Luciano Peralta

La inmensa mayoría de quienes hoy somos personas adultas no hemos recibido nunca educación sexual integral, más allá de alguna clase especial en algún momento de la secundaria. Esta es una realidad objetiva. Tanto como las consecuencias que, en la actualidad, genera esa falta de educación.

El Estado argentino se hizo cargo de esta falencia hace apenas 15 años, cuando se aprobó la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Desde ese momento, el programa de ESI estableció que todos los estudiantes tienen derecho a recibirla en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada del país. Sin dudas, un enorme logro de la legislación argentina.

Ahora bien, por un lado, es necesario comprender que la ley (más allá de las dificultades para implementarla, sobre todo en instituciones religiosas) aporta a la formación de sólo una porción de la sociedad. Que, justamente, no somos aquellas personas consideradas adultas. Basta con comparar la información que, en general, tiene alguien de 20 años, que a lo largo de su recorrido pedagógico tuvo ESI, con alguien que jamás contó con esa herramienta. La diferencia es tremendamente grande. Igual que la que existe entre aquellas personas a las que se les enseñó inglés durante toda esta etapa y quienes jamás tocaron un libro de idioma. Lógicamente, la brecha de conocimiento entre una y otra es más que importante.

Con una salvedad: Ningún idioma evita prácticas discriminatorias, abusos, estigmas, violencias de todo tipo y, en el extremo, asesinatos. La ESI, sí. Por otro lado, sería parcial e incompleto demandarle solamente al sistema educativo, y a las personas que lo conforman, estar a la altura de la legislación nacional. Los abusos hacia infancias y adolescencias son una consecuencia lógica de todo un sistema que vulnera, todos los días, los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La escuela tiene que profundizar la ESI, sí. Pero también los administradores de justicia deben hacer su parte; los comunicadores de los medios de comunicación, también. La política, las instituciones civiles y, en definitiva, la sociedad toda debe avanzar en este sentido. Si no es así, las consecuencias seguirán siendo nefastas.

Mala Fama y cancelación

“Yo en esa imagen no veo un abuso. Se lo compartí a tres personas que trabajan la temática y la conclusión fue la misma: que no veíamos esa certeza que se había puesto en las redes sociales acusándolo”. La declaración es de Mariana Carbajal, periodista especializada en género. Esta reflexión llegó dos días después de que los y las usuarias de las redes sociales y los medios de comunicación hayan viralizado el video en el que Hernán Coronel, cantante del grupo de cumbia villera Mala Fama, está tocando a su nieta por debajo de la remera. El repudio fue instantáneo, y la acusación de abusador también.

El año pasado, el periodista Joaquín Sánchez Mariño escribió una excelente nota sobre la cultura de la cancelación. En la misma, Gael Policano Rossi, conocido en redes como AstroMostra, explicó: “Un montón de minorías, que saben que nunca van a tener justicia porque es lo que les muestra la experiencia, encuentran en esto una justicia inmediata. Por otro lado, si todos cancelamos a un artista porque nos enteramos que hizo algo terrible como abusar de menores, todos sentimos una gratificación por esa idea de justicia instantánea. Sin embargo, uno de los grandes problemas de esto es la esencialización: pasar del alguien dijo algo que puede ser problemático, a ese alguien es problemático. Por ejemplo, Lali usa rastas o un look que supone una apropiación cultural de un grupo afro… Ahí sucede la esencialización y Lali pasa a ser racista de pronto, aunque no lo sea”. 

A esta altura queda claro que, a pesar de las bondades que pueden llegar a ofrecer, las redes sociales atentan con cualquier tipo de planteo profundo y serio, sea sobre el tema que sea. Sánchez Mariño, en ese mismo artículo publicado en Infobae, lo ejemplifica de esta manera: “Si en el siglo XX la escuela de Frankfurt habló de la industria cultural y la reproducción mecánica de obras de arte, en el siglo XXI lo que se reproduce no son pinturas sino ideas. Con una gravedad añadida: no solo se pierde el encanto del original, esa diferencia sustancial acaso difícil de apreciar, sino también se pierde su forma. Lo que se reproduce es una representación de las ideas, y como en toda representación, algo queda afuera”.

