Rodríguez Signes: "Nación le debe más de 50 mil millones de pesos a Entre Ríos"

El plan “motosierra” del presidente Javier Milei, además de toda la casi extinta clase media, lo sufren también las arcas provinciales. El principal recorte desde Nación hacia Entre Ríos se da en uno de los sectores más vulnerables: los jubilados. 

Al respecto, el Fiscal de Estado de Entre Ríos Julio Rodríguez Signes explicó en diálogo con Ahora ElDía que “nosotros tenemos varias situaciones que reclamarle a la Nación. Una de ellas y la más importante desde el punto de vista económico es lo que nos deben por el financiamiento del déficit previsional. Ahí nos deben distintos rubros, liquidaciones de 2017, y todo lo de enero de 2024 en adelante”.

Acerca de cómo funciona el sistema y porqué el Gobierno nacional le debe a Provincia, el Fiscal de Estado describió que “por un pacto fiscal del año 2017, se estableció que las provincias por un lado recuperaban el 15% de la coparticipación cedida para financiar la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y por otro lado nos tenían que pagar el déficit previsional que se produciría si los regímenes jubilatorios provinciales y nacional estarían armonizados, porque no es lo mismo en edad, en movilidad, los años de servicio, etc. Entonces, sobre la base de información que manda la provincia a través de la AFIP, la Anses tiene que elaborar una liquidación, eso tiene que ser aprobado y eso es lo que la Anses debería haber remitido a Entre Ríos. Como esa operación no se completó, siempre faltaba algo y había obstáculos y problemas, lo que hizo Nación fue liquidar anticipos a cuenta. Esos anticipos quedaron completamente desactualizados y directamente a partir de enero de 2024 dejó de mandar todo, con lo cual se generó una deuda superior a los cincuenta 50 mil millones de pesos a valores históricos, pero si se actualiza debemos estar en los cien mil millones de pesos. Esto es una estimación con intereses y es importante porque equivale a una masa salarial de Entre Ríos más o menos”, clarificó.

“Respecto a esto se hizo el reclamo administrativo, se le puso blanco sobre negro a la Anses y se le reclamó todo. Si la Anses no nos responde positivamente en un plazo, que ya a nuestro entender ya está vencido, nosotros ahí si interponemos la acción judicial correspondiente. Esto es inminente y está a consideración mía y del gobernador Rogelio Frigerio. Hubo una reunión el 4 de abril en la que estuvieron los gobernadores por este tema, pero si no hay una respuesta positiva, el gobernador lo que va a hacer es presentar la demanda, pero eso es una decisión de él”, sostuvo Rodríguez Signes. 

En este sentido, remarcó: “Que no haya demandas presentadas en la Corte Suprema de Justicia de La Nación por la provincia de Entre Ríos no quiere decir que no estemos haciendo los reclamos legales correspondientes”. 

Otro de los sectores a los que Nación no le envió fondos a la provincia es al sector energético. “Hay dos rubros, por un lado está el excedente de Salto Grande, y por el otro las regalías. El excedente son las utilidades que da el sistema de la represa hidroeléctrica administrada por Argentina y Uruguay da un resultado económico (supuestamente ganancias), y eso se reparte entre Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Respecto a esto hay una deuda que arranca en el último semestre de 2023 y continúa al día de la fecha. La estimación es que son 2.100 millones de pesos, que podría irse un poco más arriba con los intereses. Y también hay un reclamo administrativo presentado ante la Secretaría de Energía de la Nación. No es que nos quedamos de brazos cruzados esperando: hay reclamos presentados”, manifestó el Fiscal de Estado.

Y continuó: “con las regalías ocurre lo mismo, que son por el uso del recurso hídrico, eso está en la Ley de Energía, en el Art. 43, y de eso nos están debiendo dos meses, hasta enero se pagó. Ahí hay una mora en el pago, por eso estamos intimando la regularización de los plazos de pago, pero no podemos decir que hay un incumplimiento como en los casos anteriores. Ese monto depende mucho de la venta de energía al sistema interconectado nacional, pero debe estar en los 500 millones de pesos por mes más o menos”, estimó.

