Glifosato, ex Frigorífico y Amarras: las tres cuestiones ambientales que se vuelven a debatir en Gualeguaychú

Gualeguaychú es una ciudad que hizo bandera la lucha contra el medio ambiente. Desde la lucha colectiva contra las papeleras, la comunidad cobró una conciencia ambiental que llevó a que se desataran diferentes causas que despertaron el debate a nivel social. Con la llegada del piaggismo, la lucha medioambiental cobró nuevos bríos y avanzó en temas que apuntaron al cuidado de la sanidad de la ciudadanía.

Sin embargo, en el presente algunas cuestiones volvieron a estar sobre la mesa, y desde la Justicia investigan acciones o inacciones llevadas a cabo por funcionarios municipales, como su rol a la hora de sacar los pasivos contaminantes del predio del ex Frigorífico o la ordenanza en contra de la venta, acopio y uso del glifosato en el ejido de la ciudad; pero además, con la llegada del intendente Mauricio Davico, también vuelve a ponerse en discusión la posibilidad de la construcción del barrio náutico Amarras.

En este sentido, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria Ivana Zecca se refirió al presente ambiental de la ciudad al abordar estas tres cuestiones. En una charla prolongada y sin agenda, volcó su opinión en varios de estos tópicos y adelantó las acciones que el Municipio lleva a cabo al respecto.

La ordenanza del glifosato

En 2018, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Municipal Nº 12216/18, la cual prohíbe el uso, venta, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio y aplicación del producto llamado en forma general Glifosato y aquellas formulaciones que lo contengan. Sin embargo, hace un par de días, la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay declaró parcialmente inconstitucional esta ordenanza.

En este sentido, la Subsecretaria de Ambiente aclaró en primer lugar que lo que se dictó fue la inconstitucionalidad del mencionado artículo en lo que hace específicamente al expendio, comercialización, transporte y almacenamiento del glifosato, pero que respecto de su uso “sigue vigente la ordenanza de 2018 que prohíbe la aplicación terrestre en todo el ejido y hace una salvedad respecto de la zona rural, que es sobre lo que se va a trabajar”.

Al mismo tiempo, la funcionaria aclaró también que tampoco es que se deja libre el uso indiscriminado del agroquímico, inclusive en las áreas rurales o por fuera del ejido de Gualeguaychú. “No se la deja libre a la aplicación, sino que hace un procedimiento, un protocolo, donde para que se pueda aplicar debe existir un aviso, en este caso a la Subsecretaría de Ambiente. Tiene que tener un responsable, un asesor técnico, que es el responsable de lo que escribe en esa receta agronómica y especifica cómo se va a hacer. Y a su vez, desde la autoridad de aplicación, que en este caso seríamos nosotros, está establecido que puede intervenir, y yo creo que debe intervenir y monitorear en el momento que se hace la aplicación”, agregó.

Al referirse sobre el expendio del producto dentro del ejido, Zecca sostuvo que la misma no cumplía con sus objetivos, ya que mientras los comercios locales estaban imposibilitados de vender glifosato, otros canales de ventas seguían funcionando sin problemas: “Hay cuestiones que tienen que ver también con el sentido común. Cualquiera puede adquirir ese tipo de sustancias químicas peligrosas o agrotóxicos a través de otras metodologías, como por ejemplo por Mercado Libre. Es imposible de controlar”.

“Gualeguaychú tiene una conciencia ambiental, que no lo tiene quizás el resto de la provincia o el resto del país, respecto de algunas cuestiones en particular, entre ellas las que tienen que ver con los agrotóxicos. Pero entiendo que es importante respetar los fallos de la Justicia y lo que marca la constitución; eso sí, eso siempre con los procedimientos y con los recaudos que correspondan”, manifestó al respecto.

El drama del ex Frigorífico

Otro de los puntos ambientales a los cuales la Justicia puso el foco fue en la eliminación de los pasivos ambientales, como el fuel oil en sus cañerías, la presencia de asbesto en el ambiente y los transformadores viejos y en desuso.

