LA SITUACIÓN ES CRÍTICA
Las bibliotecas populares pidieron a los legisladores que Provincia envié los fondos dispuestos por ley
Hace más de un mes, las cinco instituciones de Gualeguaychú hicieron llegar una carta a cada uno de los legisladores provinciales que representan al Departamento para que hagan cumplir la normativa vigente en materia de aportes económicos que debe hacer Provincia, pero aún no tienen respuestas.
A principios de agosto, las cuatro bibliotecas populares de la ciudad, junto con la de Pueblo Belgrano, redactaron y firmaron una nota en la que le pidieron a cada uno de los legisladores provinciales que representan al Departamento de Gualeguaychú que “activen el cumplimiento de la Ley Protectora de Bibliotecas Populares N° 8092/88 y sus Modificatorias N° 9094/97”.
En el petitorio, remarcaron los artículos que garantizan el financiamiento provincial, como el N°4 en el que se detalla que “las instituciones acogidas al régimen de la presente ley gozarán de los siguientes beneficios: Subsidio mensual con destino a sufragar gastos de personal, mantenimiento y adquisición de material bibliográfico. El mismo equivaldrá al duplo del sueldo básico inicial de un maestro de grado perteneciente al Consejo General de Educación de la Provincia”.
En sintonía, el artículo 22 establece que “el poder Ejecutivo en oportunidad de confeccionar el Proyecto presupuesto General de Gastos incluirá los fondos necesarios para el efectivo cumplimiento de la presente ley”. Además, en las modificatorias introducidas en 1997, se agregó que “la Dirección de Presupuesto realizará las transformaciones presupuestarias que permitan a las Bibliotecas Populares debidamente reconocidas, mensualmente los importes que le corresponden”.
En este marco, las cinco entidades del Gualeguaychú y Pueblo Belgrano apuntaron que la ley no se ha efectivizado desde diciembre de 2023 hasta la fecha, “lo cual afecta el normal funcionamiento de las instituciones, que deben hacer frente a gastos inevitables y en constante aumento, como sueldos de personal, leyes sociales, luz, gas, seguros, materiales bibliográficos, papelería, artículos de limpieza, mantenimiento del edificio, entre otros”.
Al final de la nota, las autoridades de las instituciones alertaron sobre la gravedad de la situación y enfatizaron que la no erogación de fondos “compromete la continuidad de muchas bibliotecas en toda la provincia. Por ello, apelamos a su compromiso en la función que desempeña, para que se cumpla lo establecido en la mencionada ley, en el menor tiempo posible”. Sin embargo, a más de un mes de enviado el pedido, sigue sin llegar una respuesta sobre qué pasará con los aportes financieros establecidos por normativa.
A pesar de que la ley data de 1988, hasta el día de hoy no ha sido reglamentada, es por esto que cada año las Bibliotecas Populares de la ciudad y de toda la provincia dependen de la conformación de una comisión, que recién se terminó de organizar el mes pasado, para que se realice el pedido de los fondos. Esta falta de reglamentación es la que genera que no se cumpla con los montos estipulados por la normativa.
La situación particular de cada biblioteca
El contexto crítico que atraviesan las instituciones populares de la ciudad no es novedad, ya que todos los años reciben aportes a destiempo y deben diversificar sus servicios para poder solventarse económicamente, pero en la actualidad la situación se agravó aún más.
Las cuatro bibliotecas de Gualeguaychú reciben mensualmente un aporte estipulado por medio de una ordenanza municipal de un poco más de $70.000 y solo dos, la Rodolfo García y la Olegario Victor Andrade –que funciona en el Instituto Magnasco-, recibieron el financiamiento anual proveniente de Nación.
Por su parte, las bibliotecas Sarmiento y López Jordán todavía no percibieron esta ayuda, aunque a la primera le aseguraron que entraría dentro de un segundo tramo, mientras que la otra sigue sin saber si este dinero llegará en algún momento.
La situación que atraviesa la Biblioteca López Jordán es la más crítica, ya que tampoco recibió a principio de año los fondos para renovar su stock bibliográfico en el marco de la Feria Internacional del Libro que se celebró en Buenos Aires y que aporta la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), por lo que debieron utilizar dinero propio. Las otras tres instituciones sí gozaron de este financiamiento, aunque pudieron comprar menos libros que el año pasado. Para asegurarse una entrada fija, la López Jordán debió alquilar su salón a la Universidad de Concepción del Uruguay y prescindir, a su pesar, de los talleres que dictaban.
