Un hombre que está preso en la UP9 pidió arresto domiciliario para poder cuidar a sus hijos

El juez del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Jorge Sebastián Gallino, resolvió “no hacer lugar a la prisión domiciliaria de JFB” y encomendó “al Ministerio Especializado de Menores, que realice las gestiones necesarias ante los organismos competentes, en virtud de las facultades que le otorga la ley 27.149, a fin de garantizar el goce los derechos consagrados en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el niño SBGB”.

Gallino coincidió con la postura sostenida por el Ministerio Público Fiscal que sostuvo el rechazo al pedido en que “la situación del interno no se encuentra contemplada en ninguno de los supuestos en los que el Código Penal autoriza el tránsito de la detención en la modalidad domiciliaria, los que, según manifestó están expresamente previstos en la norma por razones humanitarias” y añadió que “de los informes agregados surge que los niños se encuentran desde temprana edad con su abuela paterna, a partir de una medida de protección excepcional, con intervención del Copnaf”, entendiendo que la pretensión debía rechazarse.

Consecuencias

El vocal valoró que “los menores se encuentran escolarizados, reciben ayuda estatal, y que el grupo familiar no se ha mostrado incapaz de hacerse cargo de sus necesidades, (por lo que) se impone mantener la situación actual” y añadió que “respecto de la situación económica que atraviesa el grupo familiar, esta judicatura ya ha expresado numerosas veces que los inconvenientes que se derivan de la situación de prisión de uno de los integrantes de la familia y sus efectos en la dinámica familiar resultan consecuencias ineludibles de la privación de la libertad…”.

En aquella línea, advirtió que “JFB se encuentra en idéntica situación que todas aquellas personas detenidas, entiendo que atravesar esta situación en el domicilio familiar para mejorar las necesidades económicas de su familia no configura un presupuesto excepcional que amerite disponer una modificación en la modalidad de cumplimiento de pena actualmente vigente a su respecto, más aún con todos los fundamentos expuestos anteriormente”.

También consideró que “sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que se encuentra interviniendo el Copnaf y el Juzgado de Familia de Concordia en resguardo del interés superior de los niños IB y TB. Finalmente, en atención al dictamen del Ministerio Pupilar, encomendó “al Ministerio Especializado de Menores que realice las gestiones necesarias ante los organismos competentes, en virtud de las facultades que le otorga la ley 27149, a fin de garantizar el goce los derechos consagrados en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el niño SBGB” que es hijo de su actual pareja.

Género

El vocal recordó que “el artículo 10 inciso f) del Código Penal y 32 inciso f) de la Ley 24.660 refiere a la madre un niño menor de cinco años o persona con discapacidad a su cargo, aunque este Tribunal coincide que el género allí señalado no puede ser valorado de manera estricta en detrimento del derecho que se pretende resguardar, que en este caso es el interés superior del niño” y añadió que “a este respecto, el Interés Superior del Niño conceptualizado en el artículo 3 impone que debamos procurar ‘la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos...’ (sic)”.

También evaluó que la defensa indicó que “el arresto domiciliario podría coadyuvar con la situación económica de sus hijos” pero sostuvo que “no puedo dejar de advertir que el condenado en la actualidad no mantiene vínculos con sus hijos, ni se ha acreditado que su presencia en el domicilio contribuya a mejorar la situación de los menores. Como señaló Fiscalía y el ME los dos hijos del condenado residen desde temprana edad con su abuela paterna por una medida de protección dispuesta por el Juzgado de Familia de la ciudad de Concordia por los malos tratos que recibían de sus progenitores”.

Además analizó que “de los informes confeccionados por la ETI y del dictamen del ME, se advierte que los dos hijos del condenado se encuentran escolarizados con buen desempeño, sin afecciones de salud y son atendido en el Hospital Local por cuestiones de salud, y que su abuela no manifestó tener carencias económicas para solventar los gastos de los niños”. No obstante señaló que “si bien las condiciones socioeconómicas del grupo familiar son precarias, según lo manifestado por la abuela con los ingresos económicos del grupo familiar conviviente se organizan para la subsistencia familiar. Entonces, en el caso concreto no puede concluirse que los hijos del condenado estén en situación de riesgo o que sus derechos fundamentales estuvieran amenazados”.

En la misma línea argumental, Gallino sostuvo que “tampoco se ha acreditado que el interés superior de los dos niños se resguarde con la concesión del arresto domiciliario de su padre. Por el contrario, existen indicadores de violencia y falta de cuidado, de los progenitores respecto a los niños. En relación a la pareja del condenado y su hijo menor de edad, sin perjuicio de que el condenado no tenga la obligación legal de hacerse cargo del niño, se advierte que la mujer mantiene contacto con sus hijos mayores de edad (MM de 25 años y AM de 21 años), por lo que se desprende que ella también tiene familiares directos capaces de colaborar con su situación”. 

Fuente: APFDigital