Los Centros de Atención Primaria perdieron $900 millones en un año por el no reintegro de las obras sociales

Actualmente, el Sistema de Salud Pública, tanto local como provincial, sufre una sangría de fondos que en la actualidad suenan como recuperables pero que, por el contrario, se pierden en el mar de la burocracia. Se trata de la dificultad que tienen los efectores públicos, como por ejemplo el Hospital Centenario, y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para poder cobrarle a las obras sociales las atenciones que les brindan a sus afiliados.

Debido a que la Salud Pública viene de la mano de una gratuidad del servicio, que es sostenido por parte del Estado, los diferentes efectores buscan que las atenciones que se realizan personas que tienen cobertura médica sea la institución a la que derivan sus aportes la encargada de cancelar los costos que se invirtió.

Para dar un ejemplo, durante el año pasado en la totalidad de los Caps se realizaron 285.000 atenciones (recordemos que una misma persona puede recibir o necesitar varias atenciones a lo largo del año), y de este total, el 20% de las atenciones fueron para afiliados del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), el 15% pertenecen a afiliados del PAMI y un 10% más a personas que perteneces a la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac). 

Entre las tres tuvieron el 45% de las atenciones, o lo que es lo mismo, alrededor de 128.000 atenciones fueron a afiliados de algunas de estas tres obras sociales y cuyos costos fueron cubiertos por el Estado y no por las instituciones. Según informaron a Ahora ElDía fuentes cercanas a los encargados de las finanzas del Sistema Público local, esto equivale a 900 millones de pesos que no se pudieron cobrar de las obras sociales.

“Casi la mitad de las 285.000 atenciones no fueron remuneradas, sino que fueron cubiertas por el Estado municipal y provincial. Tan sólo del Iosper, que es el que mayor cantidad de afiliados son atendidos por nuestro sistema, equivale a 400 millones de pesos”, aseguraron a este medio.

Buscar una solución

A mediados de la semana pasada, una comitiva de la Secretaría de Desarrollo Humano viajó a Paraná para abordar esta problemática. En este contexto, el secretario de Desarrollo Humano Juan Ignacio Olano y el subsecretario de Salud Pablo Alfaro se reunieron en la capital entrerriana con autoridades del Iosper para lograr un acuerdo que subsane esta problemática.

El objetivo que se firme un convenio con la obra social entrerriana para que comience a pagar los costos de las atenciones que se les brinda a sus afiliados. Este espacio de negociación se consiguió luego de que el gobernador Rogelio Frigerio interviniera el organismo y designara a Mariano Gallegos como interventor y a Marina Alegre como subinterventora.

“Se tendría que firmar un convenio a nivel provincial con el sistema de salud público, pero lo que pasa es que hay algunos grises porque el Ministerio de Salud entrerriano quiere con este acuerdo hacer un arancelamiento, pero no solo con los hospitales públicos sino también con los centros de salud”, manifestó Alfaro sobre las negociaciones que están en marcha.

Sin embargo, la herramienta de los convenios sería más un parche que una solución definitiva: si cada sistema de salud municipal tiene que asegurarse llegar a un acuerdo con cada una de las redes sociales, las soluciones en este caso serían engorrosas de alcanzar. Muchas negociaciones que, al mismo tiempo, no garantizan un funcionamiento adecuado para el reintegro.

La solución definitiva, en este caso, se encuentra en la Legislatura de Entre Ríos a través de la sanción de una Ley Provincial que brinde las herramientas necesarias para poder cobrar el servicio sanitario a las obras sociales, entre otras entidades encargadas de los seguros de salud para las personas.

En este sentido, hay dos proyectos de Ley que fueron presentados. El primero es el  de Ley de Arancelamiento y Recupero Financiero del Sistema de Salud Provincial, una iniciativa que fue presentada en 2022 por los entonces senadores provinciales Horacio Amavet y Jorge Maradey, este último en representación del Departamento Gualeguaychú. 

Esta ley busca que los establecimientos de salud públicos de la provincia cobren por los servicios que brindan a las personas beneficiarias de los subsistemas de salud, como por ejemplo Obras sociales, Mutuales, Empresas de medicina prepaga, Seguros de accidentes y Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART). 

En otras palabras, esta iniciativa busca que los establecimientos de salud públicos cobren por los servicios que brindan a las personas beneficiarias de los subsistemas de salud. Este proyecto tuvo media sanción en abril de 2022, pero no llegó por ahora a tratarse en la Cámara de Diputados.

El Segundo proyecto fue presentado en octubre del año pasado por el Ministerio de Salud y el mismo se denomina Recupero de Costos de Financiamiento de Servicios de Salud, mediante la cual se buscará establecer el mecanismo para el recupero de los costos de servicios de salud brindados por los establecimientos sanitarios públicos provinciales a los diversos financiadores de salud (obras sociales, prepagas, ART, aseguradoras, entre otros) por prestaciones brindadas a sus afiliados y/o asegurados.

De esta manera, mediante la emisión de un certificado de deuda que tendrá carácter de título ejecutivo, tanto los efectores del sistema de salud provincial o municipal podrán facultar a la Fiscalía de Estado a iniciar el proceso judicial correspondiente para su pago en caso de que se produzca algún incumplimiento.

Los dos proyectos de Ley tienen estado parlamentario, y ambos están vigentes a ser considerados para su tratamiento. Actualmente, son  la Comisión de Salud y la Comisión de Legislación los que analizan los detalles de los mismos y está en sus manos que lleguen a ser tratados en los recintos. 

Mientras tanto, los sistemas de salud público financiarán los costos de las atenciones de todas las personas por el principio de gratuidad que brinda el Estado. Sin embargo, se tienen que poner en marcha las clavijas del sistema para que se pueda poner en marcha el recupero de costos de financiamiento de servicios de salud, un proceso absolutamente necesario para que los hospitales y los CAPS puedan recuperar los gastos incurridos en la atención de pacientes con cobertura sanitaria y, de esta manera, garantizar la sostenibilidad del sistema y la continuidad del servicio.