Finalmente, también están en discusión los fondos en Educación. “Lo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es bastante discutible, y nosotros no somos partidarios de ir a la Corte Suprema así nomás,  porque el fondo venció el 31 de diciembre de 2023. Podríamos engancharnos de un argumento que es que se consideró que se iba a pagar en 2024 a partir de la prórroga de la Ley de Presupuesto de 2023. Ese sería un argumento, pero no es tan fuerte como para ir directo al Poder Judicial. Yo soy partidario de hacer el reclamo administrativo, porque lo que si hemos detectado es que nos deben 6 meses de 2023. Como eso se viene pagando con atraso, quedaron pendientes 6 meses del año pasado. Esos serían estimativamente otros 5.000 millones de pesos”, sumó.

Rodríguez Signes dejó en claro que “la postura mía, por lo pronto, es que como son todos temas discutibles primero hay que agotar las instancias administrativas. De paso, eso nos ayudan a nosotros a ponernos más consistentes y a tener todas las pruebas, los expedientes administrativos y poder ir a los Tribunales si hay que judicializar”.

A su vez, hay otras áreas en las que también hay que evaluar si el Gobierno nacional incumplió con acuerdos preexistentes a la llegada de Milei. “Tenemos otras deudas que estamos explorando, que son en materia de obra pública. Hay muchas que están financiadas con parte de presupuesto nacional. Por ejemplo, en Gualeguaychú hablé con el intendente Mauricio Davico por una obra de un caño de agua que se financiaba con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). Bueno, esa entidad también cortó los fondos. Hay que ver si en el contrato de obra la Nación asumía una obligación y si estaba sometida a una condición o si la podían cortar. Todo eso dependerá de lo que nos conteste el Ministerio de Planeamiento, que tiene que mirar los contratos, caso por caso, para ver si podemos reclamar”, ejemplificó Rodríguez Signes. 

“Lo mismo sucede con Salud: hay planes como ‘Incluir Salud’ y ‘Remediar’ que nosotros estamos viendo si efectivamente hay incumplimientos por parte de Nación o si es legítimo que hayan cortado las transferencias. En todo lo que podemos reclamar, lo estamos haciendo. Ahora, antes de ir a la Corte Suprema, vamos a intentar agotar todas las vías administrativas”, recalcó el Fiscal de Estado.

Finalmente, aclaró que “la coparticipación la recibimos de manera normal, pero la recaudación nuestra cae por la recesión. Eso implica que el IVA, que es el concepto más importante, está cayendo; ingresos brutos, también; y también cayó la recaudación de ganancias producto de las modificaciones que se le hicieron al régimen”.

Las gestiones de Davico por Gualeguaychú y por Pueblo Belgrano

Rodríguez Signes tuvo una conversación telefónica con el intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico. Reveló a Ahora ElDía que “hablamos de la obra del caño en Gualeguaychú y de la planta de tratamiento de efluentes en Pueblo Belgrano”.

Respecto a esto último, comentó que “hay una demanda de un particular y tenemos una condena judicial para hacer una obra, estábamos en una conciliación pero la otra parte la cortó y quedó ahí, luego vino el cambio de gobierno. Tenemos una condena firme para hacer una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Él vendrá a hablar con el director de Obras Sanitarias para reflotar ese trámite”, contó.

Amarras, la novela sin fin

El emprendimiento del barrio náutico Amarras sigue paralizado, al igual que el plan de recomposición ambiental que tiene que cumplir por orden judicial. 

La última novedad sobre este tema, comentó el fiscal de Estado, es que “hace poco tuvimos una reunión con la Secretaria de Ambiente nueva, por el tema del cumplimiento de la sentencia del plan de recomposición, estuvo Osvaldo Fernández en esa reunión,  y yo lo que les digo es que se pongan en autos con respecto al plan de recomposición y después hay una medida cautelar para dragar una parte que habían obturado, que hay como un desvío del río al predio, que tienen que cumplir. Está en manos de la Secretaría de Ambiente”, afirmó. 

A su vez, planteó que “Ese proyecto ¿Es para recuperar la viabilidad del emprendimiento o es para impedir el desarrollo del mismo?, eso es lo que yo les pido que determinen, hay que aclarar cuál es el alcance del plan de recomposición.  Para mí la última palabra la tiene la Secretaría de Ambiente, pero el juez de ejecución de la sentencia también se atribuye esa responsabilidad y dice que el plan de recomposición lo va a controlar él; no sé como seguirá…”, concluyó.