No a la modificación de la Ley Micaela

Néstor “Yuyo” García

Este 19 de diciembre se cumplieron 5 años de la aprobación en el Congreso de la Nación Argentina, de la Ley 27.499 – Ley Micaela. Y en unos pocos días, el 10 de enero, 5 años de la entrada en vigencia de la misma.

Pero este 27 de diciembre, desde el Ejecutivo Nacional, se envió un proyecto de Ley al Congreso de la Nación, bajo el título “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus, que pretende su modificación. 

Micaela fue víctima de femicidio en abril de 2017 en un caso que evidenció la falta de perspectiva de género por parte de quienes cumplen funciones en el Estado. En el año siguiente, tras un arduo trabajo legislativo, se sancionó la Ley Micaela que establece “…la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.” Fue aprobada por todas las fuerzas políticas que integraban en ese momento las cámaras de nuestra legislatura, con 230 votos a favor y uno en contra (Sumando los votos de ambas cámaras). 

El “Proyecto de Ley Ómnibus” intenta modificar seis (6) artículos de la Ley Micaela, pero la modificación más grave es la modificación del artículo 1° porque afecta el sentido de la Ley. En la modificación propuesta “Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia.”

Lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas aquellas personas “…que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. O sea las personas que integran las áreas de género de cada organismo, que claramente son las que más perspectiva de género tienen. Ya no sería obligatoria para la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes.

La Ley Micaela (Ley 27.499), se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado, si la tuvieran. El Juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no “se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia”. Las personas (agentes del Estado) que el día previo al femicidio de Mica, no tomaron una denuncia por intento de violación del femicida de Mica, a una niña de 13 años, tampoco “se desempeñaban en la función pública en un organismo competente en la materia”.

Muchos de los femicidios, ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias (Policías, agentes judiciales, etc.) Ninguno de ellos “se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia”.

Además de que no es lo mismo la _Violencia Familiar_ que la _Violencia por Motivos de Género_, que pretende modificarse. Hay una intención clara de no intervenir, desde la capacitación, sobre la violencia de género, institucional, laboral o política, que es frecuente en ámbitos estatales, gremiales, empresariales, etc.

Todas las provincias argentinas han adherido a la Ley Nacional y muchos municipios también, también el conjunto del sistema público universitario, sindicatos, empresas e instituciones deportivas.

Al modificarse la Ley Micaela, se estaría incumpliendo también con dos tratados internacionales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene rango constitucional por el artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución, por lo que estaría incumpliéndose con la misma. El otro tratado es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará.

Creemos en el rol del Estado en la promoción de derechos y la prevención de las violencias.

Deseamos y trabajamos por la libertad y, por esa razón, creemos en la importancia de perspectiva de género. Libertad es salir a las calles y no tener que soportar acoso. Libertad es no temer a habitar el espacio público. Libertad es la que cercenaron a Micaela y a tantas otras.

Muchas personas que hoy son legisladoras, lo fueron en aquel momento. No creemos que puedan “Borrar con el codo lo que escribieron con la mano”.