Causa Potenciar Trabajo: Entregaron los alimentos incautados en múltiples allanamientos

En septiembre, el Juzgado Federal de Gualeguaychú llevó a cabo los primeros 23 allanamientos a domicilios de referentes sociales por denuncias de supuestas extorsiones a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que fueron reportados a partir de la línea 134 que, ofrece a partir de diciembre del 2023, el Ministerio de Capital Humano de la Nación. 

En este marco, hace 10 días se volvieron a efectuar una nueva serie de allanamientos en el marco de la investigación y que tuvieron su réplica en simultáneo en Buenos Aires.  A raíz del procedimiento, resultó detenida Carina Izaguirre, referente local del Movimiento Cuba MTR, bajo la sospecha de corrupción en la administración del plan Potenciar Trabajo y de ayuda social. La acusada prestó declaración indagatoria ante el Juez Federal Hernán Viri y negó las acusaciones en su contra. La Justicia rechazó el pedido de excarcelación y fue trasladada en forma preventiva a la Unidad Penal Nº 9.

Desde el Juzgado Federal manifestaron que a partir de las investigaciones efectuadas se comprobó que “en los movimientos sociales Cuba MTR, Evita y UTEP, algunas de sus líderes exigían un monto de dinero de aproximadamente un 10% de lo que les correspondía a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo (el porcentaje dependía de cada caso). Y no sólo eso, sino que también les exigían a los beneficiarios la entrega de dinero a cambio de darles los bolsones de mercadería que brindada el Estado Nacional”.

“Además, también se les exigían que concurrieran a las marchas, a los cortes, a los acampes –tomando lista de asistencia- y que debían realizar actividades proselitistas (entrega de boletas y venta de rifas) bajo amenazas de dar de baja los planes y negarle la entrega de la mercadería en cuestión”, aseveraron.

Durante los operativos mencionados, se secuestró un importante número de alimentos que los dirigentes sociales tenían en su posesión, y que fuera “moneda de cambio”, de acuerdo al modus operandi extorsivo que ilustró la Justicia, todo lo cual fue secuestrado por el Juzgado Federal y puesto a disposición del Ministerio de Capital Humano.

Fue Vanesa Galop, responsable de la Coordinadora de Comedores Escolares del Departamento, quien representó a la Provincia en el operativo de entrega de los productos alimenticios decomisados en los allanamientos: “Conmigo se comunicó Verónica Berisso, Ministra de Desarrollo Humano, y me dijo que como representante y funcionaria de la Provincia en Gualeguaychú, me tenía que hacer presente en Gendarmería para la entrega de alimentos que Nación donaba a Entre Ríos en el marco de la causa Potenciar Trabajo, y que debían ser donados al Municipio local”, puntualizó. 

El acta labrada durante la entrega expresa que los alimentos “son entregados en las mismas condiciones en las que fueren habidos acompañados de su correspondiente cadena de custodia, conforme siguiente detalles: que la ciudadana Lorena Wetzel, quien se desempeña como Trabajadora Social perteneciente a la Subsecretaría de Innovación y Economía Solidaria del Ministerio de Capital Humano, recibe los alimentos que disponibles y/o aptos para consumo. Se deja constancia que, en este mismo acto, la mercadería mencionada es entregada a la ciudadana Carolina Vanesa Galop, quien se desempeña como Coordinadora de Comedores Escolares, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Entre Ríos”.

Además, en la misma, se deja constancia que “seguidamente la ciudadana Carolina Vanesa Galop, hace entrega de los elementos a Juan Ignacio Olano, quien se desempeña como Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Gualeguaychú, quien a su vez se compromete a realizar la entrega de los alimentos, antes de la fecha de su vencimiento, garantizando una distribución adecuada”.

La mercadería decomisada 
Son 1.301 productos alimenticios los entregados a la Secretaria de Desarrollo Humano. Entre ellos, se encuentran 69 dulces de diferentes sabores y presentaciones, 114 harinas, 410 paquetes y latas de legumbres, 135 aceites, 34 yerbas, 79 polentas, 54 leches en polvo, 14 paquetes de fideos y 65 de arroz, 36 kilos de azúcar, 163 purés de tomate, 29 paquetes de galletitas, 45 paquetes de pasas de uva, 37 litros de leche chocolatada, 7 paquetes de sémola y 10 cajas de té. 

Al respecto, Vanesa Galop señaló que de lo entregado, sólo están próximas a vencer  13 cajas de leche chocolatada (el 7 de enero) y 12 purés de tomates (el 27 de enero). El resto de la mercadería tiene fecha de caducidad recién para el 2027. 

Más detalles de la causa
Como parte de las indagaciones, el Juez Federal Viri dispuso abrir una investigación patrimonial con relación a los denunciados, y en ese marco “se pudo constatar la existencia de una gran cantidad de transferencias bancarias por parte de los beneficiarios de los planes sociales a las referentes de los movimientos locales de Gualeguaychú para pagar el porcentaje antes dicho.  Más aún, muchas de esas transferencias también se les realizaban a los familiares de las referentes, quienes se encargaban de la administración de dichos fondos”, sostuvieron, y ejemplificaron: “para tener una real dimensión de la maniobra ilícita, solamente a uno de los hijos de la principal investigada se le transfirieron desde 2020 hasta 2024 la suma de $51.000.000 –eso únicamente en una billetera virtual-, con lo cual si se tienen en cuenta todas las otras modalidades de “pago” y a todas las otras referentes, se estima que los montos son muchísimo mayores”.

“Además, también surgió de la investigación que hubo reiteradas transferencias de parte de las referentes de Gualeguaychú hacia una importante referente social nacional, con asiento en La Matanza, Pcia. De Buenos Aires, por grandes cantidades de sumas de dinero”, expresaron desde la Justicia Federal.

“Además, la principal investigada a pesar de encontrarse registrada únicamente como pensionada, adquirió 3 vehículos 0km entre 2022 y 2023 y terrenos. También, se demostró que el nivel de vida de las investigadas, como de su círculo familiar, era muy alto y totalmente incongruente con los ingresos declarados y que podían demostrar”, sentenciaron.

Pese a ello, y tras efectuarse los allanamientos correspondientes, “las referentes de las organizaciones sociales antes mencionadas continuaron cometiendo los mismos ilícitos, pero cambiando el procedimiento. Ahora las líderes de los movimientos sociales cobran el dinero en efectivo del pago compulsivo -a condición de no perder el plan-, para que de tal forma no quedaran registradas las operatorias con las transferencias bancarias (como sí había sucedido antes)”, revelaron desde la Justicia Federal. 

“Fue por eso que se realizaron a primera hora del 18 de diciembre, 13 nuevos allanamientos para poder interrumpir definitivamente dichas actividades ilegales, el secuestro de prueba referida a nuevos investigados de las organizaciones sociales y se dispuso la detención e incomunicación de la principal investigada, para que del mismo modo cesaran con las amenazas y los cobros a los beneficiarios de los planes sociales”, argumentaron, y agregaron que “uno de esos allanamientos se llevó a cabo en la localidad de La Matanza, lugar donde residía la referente nacional antes referida, habiendo dado resultado positivo tal procedimiento”.