La nueva Ley de Fitosanitarios enfrenta posturas encontradas y alimenta un viejo debate

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de ley denominado “de las buenas prácticas en materia de fitosanitarios”, una iniciativa que había sido presentada en noviembre de 2022 y que ahora fue modificada. La urgencia del campo en favor de una nueva legislación parte del hecho de que el uso de fitosanitarios en la provincia todavía se encuentra regulados por la Ley 6.599 de Plaguicidas que fue sancionada en 1980; una legislación que gradualmente se ha visto condicionada por las distintas normativas establecidas desde entonces.

PLa novedad de este proyecto radica -entre otras cosas- en que “establece tres zonas para la aplicación de los fitosanitarios (de exclusión, de amortiguamiento y de libre aplicación), determina distancias específicas respecto a escuelas rurales, áreas naturales protegidas y cursos de agua, promueve la producción ecológica, crea redes de monitoreo ambiental y otorga mayor control a los gobiernos locales sobre el uso de agroquímicos”.

Sin embargo, el tratamiento de la iniciativa pone una vez más sobre la mesa los argumentos a favor y en contra de los fitosanitarios, una temática por demás compleja y delicada en el que el modelo productivo agropecuario y la salud del ambiente y la población encuentran puntos de tensión. Ahora ElDía conversó con los distintos actores involucrados para indagar en las posturas encontradas en torno a la ley y el impacto que tendría en Gualeguaychú y sus alrededores.

José Ignacio Colombatto, médico veterinario gualeguaychuense y vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) resaltó: “Fue un proyecto de ley consensuado con el Gobierno, con políticos, con el INTA, con el Senasa, con las universidades, con los productores, con los aplicadores, con todo el espectro, motivo por el cual va a ser una ley superadora respecto de las de otras provincias y va camino a promulgarse; es una ley que la Provincia necesita. Es una vergüenza que, Entre Ríos como región agrícola, no la tenga cuando, por ejemplo, Córdoba y Santa Fe sí. Como productor agropecuario, es un salto cualitativo enorme para la producción. Estamos viviendo de amparo en amparo, y el productor hoy está muy condicionado”.

Y aclaró: “Lo que pretendemos es que la aplicación se haga en forma responsable, que respete las distancias y que la misma pueda ser moderada por el Gobierno. Nunca vamos a defender a los productores que hacen las cosas mal; siempre dijimos que les debe caer todo el peso de la Justicia. Queremos trabajar con la ley en la mano para poder hacer una provincia más productiva y, sobre todo, que cuide el medio ambiente y la población rural. Vivimos en el campo, pernoctamos ahí y lo último que pretendemos es tratar de contaminar el lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo”.

El debate en torno al uso o no de agroquímicos suscita posturas antagónicas, dentro de las cuales se vuelve difícil encontrar puntos de conciliación. Por un lado, los representantes de las entidades agrarias y buena parte de los productores que llevan adelante una agricultura convencional sostienen que, de implementarse las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el correcto uso de los fitosanitarios hace que sean inocuos para el ambiente y la salud de las personas. Ambientalistas y productores agroecológicos denuncian que hay un probado efecto nocivo de pesticidas y herbicidas, a los cuales atribuyen el alarmante número de casos de cáncer y afecciones crónicas que coincide con las regiones en las que predomina su uso y damnifica principalmente a las poblaciones cercanas a los campos. En un punto medio se encuentran los permanentes y diversos estudios científicos, muchos de los cuales confirman las consecuencias adversas de estas sustancias para con los ecosistemas y todas sus formas de vida, que incluye la humana.

En ese sentido, Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo y referente a nivel nacional de la agroecología, señaló: “Somos el país en el mundo que más agroquímicos per cápita aplica. En estos últimos años, se ha encontrado que todas las matrices -el aire, el agua y el suelo- están contaminadas con distintas cantidades y distintos números de principios activos de los agroquímicos. Se trata de sustancias que los organismos vivos no estamos preparados para metabolizar por lo que los cuerpos les hacen resistencia, hasta que se quiebra y se generan alergias y enfermedades crónicas”.

Con respecto específicamente a este nuevo proyecto de ley y la posibilidad de que empiece a regir pronto en Entre Ríos, Maximiliano Nissero, ingeniero agrónomo gualeguaychuense que desarrolla agricultura orgánica en la zona, manifestó su rechazo a la iniciativa en múltiples aspectos: “En principio, la ley no contempla a los productores agroecológicos, ya que no hay ninguna restricción de distancias de amortiguación hacia producciones de este tipo. La Ley Orgánica, por ejemplo, pide un mínimo de 8 metros de distancia con un vecino que aplica venenos, algo que esta ley ni siquiera contempla. En segundo lugar, instala el término ‘Buenas Prácticas’, y desde la agroecología sabemos que no hay buena práctica si se utiliza un veneno; menos si se hace de manera reiterativa, dependiendo de esos productos para producir. Y tercero, es una ley que atrasa, ya que disminuye límites en las zonas de exclusión y amortiguación. De implementarse, implicaría un mayor riesgo para la salud de las personas en las cercanías a escuelas rurales o zonas pobladas, ya que las distancias con drone se disminuyen a 15 metros; una locura”.

Gualeguaychú no es ajena al problema de las fumigaciones cerca de establecimientos escolares. Entre sus damnificados se encuentra Estela Lemes, una maestra rural recientemente jubilada que durante años denunció las fumigaciones cercanas a la Escuela N° 66 “Bartolito Mitre”. En 2021, la Justicia dictaminó que las mismas le provocaron una atrofia muscular en todo su cuerpo y un deterioro neuronal irreversible: “¡Está ley es tan regresiva! Al votarla le dan la espalda a la sociedad en favor de los intereses del agronegocio. Más allá de que en una charla telefónica el diputado Juan Manuel Rossi me dijo que todo lo que solicitó Agmer fue tenido en cuenta. Le respondí que las BPA no existen; que donde hay agroquímicos, hay riesgo en la salud y el ambiente, más allá de las distancias. La única buena práctica es la que no contamina”.

Otra postura contundente que sigue esta línea es la de la coordinadora “Basta Es Basta”. La agrupación ambientalista afirmó que el proyecto de ley “no tiene perspectiva ambiental ni de cuidado de la salud” ya que “reduce las distancias para fumigar como si fueran productos inocuos, y no considera condiciones atmosféricas como el viento o las escorrentías; lleva todos los controles a un mínimo que está totalmente fuera de contexto en el marco de la tecnología existente y los avances en ciencias ambientales y de la salud”.

Además, denunciaron que “en la audiencia pública donde nos dejaron hablar estaban presentes sólo dos diputados; nos dieron unos minutitos, y de todos los trabajos científicos que aportamos no tuvimos ninguna devolución; no hubo un debate sobre los puntos de vista que planteamos”. En ese sentido, cabe mencionar que Ahora ElDía accedió a un documento elaborado por la coordinadora que contiene observaciones y sugerencias realizadas a más de 45 artículos del proyecto de ley, entre otras críticas generales.

De esta manera, las visiones contrapuestas continúan alzando su voz mientras aguardan la sesión en el Senado provincial que resultará decisiva. Sin embargo, sea cual sea el dictamen de los legisladores, la raíz de esta problemática quedará lejos de ser resuelta.