“En muchas ocasiones, la cultura de la cancelación repercute en campañas contra artistas o pensadores. No solo contra su persona sino contra su obra, ocasionando no solo un ataque moral sino obviamente económico. Al mismo tiempo, quedó dicho, muchas veces genera lo contrario: una corrida de cancelación puede derivar en un repunte en las ventas de la persona cancelada”, reflexionó el periodista.

El caso que disparó esta nota -el video del Mala Fama- parece encajar en las características descriptas más arriba. Esa falta de justicia, a la que hace referencia Rossi, y esa necesidad de alcanzar la “justicia inmediata”, parecen ser suficientes para apuntar, condenar y cancelar. De hecho, el escrache y la condena social fue mucho más potente que el cuidado hacia la menor, porque el video tuvo miles de réplicas y, en algunos casos, ni siquiera fue tomada la delicadeza de tapar la cara de la niña. El resultado: El “escándalo” mediático, que tanto rinde en audiencias deseosas de morbo, y la revictimización de una nena de apenas 9 años. Haya o no sufrido abuso.

“No había visto el video hasta que me lo mandaste. Es muy limitado, es una escena muy limitada, no conozco al tipo ni nada de lo que está alrededor”, expresó, al ser consultado para esta nota, el ex juez Federal, referencia en Derechos Humanos y abuso contra las infancias, Carlos Rozansky.

“Me hizo acordar al video de Mauricio Macri con la nena que sienta en su falda y apresta contra su cuerpo. La nena se resiste, como es lógico, ante este desconocido. Y él le dice dos veces ‘ya te vas a aflojar, ya te vas a aflojar’. Esa escena es mucho más fuerte (que la de Mala Fama), es una escena explícita de invasión. Por eso la asocié inmediatamente cuando vi el video”, reflexionó. Rozansky es autor de la ley Nº 25.852 que reformó el Código Procesal Penal de Argentina para regular la declaración de niños abusados en sede policial y judicial. Además, presidió el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata que en 2006 condenó al comisario de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, por delitos de lesa humanidad, así como al ex capellán policial Cristian Von Wernich, en 2007. También es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, y fundador de la Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (Asapmi).

“El delito contra las infancias tiene particularidades distintas a la de cualquier delito. Eso es lo principal. Si no se tiene en cuenta esto se va a errar el camino, tanto de la investigación como de la comunicación. Este delito sucede dentro de cuatro paredes, no se conoce afuera; no se da sólo una vez, generalmente, se continúa en el tiempo, lo que le da una especial particularidad sobre el efecto que va teniendo en la víctima. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, imposibilitados de hacer saber lo que les pasa. Cuando pueden, lo hacen saber, pero en el marco del trauma que sufrieron”, explicó el autor del libro “Silencia o denunciar”.

“Entonces, si en la investigación no se tienen en cuenta estas cosas, va a pasar, como sucede en el derecho penal tradicional, que cuando una víctima se contradice se pone en duda el hecho. Pero en el caso de este tipo de abusos es exactamente al revés: las contradicciones son lógicas, por la edad y lo traumático de la situación. Este no es un tema menor, porque en la Facultad de Derecho quienes van a ser abogados son formados sin tenerse en cuenta las particularidades que tiene el abuso sexual en las infancias”, cuestionó. Y continuó: “Una vez que salen de la facultad y van asumiendo cargos, como los de fiscales y jueces, siguen reproduciendo esa formación en derecho penal que mete a todos los delitos en una misma bolsa”. 

Sobre la situación actual del Sistema Judicial, Rozansky considera sumamente necesario “mejorar los sistemas de selección para evitar que tanto varones como mujeres misóginas puedan acceder a cargos desde donde deciden la vida de los niños, las niñas y los adultos”. 

