¿Podrán empezar las clases normalmente?
Que un hecho administrativo tan primario como empezar en tiempo y forma las clases se convierta en un desafío mayúsculo, da una idea de lo mal que estamos.
Si hasta nos hemos resignado, como sociedad, a que todos los años el calendario escolar sufra postergaciones forzadas, como si eso fuera parte de nuestra idiosincrasia.
Es decir, ya que llegamos tarde para todo –mal argentino inveterado- no es disonante que eso también ocurra con el servicio educativo. De hecho el año pasado, huelga mediante, no se cumplió con los 180 días de clases, estipulados por ley.
Los gremialistas ya advierten que, en la actual situación, los maestros no concurrirán a las aulas. El gobierno, por su parte, esgrime sus razones presupuestarias.
En rigor, ya aburren los argumentos de una y otra parte, cada uno de los cuales contienen medias verdades. Suenan increíblemente monótonos estos discursos que, fatídicamente, no pueden disimular el hecho de que la educación marcha a los tumbos.
Porque no se necesita ser un pedagogo avezado para comprobar que los chicos aprenden cada vez menos, que hay un ocaso de la escuela desde el punto de vista intelectual, moral y material.
La lógica indica que si no se puede garantizar el trámite administrativo relativo al cumplimiento del calendario escolar, mucho menos se puede esperar avances en la calidad de lo que se enseña.
Todo esto ocurre, patéticamente, en medio de una inflación verbal a favor de la educación. Políticos, gremialistas, académicos, y demás, se llenan la boca hablando de que sin educación no hay desarrollo posible.
“La cultura política argentina tiene una extraña fe en las palabras; se cree que ellas resuelven los problemas”, nos ha diagnosticado Nicolás Shumway, director de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas, Estados Unidos.
El aserto tiene una increíble aplicación al mundo de la educación de la Argentina: cuanto más se habla menos cosas se hacen. Algo muy parecido ocurre en el plano legislativo, donde la proliferación de leyes tapa su crónico incumplimiento.
Al gobierno provincial le cabe una responsabilidad clave en este frente. Su deber es proveer los recursos necesarios para que el servicio educativo, que es de su competencia, pueda funcionar.
En este sentido, debe extremar los recaudos presupuestarios, en el convencimiento de que la educación no es un gasto sino una inversión necesaria en la que se juega el futuro de la sociedad entrerriana.
Pero el gremio docente tampoco puede esquivar su compromiso ético con la escuela pública, a la cual dice defender. Las huelgas llevadas más allá de cierto límite son contraproducentes para ellos y los chicos.
Como hemos escrito en esta misma columna: los alumnos también aprenden de estas conductas de sus maestros. Además, la gimnasia de la protesta “no ayuda a crear un clima afectivo a favor de la escuela, necesario para recuperar el deshilachado ideal educativo”.
Por eso hacemos votos, desde aquí, para que el gobierno y el gremio docente arriben a un acuerdo, ahora en el verano, a fin de que en Entre Ríos haya un normal comienzo del ciclo lectivo 2009.
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