REFORMA JUDICIAL
Las especulaciones que hay en torno al nombramiento del sucesor de Castrillón
La salida de Emilio Castrillón habilitó una nueva vacante en el Superior Tribunal de Justicia. Voceros oficiales dejaron trascender que aseguran que el gobernador se encuentra ante la disyuntiva de nominar al reemplazante o achicar el número de integrantes del alto cuerpo.
El Poder Ejecutivo mantiene el suspenso sobre la vacante que abrió la salida de Emilio Castrillón en el Superior Tribunal de Justicia (STJ); y en el entorno del gobernador Gustavo Bordet dicen que no tiene apuro; dicen incluso que está no pensando tanto un nombre como la posibilidad de introducir una reforma estructural. ¿Podría modificarse la composición del Superior Tribunal de Justicia? Es una posibilidad. Hace unos días, la ministra Rosario Romero dijo en una entrevista con el programa En el dos mil también (FM Litoral) que “el gobernador está preocupado por la situación de la pandemia. La vacante en el Superior Tribunal de Justicia no es un tema que quiera definir de inmediato, va a meditar y lo hará sobre varias cosas que tiene pensadas respecto del Poder Judicial” y aquí lo más inquietante: “El STJ tiene una herramienta que es la designación de un suplente por tiempo y luego el gobernador decidirá cuál es la medida que va a tomar y a quién va a proponer, si es que va a proponer a alguien para ese lugar”. Las especulaciones que la ministra abrió ante un micrófono fueron confirmadas en off the record por otro funcionario que integra la mesa chica del mandatario provincial: Bordet está pensando en las dos alternativas, si proponer a alguien y a quién proponer. No es la primera vez que Bordet analiza una reducción en el número de vocales. Se especuló con esa posibilidad cuando se produjo la salida de Carlos Chiara Díaz, pero en aquel momento quedó en stand-by. En otra ocasión el propio gobernador llegó a manifestárselo a integrantes del Colegio de la Abogacía. Y ahora, con la escandalosa salida de Emilio Castrillón, vuelve a tomar fuerza en la cabeza del gobernador. La actual integración del STJ con nueve vocales, rige desde 1988, cuando se aumentó el número que antes era de siete, a instancias del entonces gobernador Jorge Busti, se estableció la división en tres salas de tres integrantes cada una y comenzó a gestarse una “amigable” composición de la Sala Penal. Incluso hasta 1985 funcionaba con cinco miembros. El único límite que fija la Constitución Provincial es que el alto cuerpo estará compuesto “por un número impar de miembros que no podrá ser inferior a cinco” y aclara que “podrá dividirse en salas”, pero no lo impone de manera taxativa. Al día de hoy, solo tres provincias mantienen un tribunal superior con nueve miembros: Entre Ríos, Misiones y Jujuy. Y para modificar la composición del alto cuerpo es necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. La idea no es nueva ni es exclusiva del gobernador. En 2017, tras la salida de Chiara Díaz, circuló un borrador de un proyecto del vocal Bernardo Salduna donde se planteaba “la necesidad de reducir el número de miembros” del STJ a siete y la eliminación de la Sala Penal. “Creadas las Cámaras de Casación Penal –una con asiento en la ciudad de Paraná y la otra en Concordia–, este órgano es la máxima instancia revisora en el orden penal de la provincia, habiendo una cierta superposición con la Sala Penal del STJ, la que queda con una vía residual vía de impugnación extraordinaria”, explicaba el magistrado. Para evitar sentencias contradictorias, aclaraba Saluna, el pleno del tribunal tendría la potestad de unificar la interpretación de la ley penal en caso de disidencia. Aquel proyecto de Salduna planteaba además algo que por estas horas analiza el gobernador Bordet sobre la conveniencia eliminar la potestad del Poder Ejecutivo para disponer a qué sala será destinado el nuevo vocal que se elija cuando se produce una vacante –impuesto por Busti en 2004– y conceder esa atribución al propio STJ. Lo cierto es que ahora Bordet maneja al menos dos opciones para achicar el STJ. Castrillón renunció el 7 de mayo, con una jubilación concedida en tiempo récord mientras tramitaba un pedido de juicio político por mal desempeño. El Poder Ejecutivo no tiene plazos para nominar al reemplazante, pero si no lo hace dentro de los treinta días posteriores, el STJ podrá designar a alguien en forma transitoria. El último antecedente de una designación en esas condiciones fue el de Juan Ramón Smaldone, en 2009, aunque luego el entonces gobernador Sergio Urribarri mandó su pliego y recibió acuerdo del Senado. Pero hubo situaciones similares en años anteriores. Bordet no esperó tanto para nominar a Miguel Ángel Giorgio en reemplazo de Chiara Díaz ni a Martín Carbonell en el lugar de Leonor Pañeda. No hay fechas límite, pero conviene marcar en la agenda el 7 de junio. Mientras tanto, la lista de postulantes –por la nueva ley de paridad integral, el lugar vacante debería ser ocupado por una mujer– es larga y variopinta. Podría ocurrir que Bordet deje pasar el tiempo y no nomine a nadie; y, en cambio, envíe un proyecto a la Legislatura proponiendo reducir el número de miembros del STJ en forma progresiva hasta que queden siete integrantes. O podría postular a alguien. Entonces se activaría el Plan B. En el palacio de tribunales –y también enfrente– dan por descontado que más temprano que tarde habrá otras dos nuevas vacantes, por la jubilación inminente de Bernardo Salduna y Germán Carlomagno. Podría ser a fin de año, aventuran algunos voceros tribunalicios. Si eso ocurriera, le dejaría el camino allanado al gobernador para concretar su anhelada idea de achicar el STJ sin necesidad de especulaciones. (Página Judicial)
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