Quieren quitar a ruralistas la distribución de la vacuna contra la aftosa

El Gobierno se apresta a privar a las entidades del campo de un negocio que les reporta hasta $ 100 millones al año. Se trata de la distribución de la vacuna contra la aftosa, que en la actualidad llevan adelante entes y fundaciones ligadas a las organizaciones agrarias y que el Ejecutivo prevé extender a los veterinarios del sector privado.La iniciativa avanza en medio de una nueva escalada de conflictividad entre el oficialismo y la Mesa de Enlace.No será la primera vez que el Gobierno lanza un misil contra la línea de flotación financiera de las entidades. En enero pasado, la presidenta Cristina Fernández decretó la gratuidad de las cartas de porte, el instrumento de control del transporte de granos que hasta entonces distribuía la Federación Agraria.Pero aquella movida, que representó pérdidas estimadas de $ 2 millones al año para los dirigidos por Eduardo Buzzi, quedará como una anécdota frente a la nueva iniciativa, que implicará para las entidades dejar de percibir, de acuerdo con los valores actuales, no menos de $ 20 millones por año y un máximo superior a los 100 millones de pesos.Por caso, la fundación de Entre Ríos (Fucofa) recauda al año $ 6.300.000 por el reparto y aplicación de la vacuna. En esa provincia y en Corrientes existe sólo una fundación, aunque en distritos como Buenos Aires las organizaciones con este fin se cuentan por centenares.El proyecto se puso en marcha de forma silenciosa y recién en los últimos días generó alarma entre los dirigentes del campo. Lo hizo el Senasa a través de una consulta pública en su página de internet que se mantendrá abierta hasta el 12 de este mes.En ella se invita a productores, veterinarios y entidades rurales a pronunciarse sobre un proyecto de resolución que "autoriza la participación de los veterinarios de la actividad privada de las jurisdicciones correspondientes a cada plan local, en la provisión y aplicación de las vacunas contra la fiebre aftosa".Fuentes oficiales explicaron que se trata de una "consulta no vinculante" que, una vez finalizada, abrirá el juego a los veterinarios para participar de una actividad hasta ahora sólo reservada a las fundaciones que montaron a principios de los años noventa las entidades del campo. Las fuentes consultadas dijeron que la iniciativa surgió a partir de demandas judiciales de veterinarios que reclamaron participación en el sistema y que recibieron fallos favorables.Desde las entidades del agro, en tanto, dijeron tener la certeza de que el Gobierno planeó la resolución para dinamitar uno de sus pilares de financiamiento. En la actualidad, las fundaciones les compran a los laboratorios (Biogénesis-Bagó y la Asociación de Cooperativas Argentinas, que maneja la Coninagro) las vacunas para luego repartirlas entre los productores.El valor actual de cada dosis comprada a los laboratorios oscila entre $ 1,70 y $ 1,80 para un rodeo calculado en 50 millones de cabezas de ganado en todo el país. Por año se realizan dos vacunaciones, una en febrero y otra en septiembre. Según las consultas hechas por Crítica de la Argentina, las fundaciones y entes le imponen a ese valor un adicional por "costo operativo" que oscila entre los 20 centavos y un peso, lo que eleva el precio final para el productor a un rango de entre 2 y 2,80 pesos. Sin embargo, en zonas de producciones ganaderas pequeñas se pagan valores de hasta 4 pesos.Alfredo Bel, dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, explicó que Fucofa compra la vacuna a $ 1,79 y la entrega al productor a 2,50 pesos. Fuente: Crítica Digital