TRAS ALLANAMIENTOS EN 2022
Explotación sexual infantil: sumariaron a empleado estatal
Estuvo entre los 66 detenidos de la Argentina y otros países en los allanamientos del operativo internacional por explotación sexual de menores conocidos como "Luz de Infancia". El gobierno entrerriano le abrió un sumario.
El gobierno de Entre Ríos inició un sumario administrativo a un empleado del Ministerio de Gobierno y Justicia que estuvo entre los 66 detenidos de la Argentina y otros países en los allanamientos del operativo internacional conocido como "Luz de Infancia", que investigó a una red de explotación sexual infantil.
Los allanamientos se produjeron a fines de junio de 2022 y la medida disciplinaria de la Provincia comenzó en noviembre pasado, pero no se conoció hasta que se publicó hace unos días, el 5 de abril, en el Boletín Oficial.
Se trata de G.D.R., agente de Planta Permanente de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del mencionado Ministerio.
El agente estatal se encontraba entonces imputado y con restricciones preventivas en la causa a cargo de la jueza de Garantías, Carola Bacaluzzo, y que investigaba el fiscal Leandro Dato.
Dónde lo detuvieron
G.D.R. fue capturado el año pasado en el allanamiento a una casa de calle Arroyo Correntoso de Paraná, que según el propio decreto era "habitada y/o frecuentada" por el agente provincial "y otras personas".
En el operativo se requisó a los sujetos presentes y se secuestraron variados elementos informáticos. Este material y la posterior imputación a cargo del fiscal Dato dejaron inferir que "existen serios indicios en relación a la autoría y/o participación del agente en el delito", advierte el texto oficial.
Allanamientos simultáneos
Aquellos allanamientos se llevaron a cabo de forma simultánea y coordinada en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Paraguay y Panamá y terminaron con más de 60 detenidos, entre ellos el empleado del gobierno provincial.
En Entre Ríos se hicieron ocho requisas, que concluyeron con otro detenido, además de G.D.R., y decomisaron nueve teléfonos, siete discos rígidos, una memoria extraíble, cinco gabinetes de escritorio, cuatro netbooks, tres discos portables, 1.060 DVDs, dos pendrives, dos cámaras digitales, seis casettes VHS, dos millones de pesos, "anotaciones varias" y una carabina 22.
La imputación a la mayoría de los detenidos fue por descarga y tenencia de imágenes con contenido de explotación sexual infantil.
Proceso administrativo
En el decreto de sumario se indica que, aunque no haya sido demostrada aún la existencia del delito penal, el resultado del allanamiento y los indicios recogidos hasta el momento por la Fiscalía sugieren una "eventual responsabilidad" de G.D.R. en el hecho.
El sumario deberá determinar si el caso amerita, además, una sanción, ya que configura "una falta grave administrativa", aunque el decreto aclara que la apertura de este procedimiento "solo supone el conocimiento probable" de la conducta.
El texto insiste en que las conductas por las que se investiga al empleado, "de comprobarse, no serán soportadas por el Estado" y destaca que el empleado contable de Gobierno y Justicia "cuenta en el ámbito laboral con acceso a tecnología, conectividad, claves e información", relacionadas a su tarea como personal administrativo.
La apertura del sumario abunda en referencias a la Convención de los Derechos del Niño, el Código Penal y señala "severas violaciones" a la Ley de Empleo Público y la Constitución Provincial, que, básicamente, ordenan a los agentes que no violen las leyes y mantengan una "conducta acorde con la ética pública".
"Resulta inaceptable para la Administración que cualquiera de sus empleados realice actividades relacionadas con la pornografía infantil", considera el decreto.Fuente: Diario Uno