Fragilidad entrerriana

La economía productiva de Entre Ríos, asentada básicamente en la agroindustria, está sufriendo los efectos de una política errática hacia ese sector, al tiempo que la sequía ha venido a complicar el cuadro.o

Es una verdad de Perogrullo, pero vale la pena resaltarlo: las localidades entrerrianas viven en gran medida de la renta agropecuaria. Si al campo le va mal, por tanto, a Entre Ríos le va mal.

Más allá de los alineamientos a una política nacional que ha tenido hasta acá un fuerte sesgo anti-campo, se entiende que las autoridades provinciales hayan presionado ante el gobierno central para declarar la emergencia ante la sequía.

El campo entrerriano muestra hoy un cuadro tétrico: productores desmoralizados, cuyas explotaciones han perdido rentabilidad, y una tierra inéditamente reseca, que los condena a un presente y un futuro sombríos.

Frente a este cuadro, la lógica indica que el fisco se sacrifique para sostener el sistema productivo colapsado. No es un problema de compasión: a la larga, el Estado se declarará insolvente cuando no tenga a quien cobrarle impuestos en el campo.

Los productores, ya se sabe, dicen que la emergencia agropecuaria del gobierno K es insuficiente. Más que postergación de obligaciones impositivas –núcleo de las medidas oficiales- esperaban la vuelta de la rentabilidad vía eliminación de las retenciones y liberación de las trabas para exportar.

Pero la declaración de emergencia por la sequía también tiene sus bemoles fiscales. Algunos gobernadores de provincias agrícolas, así, tienen temor por los efectos colaterales de este medida en sus propias arcas.

“Los ingresos públicos en Santa Fe disminuirán en 180 millones de pesos”, alertó el gobernador santafesino Hermes Binner, al calcular el sacrificio que deberá hacer esa provincia en la prórroga de impuestos al campo.

No ha trascendido el costo fiscal, implícito en la medida de emergencia, que deberá absorber el fisco entrerriano. Como sea, se sabe que el Estado en Entre Ríos muestra fragilidades estructurales.

Al respecto, hay datos que revelan una asimetría entre el gasto público provincial y los ingresos para financiarlo. Eso surge de un reciente documento elaborado por el Consejo Empresario de Entre Ríos, en colaboración con la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Por lo pronto, de ese informe emerge un perfil de provincia subdesarrollada: en Entre Ríos, en efecto, existe un empleado público por cada 18 habitantes. Objetivamente, esto da una dimensión del “gasto público” en personal.

La ecuación surge de cotejar un total de 70.492 empleados públicos provinciales, a los que se deben sumar otros 17.500, aproximadamente, que dependen de los municipios, con una población total de 1.249.672 entrerrianos.

El problema, dice el informe, es que mientras el gasto público en personal ha venido creciendo notablemente, no lo han hecho en igual proporción los ingresos propios.

Entre 2002 y 2007, el gasto público en personal en Entre Ríos aumentó un 208%, sin que esa suba fuese acompañada por una evolución en igual sentido en la recaudación de impuestos provinciales.

En el 2007, sólo el 36% del gasto total en personal podía cubrirse con recaudación de impuestos provinciales, según el informe patrocinado por el Consejo Empresario de Entre Ríos, para quien esta ecuación muestra una “importante debilidad” fiscal.

Se comprende, así, el grado de dependencia financiera de la Provincia con respecto el poder central y el escaso margen maniobra para atender a sus productores, en la actual emergencia.