y órdenes de mérito. Entonces, en este sentido, la Ley de Paridad Integral prevé el principio de paridad, no la obligatoriedad. Lo mismo pasa con la conformación de los gabinetes de los Ejecutivos, ya que esa es una atribución que la ley le da a ese poder. En este sentido, el principio de paridad es una directriz aspiracional que debe ir cumpliéndose progresiva y paulatinamente”, explicó la diputada peronista. Y dejó claro que “en el caso del Superior Tribunal de Justicia, donde existe una disparidad en temas de género, por este principio de la reciente ley imperante, debería ocupar el lugar una mujer”. "En el caso del Superior Tribunal de Justicia, donde existe una disparidad en temas de género, por este principio de la reciente ley imperante, debería ocupar el lugar una mujer" Es el gobernador Gustavo Bordet el encargado de elegir a la nueva vocal. Recordemos que, si bien en la provincia funciona el Consejo de la Magistratura, la elección de los y las vocales del STJ sigue siendo potestad del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Senadores, donde el oficialismo tiene amplia mayoría. Lo que, por otra parte, no parecería muy compatible con el principio republicano de división de poderes. Pero ese es otro tema. Cuando el Gobernador lo decida, la Ley de Paridad Integral será aplicada en el órgano de administración de justicia más importante de la provincia. En el que, históricamente, los administradores siempre fueron hombres y, en el mejor de los casos, las vocales han llegado a completar un tercio del cuerpo (tres de nueve). Fue el propio Bordet quien ponderó la ley como “la más progresista y avanzada de todas las leyes que existen en la Argentina", tras ser aprobada, en noviembre del año pasado. “En esta provincia, tuvieron que transcurrir casi 200 años para que haya una vicegobernadora mujer, y a estos derechos hay que garantizarlos, porque el mérito es importante, pero tiene que ver mucho también con que las condiciones estén dadas para que todos puedan alcanzar los objetivos", sostuvo, también, en esa oportunidad. Su señoría, a casa Hace un par de semanas, un jurado de enjuiciamiento, constituido para resolver la suerte de Sebastián Eduardo Salem al frente del Juzgado de Paz de Gualeguay, denunciado por dos empleadas por hechos de violencia de género, aprobó la destitución del magistrado. Más allá de perder el trabajo -uno de gran jerarquía en el sistema judicial-, el ahora ex juez pasará a la historia como el primero de su condición en ser expulsado de su cargo por hechos de violencia de género, o por maltratar a mujeres por el sólo hecho de serlas, como se prefiera. Si bien la noticia no prendió mediáticamente (eso, por sí sólo, también merecería un abordaje particular, por fuera de esta nota), la sentencia se dio a conocer casi al mismo tiempo en que, a 220 kilómetros de distancia, se concretaba la “salida elegante” (que es cualquier cosa, menos elegante) de uno de los nueve vocales del STJ, denunciado por una par -otra vocal del STJ- por hechos de violencia de género en el ámbito laboral. Mejor ejemplo que este caso, para exigir la inmediata aplicación de la Ley Micaela, no se me ocurre. Tampoco para ilustrar el (siempre lento) cambio de paradigma que se impone en el Poder Judicial. Ni para convocar a mi capacidad de sorpresa al anoticiarme de que un juez es juzgado como un simple mortal. “Si no empezamos aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos del poder judicial, estamos resolviendo respecto a situaciones que, en su base, son totalmente desiguales”, expresó para esta nota la abogada Giuliana Miller, quien acompañó a las denunciantes Deolinda Sabina Almada y María Carolina Almeida, ambas empleadas del Juzgado de Paz. “En este caso se juzgó el hostigamiento y maltrato sufrido por las trabajadoras, que quedó demostrado durante el proceso. Por otro lado, también se demostró la violencia económica”, remarcó Miller. Y cuestionó también la “violencia institucional indirecta”, en el proceso y durante el jury, y la exposición de las víctimas. “Si no empezamos aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos del poder judicial, estamos resolviendo respecto a situaciones que, en su base, son totalmente desiguales” Si bien la destitución de Salem se impuso por un ajustado 4 a 3, Miller celebró que “los votos que resolvieron la destitución hicieron hincapié en la cuestión de género, en la subordinación de poder, en la prueba aportada al proceso y en la situación concreta de las víctimas y de todo lo que fueron atravesando”. “Esos cuatro votos tuvieron un claro abordaje en perspectiva de género, muy distinto a las posiciones por la absolución, que principalmente hicieron hincapié en cuestiones de prueba. Afortunadamente, se resolvió la destitución, porque si no se hubiese dejado demasiado desamparadas a las víctimas”, consideró la abogada. Los casos de Castrillón, de quién será su sucesora y el caso de Salem no pueden ser leídos como capítulos independientes de la novela político-judicial entrerriana, esa que tanto entretiene al microclima político-judicial entrerriano. Se impone necesario el cuestionamiento ético entre quienes deben administrar la justicia y el abordaje integral del sistema, desde una perspectiva de género. Se impone la formación en la Ley Micaela y la erradicación de ciertas prácticas. Al menos, si no queremos seguir lamentando jueces violentos, jubilados exprés y esos privilegios que solemos cuestionarle al Poder Judicial.