Revelan las relaciones que había entre el PJ y las empresas del cuñado de Urribarri

Gustavo Germán Pereyra es, o era hasta el jueves, un desconocido para el mundo periodístico y para la comunidad judicial que vienen siguiendo el juicio contra Sergio Urribarri y compañía en el que se acumulan cinco causas por contrataciones irregulares de publicidad para beneficiar a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador. Pereyra es un empleado administrativo del Partido Justicialista, aunque también supo prestar servicios por fuera del trabajo estrictamente partidario. Su nombre aparece en una nómina de empleados de TEP SRL y de su antecesora 5 Tipos, y él mismo reconoció que realizaba gestiones administrativas para esa empresa (“ayudaba a los chicos en cuestiones administrativas”, dijo) y también para Montañana Publicidad, señalada como una de las firmas a las cuales se simulaba la distribución de la publicidad que en realidad terminaba beneficiando a TEP SRL y Next SRL. En ese listado aparece el nombre de Pereyra como “referente comercial” con funciones específicas desde 2011 y el de Aguilera en la “gerencia” de 5 Tipos. No obstante, fue tajante, ante una pregunta de la defensa, en cuanto a que Aguilera no era titular de TEP SRL ni de Next SRL, ni cumplía funciones en las empresas. Según los registros, los titulares eran Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, mientras que Luciana Almada, esposa de Aguilera, y Alejandro Almada tenían acciones. Pereyra contó además que en 2014 montó la empresa Publicitar, que llegó a tener a su cargo la difusión de campañas en la vía pública que organizaba la Municipalidad de Paraná. Pero en 2017 tuvo que cerrarla tres años después porque “no era rentable”, según dijo. “Tenía varios trabajos y no podía dedicarle demasiado tiempo”, agregó. La firma Publicitar tenía oficinas en calle Hipólito Yrigoyen 885, a escasos metros de donde funcionaban TEP SRL y Next SRL. En el contrato de alquiler figuran como garantes Juan Pablo Aguilera y Sergio Cardoso, director administrativo de la Cámara de Diputados. Ambos están imputados en la causa de los contratos truchos de la Legislatura. El servicio eléctrico estaba a nombre de Pereyra y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera e imputado en esta causa. La contadora de la “empresita” era Corina Cargnel, que también llevaba las cuentas de TEP SRL y Next SRL. Y Pereyra admitió, además, que Aguilera ocupaba las oficinas de la empresa para atender asuntos del PJ y mantener reuniones vinculadas a sus propios negocios. El hombre trabaja para el Partido Justicialista desde el año 1992, básicamente en cuestiones administrativas y otras vinculadas a la relación con los proveedores. Entre otras funciones, se ocupaba de las campañas publicitarias que se realizaban en tiempos de elecciones. Con detalle, Pereyra dio cuenta de cómo fue mutando su labor, que empezó atendiendo cuestiones estrictamente partidarias, para saltar al plano empresarial. Contratado por el entonces vicegobernador José Cáceres, prestó servicios en la Cámara de Senadores entre 2011 y 2015, desarrollando actividades políticas. Dijo que si bien el contrato no fijaba horario ni funciones, se encargaba de darle “una mano política” al vicegobernador. Ahí había llegado “por una cuestión de confianza” que remitía al tiempo que llevaba trabajando en el PJ. La clave en este engranaje de relaciones es el estudio contable de José Ferreira, ya fallecido, que había llevado las cuentas del PJ y en el que se desempeñaba Corina Cargnel, contadora de las empresas de publicidad que se le atribuyen a Aguilera. La fiscal Patricia Yedro indagó sobre las empresas TEP SRL y Next SRL, a las que Pereyra admitió haber estado vinculado, pero desde antes, cuando ambas estaban nucleadas bajo la denominación comercial de 5 Tipos. Al frente de ambas, según dijo, estaban Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, aunque deslizó también el nombre de Luciana Almada como accionista. El Ministerio Público Fiscal expuso durante la declaración una serie de correos electrónicos extraídos de las computadoras de las empresas, documentos y planillas que había en un disco rígido externo que se le atribuye a Cargnel que aparecen como la evidencia más sólida para atar cabos sobre el tándem que habrían conformado Aguilera, Giacopuzzi, Sena y la contadora. En algunos de ellos se vieron hojas membretadas de distintas empresas de publicidad (Bustamante, Montañana, Publicitar, TEP, Next) que, según Pereyra, “se utilizaban para todas las presentaciones formales” y sugirió que estaban en poder de Cargnel porque era quien se ocupaba de hacer gestiones para algunas de ellas. En la acusación también se plantea que existe un gran número de campañas publicitarias simuladas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento. Dicen que las certificaciones que se presentaban mediante fotografías que debían dar cuenta del cumplimiento de la publicidad eran falsas. Concretamente, las empresas presentaban la misma fotografía todos los meses, pero con diferentes órdenes de publicidad y el Estado pagaba sin controlar. El desfalco se calculó en 24.204.918,69 pesos. En la audiencia se exhibió un intercambio de correos electrónicos donde Pereyra le dice al empresario Hugo Fernando Montañana, que fue separado del proceso por razones de salud: “Te paso para hacer los fotomontajes” de certificación el cumplimiento de campañas publicitarias en rutas. A la vuelta de correo, Montañana reenvía “los fotomontajes para que vean si está el nivel de detalle y si vos crees que estaría bien”.