En este sentido, a fines de agosto el juez federal Hernán Virí citó a Camila Ronconi y a María de los Ángeles Gómez, extitulares de la Dirección de Medio Ambiente durante la gestión Piaggio, por no haber investigado el derrame de fuel oil producido en el predio del ex Frigorífico en 2021. 

Independientemente de la causa judicial que encaró el Juzgado Federal, desde la cartera de Ambiente remarcaron que se iniciaron gestiones con el Gobierno Nacional para poder realizar un saneamiento total de los sitios que en la actualidad están contaminados, algo que tiene un costo de 1.000 millones de pesos. 

Un detalle a tener en cuenta es que la actual titular de la cartera de Ambiente había sido convocada por la gestión anterior para que los asesore y de su opinión sobre cómo gestionar esos pasivos contaminantes en el ex Frigorífico. “Realicé un diagnóstico, el primero en la línea de base, y como técnica recomendé la gestión de esos pasivos. Ahora podemos ver que la eliminación del asbesto está a la vista de que no se hizo; y los del fuel oil, se había retirado una parte, pero después con, el segundo derrame, quedó en claro que había una parte que quedaba y que por eso tuvimos el problema del derrame en el río”, explicó.

“Estamos buscando los medios, más que nada, económicos, y haciendo una evaluación con técnicos de Nación, porque la gestión es técnicamente complicada; y económicamente, muy costosa. Es una situación que marca una alerta y que hay que resolver. Las maneras técnicas para llevarlo adelante están. Y el argumento de la falta de fondos no es concreto: nosotros tampoco tenemos los fondos, pero los estamos gestionando porque, justamente, es una actividad que requiere de una intervención urgente”, sostuvo.

“Nosotros lo que estamos haciendo es planteando cronogramas para poder realizar el saneamiento”, remarcó.

Amarras y el fallo de la Corte Suprema

Pocos hechos enfrentaron tanto al exintendente Martín Piaggio y al actual mandatario Mauricio Davico como el barrio náutico Amarras. Cuando nació la polémica, Davico era el intendente de Pueblo Belgrano, y fue el que avaló la construcción. Del otro lado del río se pararon los gualeguaychuenses que afirmaban que esa construcción iba a inundar barrios que no inundan hasta ahora.

El último hecho fáctico es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó recomponer el ambiente en las 100 hectáreas y dejar el humedal como estaba antes. 

En este sentido, Zecca afirmó que la cuestión divide aguas: “Están quienes sostienen rotundamente que eso no tiene vuelta atrás, que ya hay un fallo de la corte que echa por tierra todo eso, pero del otro lado están quienes dicen no, que el fallo lo que dice es otra cosa. En el medio hay personas que invirtieron ahí y que quiere construir sus terrenos; y también hay agrupaciones medioambientales que están muy preocupadas por lo que pueda llegar a pasar con el río”. 

“Como te decía antes, soy respetuosa de los fallos y de lo que la Justicia indica, pero con esto pasa que, y me pongo en el lugar del ciudadano común, no terminás de entender bien qué es lo que dice la Justicia y ahora todo depende de quién te lo cuente. En mi opinión personal creo que es imposible volver a recomponer el lugar a como estaba antes de la intervención. Lo que sí entiendo es que se pueden aplicar medidas de mitigación y poder hacerlo compatible con el cuidado del ambiente”, afirmó.

Finalmente, la Subsecretaria de Ambiente remarcó que la principal cuestión que se le achacaba a Amarras, que era el tema de las inundaciones, los datos oficiales jamás marcaron eso: “Los estudios técnicos que se hicieron desde Hidráulica de la provincia por el impacto que puede tener en las inundaciones, esto no estaba fehacientemente comprobado”, aclaró y agregó: “Sin embargo creo que nos debemos un estudio técnico de todas las obras que se han realizado en la costa del río sin los estudios correspondientes y ver qué impacto tienen en las consecuencias que sufrimos en la actualidad”.