Obra pública en Gualeguaychú: Crece la incertidumbre en el sector de la construcción

Matías Daniel Venditti


El pasado 21 de diciembre, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la UOCRA en audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio y su gabinete acordaron neutralizar durante 60 días (con posibilidad de prórroga) las obras hasta el momento licitadas y adjudicadas en la provincia. Según señaló el Gobierno, la medida se tomó para poder analizar la situación cuidando a los trabajadores, a las empresas y a la salud financiera provincial. También indicaron que se estudiaría caso por caso para decidir a qué obras se les daría continuidad, con qué financiamiento contarían y cuáles se detendrían. El 27 de diciembre, el espíritu del acuerdo se formalizó a través del Decreto Provincial N°257/2023.
Pasados ya más de 15 días, en Gualeguaychú, el panorama de la obra pública continúa prácticamente sin novedades ni certezas, en el marco de circunstancias político-económicas excepcionales para el país, nuevas designaciones de funcionarios y a la espera de resoluciones que decidan tanto la continuidad o el cese de las obras neutralizadas como el inicio o no de las que aún no estaban en marcha.
Desde la Subsecretaría de Gestión Urbana y Vivienda, la arquitecta Amalia Peroni explicó la situación que afronta la nueva gestión en estos momentos: “Desde el Municipio se están haciendo todas las gestiones para dar continuidad a todas las obras. Estamos constatando todos los avances que estén presentados, todos los certificados. Nosotros queremos tener al día y en carpeta todo lo que nos puedan requerir de Nación o de Provincia. Estamos haciendo las gestiones para que cuando nos digan que se continúa, continuar, y si nos dicen que se paralizan las obras, poder tener los pagos y los certificados al día. Es de nuestro interés darle continuidad a las obras y que sigan viniendo los fondos, pero no podemos aseverar qué se va a continuar o no. Es la intención del Municipio, pero no depende de nosotros”.

Una excepción en la ciudad es la obra que tiene como fin la optimización y ampliación de la planta depuradora y de las redes de efluentes cloacales domiciliarios, las cuales continúan en marcha y presentan actualmente un avance de más del 50%. Este proyecto, perteneciente a la Provincia, cuenta a su vez con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene un monto de contrato que supera los 9,5 millones de dólares. Una vez terminada, se estima que beneficiaría a unas 25 mil familias.
Sin embargo, la realidad para prácticamente el resto de la obra pública en la ciudad -principalmente para la que depende de la provincia- continúa siendo la neutralización temporal, en los marcos establecidos por el decreto. Un ejemplo es la ampliación del Nivel Inicial y puesta en valor de la Escuela Nº 2 "Domingo Matheu" (Peterson es la empresa constructora a cargo), la cual implica un presupuesto oficial de $148.752.740 en concepto de materiales y mano de obra y un plazo de ejecución de 547 días dada la complejidad de las tareas.

También se encuentran neutralizados los proyectos de desarrollo urbanístico 124 viviendas y 42 viviendas, ambos lotes (Arrieta y Marconi, respectivamente) están ubicados en la zona noroeste de la ciudad, pertenecen al programa Casa Propia y son financiados con fondos provinciales en conjunto con el IAPV (el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda). Ambos proyectos fueron adjudicados a Hornus SA, quien también tiene a su cargo las aulas y laboratorios de la Carrera de Veterinaria de la UNER, una obra que, si bien desde la firma mencionaron que no está neutralizada legalmente, hoy tiene un ritmo mínimo y está a la espera de novedades de parte del comitente. También tiene firmado un contrato para la primera etapa de ampliación del sistema de agua potable de la ciudad. Respecto a esta obra, detallaron que se firmó un acta de postergación de su inicio por el decreto.
Sobre los trabajadores de la construcción afectados directamente por la coyuntura, Alejandro Ferrer, presidente de Hornus SA, indicó que “inicialmente son alrededor de 70 puestos de trabajo los que se discontinuaron y están a la espera para retornar”, y que en el caso de que se reinicien y dado que algunas estaban recién comenzando, “podríamos estar en un par de meses con 200 puestos de trabajo que, en el caso de no seguirse las obras, no se generarán”.
“Hay alrededor de 115 empresas que hacen obra pública en Entre Ríos. El panorama de ‘obra pública cero’ pone en jaque el futuro de esas empresas y de su personal de obra, como también el personal de planta técnico-administrativo. Entendemos que la visión que tiene el actual gobierno provincial no es la misma que la de Nación, así que esperamos que las obras puedan retomarse”, expresó Ferrer. Y agregó: “En el caso de nuestra empresa, estamos dispuestos a colaborar, esperar, bajar el ritmo de ejecución, con tal de hacer posible la continuidad de las obras porque para eso estamos, para trabajar y construir y no para especular o litigar. Nuestra industria es generadora de empleo formal por naturaleza, y toda la actividad económica que genera una obra queda en la ciudad, de manera directa o indirecta”.

Por su parte, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Gualeguaychú informaron que la obra de rehabilitación, reconstrucción de calzada y construcción de bicisenda en la Ruta Provincial N°20 (Acceso Norte a Gualeguaychú), se encuentra sin actividades y próxima a neutralizarse, con un avance del 18%. Desde el organismo señalaron que la expectativa está puesta en continuar en marzo.
Sin embargo, desde el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios (MPIyS) de Entre Ríos, el panorama no es muy alentador. Fuentes del ministerio adelantaron en exclusiva a Ahora ElDía que el objetivo trazado por el ministro Darío Schneider y el gobernador Rogelio Frigerio es neutralizar la mayor cantidad de obras en enero para así evitar más costos a la provincia, mientras se arma un plan de retome con criterios de finalización e impacto por dejarlas sin terminar durante tanto tiempo. Asimismo ratificaron que todas las obras tienen la finalidad de ser neutralizadas con excepción de muy pocos casos, como por ejemplo aquellos que se encuentran en porcentajes altos u otorguen un margen de análisis para no neutralizar la obra; para estos se deberá acordar una entrega y ralentización de lo que falte y se evaluará a partir de lo que representa su porcentaje.
Desde el ministerio aclararon que, si bien el ministro expresa que toda obra es importante, considera que debe haber un criterio de finalización para ordenar la afectación de los pocos fondos. Además señalaron que para las obras no iniciadas se evalúa no comenzarlas a fin de evitar “más problemas a los vecinos y erogaciones mayores en deudas, judicializaciones y personal despedido”.
En ese sentido, detallaron que la deuda judicializada o en proceso de judicialización es de casi seis mil millones de pesos y que se calcula el total de deuda provincial en veinte mil millones de pesos.

La voluntad expresada por el ministerio apunta a que, aquellas obras que estén a punto de finalizar, se evalúen en base al criterio del empresario, acordando no neutralizarlas, ni judicializarlas, comprometiéndose a su entrega y a rever una opción de pago. De todas formas, reiteraron que “el criterio general es neutralizar todas las obras para que no generen interés y para evitar la judicialización, que es lo que más costos le va a generar a la provincia”.
Otro dato proporcionado por el ministerio es que se relevaron 41 empresas prestadoras de obras, de las cuales al menos 20 fueron recibidas por Schneider, entre ellas Pitón, Pietroboni y Hornus. 
Hasta el momento, el presente y futuro de la obra pública en Gualeguaychú es incierto. Sus expectativas de continuidad y alcance dependen en lo inmediato de la suma de voluntades, recursos y capacidad de gestión de cada uno de los niveles del Estado en diálogo recíproco y en franca articulación con las empresas constructoras y los actores involucrados.