Soy funcionario, debo decir

Por Juan José Bahillo

Las personas que hemos sido designadas o electas para desempeñar responsabilidades en nombre de y al servicio del Estado, cualquiera sea el nivel jerárquico que ocupemos, al haber aceptado la función pública asumimos como deber implícito en nuestra tarea la realización del bien común. En Argentina, somos además co-protagonistas de una historia que desde hace cuarenta años viene consolidando la democracia con tolerancia, construyendo consensos desde las disidencias, conquistando nuevos derechos, fortaleciendo la institucionalidad pública e igualando oportunidades para todos y todas. 

Desde el Estado democrático, somos capaces de defender la soberanía nacional, de gestionar en pos de la igualdad, de visibilizar la diversidad, de transformar las asimetrías y de generar políticas públicas que amplíen derechos y ciudadanía. A pesar de los problemas existentes, mediante el funcionamiento democrático ha sido posible garantizar el acceso a la educación y a la salud, avanzar en la igualdad de oportunidades para todos los géneros, etnias y religiones, generar ciencia y tecnología de calidad, lograr una convivencia pacífica, y posicionarnos regional y globalmente gracias al valor de nuestras enormes capacidades como nación. 

En estos tiempos electorales, frente a un escenario de quiebre político institucional sin precedentes, la historia nos interpela especialmente a quienes ostentamos el rol de funcionario público. Paradójicamente, un candidato se presenta en democracia con ideas antidemocráticas. De manera explícita, cuestiona las bases fundantes del sistema democrático y los logros históricos de estas cuatro décadas en Argentina. 

Anuncia enfáticamente medidas de retroceso que ponen en peligro la paz social, la vida individual, familiar y comunitaria, los derechos y las garantías constitucionales. Propone la libre venta de órganos, la venta de niños, la libre portación de armas. Plantea la eliminación de todos los subsidios, la privatización de la educación y la salud. Agrede a las mujeres, es intolerante con la diversidad, dogmáticamente cancela a quien piensa distinto. Peligra nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas. 

Ahora bien, si como funcionarios públicos fijamos constantemente postura en temas de menor interés ¿cómo podríamos callar ante semejante riesgo? Es inherente a nuestra función, en pos del bien común, manifestarnos fuertemente ante estas amenazas. 

Colegas, servidores públicos: no es lo mismo dar nuestra opinión que permanecer callados, seríamos funcionales por omisión a este proyecto antidemocrático, a esta candidatura violenta.

En esta reflexión no pretendo interpelar a nadie particularmente, cada quien conoce sus prioridades, sus intereses sectoriales o partidarios. Sin embargo, sostengo certeramente que si la opción en este alarmante contexto fuera callarse, en la democracia tal actitud no puede convivir con el rol de funcionario público. 

La historia nos muestra que el silencio nunca protegió derechos adquiridos. La posición frente a esta amenaza debe ser explícita y muy firme. Caso contrario, seremos uno más entre los que debieron y pudieron defender a la Patria, pero optaron tibiamente por no hacerlo.

Juan José Bahillo es Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación