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Un crimen, un suicidio y la ausencia del Estado: La muerte de Tahiel Moussou nos atravesó a todos
El trabajo periodístico nos lleva a diferentes lugares cada día. Noticias buenas, malas, de las que alegran y de las que te parten la vida al medio. Como equipo nos potenciamos a la hora de abordar esos temas que duelen y que toda la sociedad pregunta hasta el último detalle. El caso de Tahiel, sin dudas, fue un antes y un después en nuestra experiencia.
Por Mónica Farabello
El 2 de mayo a media mañana comenzaron a llegar los primeros mensajes a nuestros teléfonos. Lo que eran datos aislados, terminaron en la terrible confirmación por parte de Fiscalía.
Una mujer había asesinado a su hijo de 2 años y 11 meses de edad. Había dos detenidos, una causa y la conmoción generalizada.
Como pudimos, y con los datos que llegaban en los primeros minutos, pudimos dar la noticia. Pero lo que era un aberrante infanticidio, en realidad era la punta de una pirámide mucho más compleja, donde se escondían adicciones, violencia intrafamiliar, abandono, golpes y lo que es peor: la ausencia del Estado. El Copnaf quedó en la mira de todos y las respuestas fueron escasas y poco claras.
Ayelén Macarena Ortíz y su pareja, Alfredo Ferreyra, fueron detenidos luego de que Tahiel, el hijo biológico de ella fue trasladado gravemente herido al Hospital Centenario. Al otro día de esta tragedia, el padrastro del menor se quitó la vida en la celda de la Jefatura Departamental de Policía.
Aquel 2 de mayo de 2022 cerca de las 8, Tahiel llegó desvanecido, envuelto en una frazada y en brazos de su mamá a la guardia del hospital, donde los médicos intentaron varias maniobras de reanimación pero terminaron constatando su fallecimiento. Los investigadores sospechan que cuando llegó a ese centro de salud ya estaba muerto.
Luego, un médico legista y un forense corroboraron en el momento que se trataba de una muerte violenta, con un fuerte traumatismo encefalocraneal y constataron la presencia de golpes, hematomas y escoriaciones recientes y antiguas en todo el rostro y el cuerpo. Macarena, la madre de Tahiel, no supo explicar los detalles y quedó detenida.
La tía de la víctima y hermana menor de Macarena se presentó ante la Policía y reconoció la existencia de maltratos físicos por parte de ella y de su cuñado contra su sobrino y señaló que, si bien no había radicado una denuncia policial, sí había expuesto la situación ante el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de la provincia de Entre Ríos.
El mismo relato fue el de la abuela paterna de Tahiel, Fabiana Magallán batalló por más de un año hasta recibir la condena. En todo momento Fabiana fue la voz del reclamo, encabezando marchas y hablando en cada medio de comunicación para reclamar justicia por su nieto.
“A Tahiel no podía verlo desde hace dos años porque la madre no me lo dejaba ver. Ahora lo voy a ver en un cajón. Esto se podría haber evitado”, dijo Fabiana en aquel momento.
Por otra parte, el padre biológico de Tahiel también presentó problemas de consumo de estupefacientes y nunca pudo hacerse cargo del menor. Nunca tomó un rol protagónico en el caso y en momentos, su madre aseguró que casi no tenía contacto con él.
El caso Lucio, un espejo duro de enfrentar
Muy parecido al caso de Lucio Dupuy, el chico de 5 años asesinado por su madre y su madrastra en La Pampa, los médicos del Hospital Centenario ya habían puesto la alerta por lesiones previas de Tahiel surgidas en un contexto de presunta violencia familiar.
Informaciones dieron cuenta que se habían registrado internaciones previas por quemaduras y problemas surgidos de la higiene deficiente.
Perpetua para Macarena Ortiz, condenada por el homicidio
Luego de más de un año de espera y de prisión preventiva, un jurado popular encontró culpable a Macarena Ayelén Ortiz, de 26 años.
Finalmente, la jueza técnica, Alicia Vivian informó que la condenada deberá cumplir una prisión perpetua.
La mujer fue declarada culpable por un jurado popular del delito de homicidio agravado por razones de vínculo y por haber sido cometido con alevosía, en perjuicio de su hijo de dos años.
En la audiencia de cesura, el fiscal Lisandro Beherán pidió la pena de prisión perpetua para Ortiz mientras que su defensor, Pablo Ledesma, planteó su inconstitucionalidad y solicitó morigerar la pena por considerarla “víctima de violencia”.
Ortiz, de 26 años, cumplía prisión preventiva en la Comisaría del Menor y la Mujer. Esa condición fue prorrogada por la jueza Vivian hasta que la sentencia quede firme.
El juicio por jurados se desarrolló en los Tribunales de Gualeguaychú, entre el 2 y el 7 de junio de este año en los Tribunales de nuestra ciudad.
La conmoción en la ciudad
Las noticias de Gualeguaychú pueden ser hasta previsibles en muchos aspectos, pero cuando un caso como el de Nahir Galarza, el de Tahiel o Gustavo Rivas aparecen en escena, rompen con toda lógica.
La ciudadanía es instantánea en su respuesta y además, comienza a pedir explicaciones. El Copnaf quedó en boca de todos y obligó a sus autoridades a brindar una conferencia de prensa con más reglas que respuestas.
Los medios debían solicitar participar con anterioridad, no podían transmitir en vivo y las preguntas eran contabilizadas. En ese contexto, las autoridades se desvincularon del caso asegurando que los familiares de Tahiel nunca se habían acercado a pedir intervención, pero que de todos modos “estaban iniciando un expediente”.
Esta explicación generó más dudas que certezas y desde aquel momento, desde la institución no volvieron a dar ninguna declaración sobre el caso.
Crecieron un 25% las denuncias por violencia doméstica
A principios del 2023, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió 901 denuncias, lo que representó un 25% más que en el mismo período del año anterior. En efecto, en enero de 2022, la OVD había recibido 722 denuncias y respondido 619 consultas informativas, contra las 706 contestadas el primer mes de este año.
El total de personas afectadas en las 901 denuncias recibidas fue de 1263. Las mujeres jóvenes y adultas (56%), y los niñas, niños y adolescentes (33%), fueron las más afectadas. Por su parte, los varones jóvenes y adultos representaron el 11% del total de las personas afectadas.
Las denuncias fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil en el 100% de los casos, al fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires en el 69%, al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno porteño en el 37% y a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional en el 17%.
El vínculo entre la persona afectada y la denunciada fue mayoritariamente de expareja (32% de los casos) y pareja —convivientes, cónyuges y novios/as— (13%). También se registraron vínculos de tipo filial (35%), de otro familiar (5%) y fraternal (4%).
Los equipos interdisciplinarios evaluaron el riesgo de las personas afectadas como alto y altísimo en el 31% de los casos, medio y moderado en el 57%, y bajo en el 12%. Asimismo, registraron la presencia de diferentes tipos de violencia que, en muchos casos, se superponen. Así: violencia psicológica (97% de los casos), simbólica (52%), física (46%), ambiental (34%), económica-patrimonial (28%), social (12%) y sexual (8%). Por otra parte, de las personas afectadas, 35 personas presentaban algún tipo de discapacidad.