Un gesto oficial de mucho valor
Desde esta columna, en la edición del martes, llamábamos a un compromiso ciudadano por una “causa cultural”. Porque entendíamos que era un crimen la perspectiva del cierra de una biblioteca popular.
Nos alegra que el intendente se pusiese a la cabeza del problema. Esto habla bien de él y de su gobierno. Bahillo expresó que dicho cierre hubiera significado no sólo un “fracaso” para la comunidad sino para él personalmente.
Gratifica saber que un jefe comunal sienta las cosas de ese modo: que la suerte de la ciudad que gobierna sea la suya propia. No estamos acostumbrados a asociar estas dos cosas.
Porque lamentablemente la política –y la vida social del país- es vista con sospecha. Creemos ver en la conducta de los otros, invariablemente, algún móvil turbio y egoísta.
Aunque acaso con los intendentes de nuestra ciudad la cosa sea distinta. Nuestra mirada capciosa, frente a ellos, cede. Porque de última son vecinos nuestros, que viven acá y cuya conducta conocemos en directo.
Por lo demás, hay que resaltar el gesto del gobierno que dirige Sergio Urribarri, que atento el reclamo de Gualeguaychú, no dudó en disponer el subsidio para que la Biblioteca López Jordán saliera de su apuro económico.
Sabemos, además, de la gestión en torno al tema del subsecretario de Cultura de la provincia, Roberto Romani, que en diálogo con este diario dijo sentirse indignado por la encrucijada en la que se había colocado a la biblioteca local.
Romani, como hombre de la cultura, supo leer que detrás del juicio contra la entidad había un retroceso ético en los procederes. Porque pleitear contra una institución filantrópica, con el valor simbólico que tiene una biblioteca popular, traspasa cierto límite.
Si bien estas entidades surgen de la sociedad civil, hay una legislación nacional que las protege y fomenta. Se trata de la Ley Nº23.351, que dispone sobre todo beneficios fiscales.
Pero el caso de la Biblioteca López Jordán introduce ahora una novedad. ¿Qué pasa si un juicio adverso, por distintos motivos, las coloca ante la perspectiva de cerrar sus puertas?
País futbolero, los clubes ya le han arrancado a los gobiernos y a las legislaturas provinciales el compromiso de consagrar la “inembargabilidad e inejecutabilidad” de esas entidades, mediante una nueva ley.
Preguntamos: ¿Por qué no introducir esta garantía legal para todas las bibliotecas populares del país? ¿No sería coherente con los principios de la civilización privilegiar sobre todo a la cultura?
Sería, creemos, una conquista importante avanzar en este frente legislativo. Por lo demás, resulta alentadora la opinión del subsecretario de Cultura de Entre Ríos a este respecto:
“Coincido en que hay que darles un marco legal para impedir que esta situación de angustia afecte a otras bibliotecas populares de la provincia”, observó Romani.
Demás está decir que las bibliotecas populares cumplen un rol cultural clave: muchos chicos que no pueden comprar libros, por falta de recursos acuden a ellas para instruirse.
Con lo cual hacen operativa en las comunidades la llamada “igualdad educativa”, tan declamada hoy.
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