Juntos por el Cambio pide prohibir el nombramiento de parientes en el Municipio

La norma busca que no se puedan nombrar como empleados a parientes o parejas de los funcionarios, tanto del Ejecutivo como del Concejo Deliberante. “Lo ideal es que sea una medida que salga por unanimidad. No creemos que haya objeciones en la idea central, lo que no quita que se puedan discutir aspectos puntuales, obviamente", expresaron desde el bloque opositor. La iniciativa dispone que tanto el presidente y el vicepresidente Municipal, los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, del Concejo Deliberante, del Tribunal de Faltas y de los entes descentralizados del estado municipal tendrán prohibido ejercer dicha facultad en relación a parientes propios en razón de la naturaleza (consanguíneos) en línea recta (ascendiente o descendente) en cualquier grado y en línea colateral hasta el cuarto grado; sus cónyuges; parientes por afinidad en igual medida y grado que respecto a familiares propios por consanguinidad; sus parejas con la que mantuviera una unión convivencial y parientes por consanguinidad de la pareja con quien mantuviera una unión convivencial en igual grado que en relación a los propios. En ese sentido, los concejales Alejandra Leissa, Juan Olano y Pablo Echandi sostuvieron que “el nepotismo constituye una práctica inadecuada que propicia el conflicto de intereses entre el interés personal y el servicio público; restringe el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas dificultando que las entidades públicas puedan cumplir objetivamente con la funciones para las que fueron creadas; debilita un ambiente saludable para el control interno y para la evaluación; e incluso perturba la disciplina laboral debido a la falta de imparcialidad del superior para ejercer su potestad de mando en un plano de igualdad sobre los servidores vinculados familiarmente con los funcionarios con poder de decisión”. El proyecto que busca transparentar el accionar municipal presente y futuro indica que “el DEM deberá arbitrar las medidas de transparencia y publicidad necesarias para garantizar el control social sobre la observancia de esta norma y deberá notificar los casos de nepotismo dentro de los 20 días de conocidos a las autoridades competentes. A tal fin, deberán publicar en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos, la nómina de la planta de personal permanente, transitoria o por una relación contractual, detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón”. Asimismo, se establece que “el que realizare un nombramiento o contratación en contravención a lo dispuesto en la presente ordenanza será sancionado con la suspensión sin goce de remuneraciones por un período no menor a 30 días calendario y será definido por la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina. En tanto, en el caso de detectarse un caso de nepotismo y el beneficiado con el nombramiento o contratación en contravención a lo dispuesto en la ordenanza ya haya iniciado sus tareas, finalizará el contrato iniciado, pero no podrá ser renovado. Del mismo modo, los nombramientos provisorios o contratos realizados con anterioridad a la sanción de la presente ordenanza y en contravención a sus previsiones no podrán ser renovados. Señalaron que “básicamente el nepotismo se trata de una forma de favoritismo basada en vínculos sociales y familiares, en la que una persona que ocupa un cargo público oficial aprovecha su poder y autoridad para conceder un empleo o favor a un familiar o amigo, aun cuando posiblemente no sea la persona más preparada o no lo amerite. Y estamos convencidos que es una práctica que debe ser desterrada”. “En una sociedad democrática debe ser prioridad valorar el mérito y por ende es fundamental que la postulación a estos trabajos públicos, se haga a través de una evaluación objetiva y en condiciones que se garantice la igualdad en el acceso, con valoración de las capacidades que cada uno de los postulantes posea. Y la prohibición del nepotismo plasmada como política pública en el presente proyecto, tiene como propósito garantizar a toda persona, que aspira ocupar un puesto en el servicio público, la oportunidad de competir en igualdad de condiciones, libre de favoritismos por razón de parentesco”, rezan parte de los argumentos. Por último, Leissa, Olano y Echandi destacaron que “nos corresponde a los legisladores locales realizar los cambios normativos necesarios para hacer prevalecer los intereses generales de nuestra ciudad y el acceso igualitario en los nombramientos a cargos públicos, para todos los gualeguaychuenses, con base en el mérito personal y no en los vínculos familiares, con el fin de que dichos cargos sean ocupados por las personas que tengan las mayores capacidades para desempeñar la función pública. Y entendemos y sostenemos que los nombramientos o contrataciones realizados en contradicción a las previsiones de este proyecto de ordenanza, se transformarían en un claro acto de corrupción estatal”, finalizaron