POR QUÉ SE DEMORÓ EL PROCEDIMIENTO
Luego de una larga negociación, trasladaron a Gustavo Rivas a la Unidad Penal 9 en El Potrero
El abogado condenado por abuso sexual y corrupción de menores fue trasladado por una comisión del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que lo buscó en su domicilio, donde cumplía con prisión domiciliaria. Hubo una larga negociación y finalmente lo trasladaron en un vehículo con vidrios polarizados para evitar la presencia periodística.
Pasadas las 15 horas, una comisión del Servicio Penitenciario de Entre Ríos se hizo presente en el domicilio de Gustavo Rivas ubicado en Mitre 7, donde el abogado condenado por abuso sexual y corrupción de menores se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria.
Sin embargo, durante más de 20 minutos los oficiales hicieron sonar los timbres tanto de la vivienda como del estudio jurídico de Rivas sin obtener respuestas. Luego de varios minutos de espera, el propio Rivas abrió la puerta de su domicilio y de inmediato se hizo presente también uno de sus abogados, Eduardo Vera, que ingresó a la casa junto a dos oficiales del SEP y el alcaide mayor Luis Hernán Viola, quien se encuentra a cargo de la UP9.
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Inicialmente, el abogado de Rivas sostenía que no correspondía el traslado por la sentencia no estaba firme, sin embargo las autoridades del Servicio Penitenciario se mantuvieron firmes e hicieron cumplir el oficio emanado de la Justicia, en el cual se indicaba el “Inmediato Traslado” de Rivas a la UP9.
Luego de un largo tiempo de deliberaciones, se determinó trasladar a Rivas en otro vehículo, no en la combi del Servicio Penitenciario que había llegado para tal fin, ingresando el auto al garaje de la vivienda buscando evitar que el periodismo pudiera tener acceso al momento en que Rivas era trasladado.
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Finalmente, pasadas las 16.10 en una camioneta Citroen Berlingo con vidrios polarizados, que conducía el alcaide mayor Luis Viola, se produjo el traslado de Rivas, que fue esposado y ubicado en el asiento trasero.
Cabe recordar que Gustavo Rivas fue condenado a una pena de 23 años de prisión, al unificarse las resoluciones judiciales en 8 delitos por abuso sexual y corrupción de menores.