Protestas que fuerzan al límite el sistema

El conflicto salarial ha sido el detonante de una inédita protesta de prefectos y gendarmes. Un episodio que cabría leer dentro de un contexto donde la gimnasia reivindicativa vernácula colisiona muchas veces con la noción de orden público.La imagen de uniformados en asambleas masivas, seguidas de copamiento de edificios públicos (el edificio Centinela), ha sido impactante. La "rebelión de los sargentos", como le llaman algunos, es causada por recortes salariales.Lo paradójico es que son estas fuerzas las que suelen ser convocadas para reprimir la protesta social. La inusitada medida, que objetivamente es un acto de indisciplina, ya produjo el descabezamiento de las cúpulas de Prefectura y Gendarmería.Aunque se sabía del descontento salarial, una situación subyacente que venía de lejos, nadie imaginó la ruptura de la cadena de mando ni mucho menos la escalada del conflicto en la calle.Desde la perspectiva histórica, según los analistas con llegada a las fuerzas de seguridad, se trata de una crisis importante cuyas consecuencias hoy son difíciles de prever.De hecho ya ha trascendido que policías y militares comparten el reclamo de prefectos y gendarmes. Desde el gobierno y sectores de la oposición han querido ver en la manifestación una amenaza potencial para la democracia.Pero resulta difícil trazar un paralelo entre esta manifestación de descontento salarial con los movimientos militares que concluían en golpes de Estado en el pasado.En todo caso cabría explorar la hipótesis de que prefectos y gendarmes se han contagiado de la metodología de la acción directa para protestar, tan recurrente en estas pampas, y que suelen utilizar otros grupos sociales.Estos uniformados rebeldes quizá hayan encontrado alguna justificación de su proceder, por caso, en las tomas de escuelas, que hoy se desarrollan en la ciudad de Buenos Aires.Sobre todo después de los polémicos dichos del ministro de Educación, Alberto Sileoni, quien no hace mucho celebró esas tomas por considerarlas una "cocina de participación democrática".Luego matizó sus declaraciones señalando que la toma era, a su juicio, una "medida extrema", pero que de todos modos no podía escindirse "de la causa y la situación". Algo que probablemente esgriman los sargentos acuartelados de hoy, si acaso se decide echarlos de la fuerza.Acuartelamientos, tomas de colegios, usurpación de terrenos públicos y privados, bloqueos a fábricas y rutas, 'escraches' a domicilios, desmanes de barras bravas, son algunas de las acciones directas que en principio ponen en entredicho la noción de un orden público democrático.Cómo lograr que la protesta y el reclamo, más allá de su legitimidad, no se hagan a costa de la legalidad, es quizá uno de los dilemas más acuciantes de la Argentina contemporánea.En Argentina lo legal es leído como un abuso estatal de los que mandan, y en contrapartida la libertad poco menos como el ejercicio del "todo vale". Algunos intelectuales atribuyen esta deformación al hecho de que el país ha venido oscilando durante gran parte del siglo XX entre la anarquía y la tiranía, sin hallar el justo medio del orden democrático.Las interrupciones del orden constitucional, protagonizadas por las Fuerzas Armadas, eran justificadas por éstas como acciones que venían a poner "orden" en medio del caos.La consecuencia nefasta de esto es que a los argentinos, ya en democracia, nos cuesta conciliar un régimen de libertad con la vigencia del orden público, el derecho a la protesta con el imperio de la legalidad.El descontento social, entonces, siempre fuerza al límite el sistema.