“Te doy un ejemplo, así queda claro: El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal se llama Gustavo Hornos. Hace muchos años, cuando todavía no era juez, era secretario, fue denunciado por su esposa, por lesiones. Le pegó, ella lo denunció, se constataron las lesiones, pero, sin embargo, el juez que intervino lo sobreseyó. Lo interesante de la anécdota es que quien lo sobreseyó, pese a haber prueba, se llama Remigio González Moreno, quien, hace tres años, fue condenado por desfigurarle la cara a golpes a su esposa”. Rozansky es el autor de las modificaciones que en 2004 se hicieron efectivas en el Código Procesal Penal de la Nación, en lo que tiene que ver con la toma de declaración a un o una menor.

“Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes, designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes”, sostiene la norma. “A los menores no se los interroga, se los entrevista”, diferenció el autor de la modificación que, en sus palabras, “sacó a los chicos de los juicios”. Y que “no necesariamente tiene que ser (a través de) cámara gesell, puede ser a través de un sistema de videograbado, pero que preserve al menor”.

“Hasta ese momento se llevaban a los chicos a los juicios, se los sentaba ante desconocidos y se les preguntaba cosas sobre su intimidad, que, por este mismo contexto, no podían contar”, recordó. Y, en línea con el título de su libro, enfatizó: “No hay término medio. Este tipo de crímenes, o se denuncian o quedan silenciados, como sucedió a lo lago de los siglos. Afortunadamente, más allá del negocio que montan quienes defienden a los abusadores, cada vez hay más gente en nuestro país defendiendo los derechos de niñas y niños, y cada vez el Estado entiende que esto es su obligación, no es una opción”.

“Las herramientas están, pero se tiene que cumplir la ley. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene absolutamente todos los elementos para que los chicos estén protegidos. Argentina lo puso en su Constitución con la máxima jerarquía, en 1994. Por lo tanto, no hay ninguna excusa legal para proteger a los niños, niñas y adolescentes, es cuestión de cumplir la ley”, enfatizó.

Los Monstruos no existen

Osvaldo Fernández Santos es perito psicólogo en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, y trabaja con la problemática de abusos hace muchos años. Al igual que Rozansky reconoció no haber visto el video que disparó esta nota y coincidió en tomar distancia de las posturas condenatorias.

“El video es desagradable, inapropiado, pero de ahí al abuso sexual… no me parece”, expresó, consultado para esta nota. “Hay que ver si el escándalo generado por este video tiene que ver con cierto crecimiento de la conciencia social sobre los derechos de niñas y niños (cosa que no creo), o con la necesidad de apuntar a este cantante, no lo sé. Quizá esta persona sea una abusadora o, simplemente, un representante de los valores de una cultura machista y patriarcal, donde el cuerpo del niño o la niña poco importa, no importa qué le pasa, que siente o cómo está”, apuntó. 

“El abuso sexual contra las infancias es la definición de lo siniestro. Lo siniestro tiene que ver con situaciones en las que lo familiar, de repente, se torna terrorífico. Y la defensa psíquica que se activa contra eso es la negación, que no es más que tomar noticia de algo, pero no conciencia. Entonces, cualquier explicación negadora del asunto favorece el funcionamiento subjetivo de la conciencia tranquila. Ahí aparecen respuestas muy comunes, como: esto sólo lo hacen los monstros, los pibes mienten o la madre es una loca que le mete esas ideas en la cabeza”, apuntó Fernández Santos. Y contó que “muchos casos se han develado a partir de que las niñas, sobre todo, porque son las más abusadas, han recibido alguna clase de ESI. El abuso es tremendamente traumático para la víctima, y al recibir información de un tercero, generalmente respetado como puede ser una docente, le ayuda a organizar y entender lo que le está pasando. Es ahí cunado recién puede hablar”.

La ESI es un derecho

Florencia Silio es una de las coordinadoras del Plan de Educación Sexual Integral (ESI) en el departamento Gualeguaychú. En diálogo con ElDía, remarcó la importancia de la Resolución 340/18, donde se estipulan los cinco ejes que lo conforman: El cuidado del cuerpo y de la salud; la valoración de la afectividad; el reconocimiento de la perspectiva de género; el respeto por la diversidad; y el ejercicio de nuestros derechos. Cada uno de estos ejes está adaptado para las edades, desde los 4 años hasta los y las adultos que están finalizando el secundario. 

