Repartidores urbanos: el Concejo deliberante aprobó la nueva ordenanza que reglamenta la actividad del sector

Pasaron casi 20 años de la primera ordenanza que regulaba el sector de repartidores urbanos en la ciudad. Fue en 2005 y, tres años después, en 2008, se le realizaron algunas modificaciones. Pero la realidad es bien diferente a la de entonces. 

En el medio, el mundo sufrió el desastre de la pandemia por Coronavirus, lo que modificó drásticamente la realidad de toda la población, como nunca antes había sucedido. Todo cambió, desde lo más macro, como las formas de relacionarse entre países, hasta lo más cotidiano, como el saludo entre personas. 

También cambiaron las modalidades de trabajo y muchas cosas ya no volvieron a ser lo que eran antes. Una de ellas es el rol de los repartidores urbanos o también llamados cadetes, un sector que en los últimos años creció muy fuertemente y que hoy es parte de nuestra cotidianeidad. 

Pero esos cambios no fueron ordenados y planificados, la necesidad de trabajar generó el crecimiento de la informalidad y el cuentapropismo. Esto modificó sustancialmente el rol del sector, ya que antes ser cadete era más una “changa” y ahora hay muchas familias que tienen su mayor ingreso económico en esta actividad. 

Ante esta situación y con la necesidad de ordenar las cosas, responsables de las agencias que actualmente funcionan en la ciudad (según los datos oficiales, son siete y emplean a cerca de 350 personas) se empezaron a reunir con el director de Tránsito municipal, Oscar Navone, y con concejales para avanzar en la modificación de la normativa vigente, ya en desuso. 

Este proceso llegó a su fin el último viernes, cuando los doce concejales presentes, en la que fue la última sesión del año del Concejo Deliberante, aprobaron la ordenanza que reglamenta la prestación del Servicio Privado de Recepción de Solicitudes, Logística y Posterior Reparto Urbano en el ámbito del ejido municipal de la ciudad de Gualeguaychú. 

Entre sus puntos más importantes, la norma votada positivamente por unanimidad establece que todas las agencias deberán tener un libro de registro que contenga las habilitaciones de los vehículos, la de los repartidores y el acuerdo comercial con éstos; un tarifario y la modalidad de aplicación del mismo. 

Además, establece la creación de un registro para las empresas que prestan el servicio en la ciudad y demanda ciertas condiciones a las personas que se dedican al reparto: documentación al día, registro, capacitaciones, cursos de actualización, etc. También deberán ser monotributistas, lo que les permitirá acceder a una cobertura social y a un aporte jubilatorio, contar con un seguro y diferentes medidas de seguridad, como tener una cinta refractaria en la caja de reparto de la moto o bicicleta. 

Aunque son medidas básicas, este es un sector con un alto grado de informalidad, por lo que la norma aprobada representa un paso positivo, según evaluaron las partes que trabajaron en la misma.

La informalidad en el vínculo laboral entre las agencias y los repartidores fue uno de los puntos trabajados entre el Ejecutivo, el Legislativo y las agencias, ya que resultaba un verdadero peligro para todas las partes.

Primeramente, para el trabajador, que, en los casos en que trabaja en la total informalidad, de sufrir un accidente en la vía pública, situación a la que están expuestos todo el tiempo, nadie respondía por ello. 

Esta también es una situación riesgosa para las agencias y los usuarios del servicio. Para las primeras porque, hasta ahora, quedaban expuestas a una demanda laboral, como ha sucedido en más de una oportunidad. Y para los segundos porque muchas veces se contratan, por ejemplo, repartidores que no están inscriptos en ningún registro ¿Quién respondería ante una situación irregular, como puede ser el robo de un paquete? 

La nueva normativa viene a atender estas y otras tantas situaciones irregulares. En su articulado establece, por ejemplo, que todos los repartidores urbanos deberán contar con la habilitación correspondiente, y la misma podrá quedar caduca si en el plazo de dos años se incurre en tres de las consideradas faltas graves, como exceso de velocidad, circular sin licencia, falta de casco, pasar el semáforo en rojo, desacato a la autoridad, etc. 

Asimismo, prevé que las agencias serán solidarias de las sanciones o multas de los repartidores y presenta un esquema de apercibimientos que, acumulados por encima de las cantidades de infracciones permitidas, habilitarán la posible clausura de dicha agencia.