Proponen reflotar el proyecto de una represa sobre el Río Paraná pese a ley que lo prohíbe

El presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Juan Carlos Chagas, confirmó que el gobierno piensa en reflotar el proyecto de represamiento del Paraná Medio, aseguró que esa obra, en los 90 "era un tema tabú, pero hoy no lo es tanto", dijo aunque obvió mencionar la vigencia de una ley, que precisamente cumplirá 12 años el 25 de septiembre, que declara libre de represamiento a los ríos de la provincia, según precisa el sitio RecintoNet.Chagas, que busca durante su gira en China, Rusia y Ucrania, la renovación de turbinas para Salto Grande, anunció en declaraciones radiales a La Voz que también consultó en el país oriental la "viabilidad de una represa en el Río Paraná" ya que "hace años, cuando se habló del Paraná Medio, era un tema tabú, pero hoy no lo es tanto", aseguró.Abundó además en ponderaciones hacia el uso que hacen chinos e israelíes de los ríos y añadió que "vivimos rodeados de ríos, pero no los hemos utilizado debidamente", remarcó."La energía es un tema importante, y los proyectos hidroeléctricos son proyectos que en el fondo son baratos, no son contaminantes, y pueden producir un efecto importante solo en el comienzo", ilustró el funcionario."Además, imagine que China tiene una topografía muy especial. Es un país montañoso que tiene represas en toda su superficie, y han explotado este recurso en extenso", apuntó Chagas.
La ley antirepresas
El 25 de septiembre de 1997 se sancionó la ley 9092 que declara libres de represas a los ríos de la provincia que culminó con un largo proceso de resistencia, y marcó un punto de inflexión en las luchas ciudadanas en defensa del medioambiente.Antes de esa sanción, Jorge Busti como gobernador había rechazado el proyecto del menemismo que prometía generar 10 mil puestos de trabajo y energía barata y que ejecutaría en la firma estadounidense Energy Developers International (EDI). Busti a través del decreto 833 dispuso crear una Comisión Provincial de Evaluación y Propuesta para el Desarrollo Regional Integrado y Sostenible, de la que participarían representantes de entidades ambientalistas, legisladores, intendentes, concejales, organizaciones no gubernamentales y establecimientos de enseñanza de nivel terciario, recordó RecintoNet."Nosotros no vamos a participar de ninguna decisión nacional que signifique construir un represamiento en el río Paraná, que es propiedad de la provincia de Entre Ríos" había dicho en esos años el ahora diputado.A la resistencia de Busti se sumó la intervención de la Justicia Federal, motivada por una acción de amparo promovida por la Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Paraná y varios legisladores de la oposición.El 2 de mayo de ese año, el juez federal de Paraná, Aníbal Ríos, sentenció la inconstitucionalidad del decreto presidencial, por considerar que viola la Constitución Nacional, en cuanto al uso del recurso del río.Mientras el artículo 41 establece el derecho y la obligación de los habitantes de gozar y mantener un ambiente sano y equilibrado, el 124 determina que "corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales existentes en su territorio".El magistrado también consideró "inadecuado" que el Poder Ejecutivo Nacional adopte decisiones administrativas sin realizar antes una evaluación del impacto ambiental ni contar con la participación institucional de las provincias.Veinte días después, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la sentencia del juez Aníbal Ríos.Sin embargo para Chagas, los problemas de la construcción de la represa se limitan sencillamente al "tabú" de los noventa. (RN)