“La ESI se trabaja en todos los niveles: inicial, primario, secundario y adultos. Y está planteada como una propuesta curricular, obligatoria y transversal. Todas las asignaturas deben, o deberían, abordarla”, explicó. Al tiempo que recordó que “el abuso sexual es un delito de instancia pública”, por lo que “el Estado deberá investigar de oficio cualquier caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes". “Es a través de la escuela que el Estado asume esa obligación, esa tarea de protección y prevención. Hay que tener en cuenta que el 80% de los abusos son intrafamiliares o convivenciales. Ese menor tiene derechos, entonces, cuando no se los otorgan los adultos responsables, es el Estado quien debe garantizarlos”, remarcó Silio.

“En jardín se aprenden las partes del cuerpo; cómo llamar a la genitalidad; por qué esa parte del cuerpo no puede ser tocada por un adulto; cuáles son los secretos buenos, cuáles los secretos malos; quiénes son las personas de confianza, que son las personas que te hacen bien, y que no siempre son mamá, papá, abuelo o abuela”, explicó la coordinadora departamental. Y puntualizó sobre la importancia de trabajar las “medidas de autoprotección”, mediante “canciones, juegos, cuentos o reuniones grupales”.

“Para un niño decir oreja, decir cola o vulva es lo mismo, son todas partes del cuerpo. La carga sexual se la da el adulto. Los menores deben nombrar cada parte del cuerpo como se llama. Porque si algún adulto lo toca debe saber comunicarlo. La vulva no debe ser tocada, eso lo tiene que saber, por ejemplo. No es lo mismo que tengan las herramientas para hacerlo a que no las tengan”, diferenció. Y, al ser consultada por el accionar institucional ante una situación de abuso, explicó que “la escuela es informante, no denunciante”.

En este sentido, la coordinadora de Políticas Integrales del Consejo General de Educación (CGE), Nora Romero, contó que “ante una situación de abuso, quien tome conocimiento dentro de la escuela, sea la cocinera, un maestro o maestra, la persona que sea, debe comunicarlo para que se confeccione n informe de sospecha. El mismo registra todos los datos filiatorios; allí se escribe el reato que ha sido contado por la niña, niño o adolescente; se ponen también otros datos o señales que la institución educativa pudo haber registrado en la trayectoria de esa persona, y ese informe de sospecha debe ser elevado a la defensoría pública en turno”.

De esta manera se activa el protocolo de actuación en casos de abuso infantojuvenil, creado en Entre Ríos en 2009, y de aplicación obligatoria para todos los organismos del Estado provincial. “Una de cada cinco niñas han sufrido abuso sexual en la infancia; y uno de cada nueve niños. Y no todos hablan. Por eso hay que habilitar esos espacios de escucha. Es elemental que, en las escuelas, en todos sus niveles, se habilite la palabra. Cuando eso pasa los niños se expresan”, aportó Silio.

A modo de cierre, aunque es muy difícil poner el punto y aparte en una temática tan compleja, transcribo algunos párrafos de la Guía de abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes de UNICEF: 

“El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro NNyA) o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo”, establece el documento.

“La interacción abusiva, que puede ocurrir con o sin contacto sexual, incluye: manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales; coito interfemoral (entre los muslos); la penetración sexual o su intento, por vía vaginal, anal y bucal, aun cuando se introduzcan objetos; el exhibicionismo y el voyeurismo”, entre otras.

“El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia. A pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. A diferencia del maltrato físico –cuyo diagnóstico depende de la posibilidad de ver las lesiones– y de la negligencia adulta hacia el bienestar infantil –que se diagnostica al ver niños privados de los cuidados parentales básicos (desnutridos, noescolarizados, sin cuidados médicos básicos, entre otras formas de vulneración de sus derechos) –, la detección del niño que fue o está siendo víctima de abuso sexual depende de escucharlo para saber qué pasó”, sostiene la Guía de UNICEF.

“La importancia de escuchar al niño cuando toma la palabra radica en que su descripción frecuentemente es la más importante, poderosa y, en muchas ocasiones, la única evidencia del abuso cometido en su contra. Por ese motivo, es imprescindible prestarles atención, privacidad y escucharlos sin juzgarlos”, propone el documento.