La UP2 de Gualeguaychú será desalojada en agosto: se transformará en un centro cívico

Desde hace 162 años, la Unidad Penal Nº2 estuvo mirando desde las alturas cómo Gualeguaychú se acercaba y crecía a su alrededor. A pocas cuadras de varios de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Costanera del Tiempo o el Corsódromo, con el tiempo quedó a pocas cuadras del casco urbano.

Sin embargo, en septiembre de 2020, el gobernador Gustavo Bordet anunció por primera vez que la cárcel de Gualeguaychú cerraría sus puertas definitivamente y, si todo sigue como está planeado, menos de dos años más tarde de esas declaraciones el hecho se haría realidad: los planes de Provincia es que en agosto de este año se traslade al último de los presos.

“Todo el proceso va a comenzar cuando se terminen las obras en la Unidad Penal Nº9, más conocida como la granja penal “El Potrero”. Allí se van a trasladar gran parte de los presos que hoy están en la cárcel. Y todo esto está planeado que sea en agosto”, informaron a Ahora ElDía desde el Municipio, versión que también fue respaldada por fuentes del Ministerio de Planeamiento de Entre Ríos.

En lo que respecta a los trabajos que actualmente están avanzados en la UP9, allí se construyeron un hospital modular y cinco nuevos módulos: en cada uno de ellos se podrán alojar a unos 300 internos en cada uno, por lo que estaría garantizada la disponibilidad de plazas para los presos que están alojados en la cárcel de Gualeguaychú. 

Sin embargo, no todos serán trasladados a la Granja Penal que está a la vera de la Ruta Internacional 136: los más peligrosos y tumultuosos serán derivados a la Unidad Penal N° 8 “Bicentenario de la Revolución de Mayo”, ubicado en la ciudad de Federal.

“Tenemos el propósito de concretar esta decisión del gobernador Gustavo Bordet de cerrar la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú, una de las más antiguas del país. Desde el Gobierno provincial vamos en un camino de construcción de nuevos pabellones en la Granja Penal “El Potrero” y tenemos otra construcción en la ciudad de Federal, donde se reubicarán los internos”, explicó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.

En cuanto al destino del edificio, la ministra Romero contó durante su última visita a Gualeguaychú -ocasión en la que recorrió las instalaciones de la UP2- que “la cárcel se va a cerrar por completo. La parte de la vieja estructura va a quedar para la provincia para que funcionen oficinas públicas, como un centro cívico, y una parte va a quedar para paseo público y espacio de recreación”.

“El camino que vamos a hacer progresivamente es que en el enclave actual de la Unidad Penal de Gualeguaychú es que funcione en una parte un espacio público y otra destinada a un centro cívico para funcionamiento de oficinas del Estado provincial”, remarcó.

Durante la visita de Romero, el intendente Martín Piaggio había destacado que “en poco tiempo vamos a cerrar la UP 2, lo que nos da la posibilidad de revalorizar la zona, crear una nueva centralidad para nuestra ciudad, un sitio de encuentro y trabajo. Vamos a rescatar este patrimonio de nuestra ciudad, abrirlo y convertirlo en un espacio público temático y un centro cívico”.

La historia de la UP2

Durante gran parte de su existencia, los presos más peligrosos de Entre Ríos habitaron la gran edificación amurallada de dos manzanas, entre calles Eva Perón, Montevideo, Tala y Goldaracena. Supo llevar el título de máxima seguridad, pero por la erosión del tiempo y la desidia gubernamental quedó reducida a ser una más de las nueve unidades penitenciarias que actualmente hay en la provincia.

Sus gruesos y altos murallones guardan mucha historia y muchos secretos, porque una vez que se cierra el portón de ingreso son muy pocos los que realmente saben qué cosas ocurren dentro. Incluso, este oscuro edificio sirvió como lugar de detención de los presos políticos durante la dictadura militar antes de ser trasladados a centros clandestinos.

Para el Servicio Penitenciario de Entre Ríos hubo dos quiebres a lo largo de los últimos 50 años que cambiaron los índices poblacionales y obligaron a los distintos gobiernos a tomar medidas. El primero fue cuando se dispuso que los presos por causas que se tramitan en la Justicia Federal fueran alojados en las cárceles provinciales. Esto demandó la construcción de la Unidad Penal 8 de Federal, que llegó a suplir el déficit de infraestructura.

La segunda es la más reciente: el 5 de febrero de 2013 entró en vigencia la reforma del Código Procesal Penal, que aceleró los procesos judiciales y originó una mayor cantidad de condenas. Como respuesta a esto se habilitó la Colonia Penal El Potrero (UP9), que modificó el proyecto originario de estar destinada a quienes estaban más cerca de la libertad.

La Unidad Penal 2 "Francisco Ramírez" es obsoleta. Su función la cumple, pero salta a la vista la decadencia de esta mole de cemento y piedra. Sus grandes torres están desalojadas porque algunos de sus pisos no están en condiciones de ser habitados. En estos pabellones sólo se permitió alojamiento en el primero y tercer piso, mientras que el resto está vacío.

Desde hace tiempo, el foco está centrado en el aspecto estructural y no en el humanitario, porque se da por descontado que el tratamiento que los guardias deben darle al interno debe ser el óptimo. Pero lo que no es óptimo, en el caso de la UP2, es la condición que tiene el edificio para albergar a personas privadas de su libertad que deben ser sometidas a una resocialización.

Es cierto que el preso que pretende cambiar su vida hará todo lo necesario para lograrlo y un dato que es muy positivo que confirma esto es que ha bajado el índice de reincidencia en las ciudades sobre la Costa del Uruguay. 

Sin embargo, en Entre Ríos, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias como en Buenos Aires, no se puede obligar al preso a que concurra a algún taller y aquí se puede originar un problema si se considera que en la UP2 sólo la mitad de la población se capacita en algún oficio, mientras que la otra mitad practica el ocio.