Por su parte, Guillermo Navarro, presidente de la Biblioteca Rodolfo García, contó a Ahora ElDía que Nación envió hace aproximadamente un mes $1.050.000 en concepto de subsidio para el denominado programa “Gastos Corrientes”.
“Nuestra biblioteca tiene una situación estable, por supuesto que siempre necesitamos el dinero y por la cantidad de actividades que realizamos nuestras finanzas están equilibradas, pero tampoco estamos holgados. En los próximos meses tenemos que ver cómo continuamos. También tenemos ingresos a través de nuestra editorial. Este subsidio que ingresó nos permitirá realizar una serie de compras de materiales que necesitamos”, detalló Navarro.
Uno de los grandes problemas que atraviesan las bibliotecas tiene que ver con el pago de los servicios. En este sentido, Navarro hizo saber que “las boletas de luz y gas, no sólo que se pagan como cualquier domicilio, sino que pagamos más porque nos vienen con la categoría N1, porque no están catalogadas nuestras instituciones. De hecho, hay una Ley provincial que protege a las bibliotecas populares que además de otorgar subsidios y tiene que ver con una disposición que está plasmada en la cual se nos exceptúa del pago de servicios, algo que no se está cumpliendo, nadie lo ha hecho cumplir, nadie lo ha reglamentado, así que por eso pagamos como si tuviéramos altos ingresos”.
En cuando a la Biblioteca Olegario V. Andrade, la situación es similar. Su presidenta, Ines Heller relató a Ahora ElDía que recibieron el subsidio nacional, que no tuvo aumentos con respecto al año pasado. Por otra parte, el aporte provincial que es el más importante sigue sin llegar: “La Comisión Protectora de Bibliotecas Populares que tiene que reunirse para atender esta situación, recién se conformó y reunió en agosto. Es decir que si piensan hacer algo, les queda poco tiempo para que se termine el año. No tenemos ninguna novedad al respecto, sabemos lo difícil que es la situación, pero hay una ley, y todos los años, algunas veces con retrasos, más completo o menos completo, hemos contado con ese subsidio”. Y agregó: “Los servicios son caros y aumentan permanentemente. Las bibliotecas sólo con los socios no pueden arreglarse o estar tranquilas, así que todas tienen su propia estrategia. En nuestro caso, tenemos una escuela que es muy importante para nosotros y nos aporta una suma de dinero considerable. Otras bibliotecas tienen otro tipo de actividades. También dictamos talleres y realizamos actos culturales que son pagos para poder cubrir los gastos. Todas las bibliotecas están ofreciendo otras propuestas, e incluso alquilando sus espacios, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro salón y queremos arreglar el anfiteatro de la escuela ‘Camila Nievas’ para también rentarlo cuando terminemos de hacerle los arreglos”.
La Biblioteca Sarmiento tuvo que reducir, desde hace un tiempo, su horario de atención y abrir sus puertas de tarde por falta de fondos para pagar otra bibliotecaria. Todavía no recibió los aportes de Nación, aunque les aseguraron que entrarán en una segunda etapa de entregas. Por el momento, se sostienen con el aporte de los socios, la ayuda municipal, las actividades que realizan y el alquiler de su salón.
Al respecto, desde la institución, aseguraron que las bibliotecas populares de la ciudad no sólo prestan libros, sino que muchas veces sirven de espacios para el dictado de charlas y reuniones de las comisiones vecinales de los barrios, por lo tanto, su función social es mucho más amplia. En la actualidad, están haciendo una rifa para el Día de la Madre con fines recaudatorios para seguir sosteniendo la entidad.
El financiamiento de las bibliotecas populares es fundamental para que se mantengan vigentes; es decir, que puedan renovar su catálogo de libros y ofrecer nuevas propuestas a sus socios. a la vez que les permite incorporar prestaciones o planificar propuestas de valor para la comunidad. De ahí, la importancia que reciban una respuesta a su pedido y una urgente reglamentación de la ley que las ampara.