En Gualeguaychú más de 2 mil alumnos estudian en la universidad pública

Esta semana la comunidad universitaria de todo el país vivió jornadas importantes para su futuro: una, la Marcha Federal en defensa al acceso a la educación superior gratuita y de calidad y por otro, el veto del presidente Javier Milei al Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario.

En este contexto, Ahora ElDía elaboró un informe sobre cuál es el impacto que tiene la educación pública universitaria en Gualeguaychú, cómo se audita en  la ciudad y la importancia que tienen estas casas de estudio en la sociedad. 

Es importante señalar que la única facultad pública nacional que hay en nuestro Departamento es la Facultad de Bromatología (UNER) y cuenta en la actualidad con 2.033 alumnos, de los cuales, 669 son nuevos inscriptos. A estos datos se puede acceder a partir del portal de transparencia de la institución. De ese total, alrededor de mil alumnos pertenecen a otros Departamentos de Entre Ríos y el 8% proviene de otras provincias, según informó la Secretaria de Extensión Universitaria. 

Es importante detenerse en esta última cifra, ya que muchas de estas personas deben residir en la ciudad para poder realizar sus estudios, por lo tanto alquilan y consumen en Gualeguaychú, lo que implica un volumen de dinero importante para la economía local. 

A su vez, la Facultad de Bromatología dicta la carrera a distancia de la Tecnicatura de Gestión Bromatológica que tiene 1.163 alumnos en la actualidad, de los cuáles el 4% son de nuestra ciudad. Ahora bien, durante el año se dan entre dos y tres instancias de actividades presenciales por lo que los estudiantes deben viajar a Gualeguaychú, lo que genera otros ingresos económicos a la ciudad. 

A nivel nacional, uno de los datos que dio a conocer el Ministerio de Capital Humano es que el 61% de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires tiene padres con educación superior completa. Lo que no refleja esa cifra es la realidad regional del resto del sistema universitario que tiene la Argentina. En el caso de la sede local de UNER, el 80% del alumnado es primera generación universitaria de la familia. De acá la importancia del fortalecimiento de la educación superior en el interior del país como política pública fundamental para posibilitar el acceso a la educación de grado y terciaria. Este número fue proporcionado por Extensión Universitaria de Gualeguaychú. 

Karen Irigoytia, graduada de la casa de estudios local y docente de la misma, contó: “Soy la mayor de tres hermanas y en el momento que estaba viendo qué podía estudiar, mis padres no me podían mandar a estudiar fuera de la ciudad, y no podría haberme recibido si no hubiera universidad pública acá. En la actualidad, soy docente de la Facultad de Bromatología e investigadora del Conicet, y lucho para defender la universidad pública, gratuita y de calidad”. 

Belén Irigoytia es la segunda de la familia en poder graduarse de la universidad y al igual que su hermana también se desempeña en la docencia en la misma institución: “Soy Licenciada en Bromatología y tuve la oportunidad de trabajar en una empresa privada, pero cuando se presentó la posibilidad de ser docente en la facultad volví y la realidad es que estoy muy bien, y duele cuando escuchamos que nos dicen que somos ‘ñoquis’ porque no es así, tenemos un título, estudiamos muchos años e hicimos mucho esfuerzo para lograr esto. Gracias a la facultad y a mis papás tengo un título, pero mi hermana más chica está en cuarto año de Bioquímica y no quiero que a ella se le corte todo esto. Hoy en día hay muchos profesores que no pueden viajar a dar clases, que son muy buenos profesionales de otras provincias, como Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe, porque no se les puede pagar los viáticos. Me duele por ella porque quiero que tenga la posibilidad de recibirse y trabajar. Me duele cuando se dicen cosas sin tener mucha idea”. 

En lo que respecta a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, desde el Área de Comunicación informaron que asisten a la sede local más de 100 alumnos. No obstante, es importante aclarar que esta unidad académica no se ve afectada de forma directa por el veto presidencial ya que su financiamiento es enteramente provincial. Aun así, si a través del Presupuesto 2025 se recortan las líneas de financiamiento en investigación nacional en las que pueden participar, perjudica su desarrollo de conocimiento científico. 

Las auditorias en la mira

Una de las aristas que se ha puesto en cuestionamiento en el último tiempo, sobre todo esta semana, es el tema del contralor que se hace del presupuesto. Hay que señalar que cerca del 90% de estos fondos se destinan al pago de salarios del personal docente y no docente, mientras que el resto se utiliza para gastos de funcionamiento. 

Al respecto, el Secretario General Administrativo de la Facultad de Bromatología Nicolás Zonis explicó durante la asamblea abierta que se realizó esta semana que “el Gobierno con sólo cargar el CUIT de cada universidad en Anses tiene datos sobre el 90% del presupuesto que se destina a salarios. Con respecto a los otros fondos, entre los que está el gasto de funcionamiento, el sistema tiene una serie de normas que regulan la forma en que pueden ser utilizados. Para poder comprar agendas, lapiceras o sillas, por ejemplo, hacemos un procedimiento  de compra en el que invitamos a que distintos proveedores coticen por la provisión de los bienes o servicios y se disputen ganar su provisión, dentro de las características técnicas que solicitamos, se elige el de menor valor. Desde hace dos décadas se utiliza un sistema de rendición online, desde la universidad se registra algo y si el rectorado quiere saber cuánto se gastó ayer, aprieta dos botones y ya lo sabe. Nos controla tanto la auditoria interna como el Ministerio a través de sus órganos de contralor. No hay manera de ocultar nada”.

Al igual que las formas de contralor que tiene el Estado, la ciudadanía si así lo quiere, puede acceder a información pública sobre el uso de los fondos de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través del apartado de transparencia académica.  

Por otro lado, se dio a conocer que “el sector de las universidades nacionales es uno de los más auditados, y cuenta con auditorías internas, las del rectorado y a su vez la auditoria de la Sindicatura General de la Nación, más la de la Secretaría Política Universitaria, que realizan auditorias con cargos docentes”, explicaron autoridades de la Facultad de Bromatología.

José Dorati, responsable de Extensión Universitaria, mencionó que “se auditan varias funciones. Hay un programa anual de auditorías, vienen los auditores de la Sindicatura General de la Nación y nos dicen, este año toca becas, vienen y nos preguntan cómo damos las becas, y nos preguntan cómo las damos a conocer, dónde ponemos el cartel, cómo es el cartel, y un montón de cosas más; también nos controlan la emisión de títulos. Cada una de las funciones tienen un plan de auditoria anual en el que vienen los auditores, se quedan dos días y controlan todo”

Por su parte, el decano Gustavo Isaack apuntó que “es mentira que los ingresos no están auditados, por lo menos a lo que refiere a esta facultad, se mantiene un estricto control de todo”.

Ciencia e investigación al servicio de la comunidad

El Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos, Ictaer, es un instituto de investigación de doble dependencia conformado por las Facultades de Ciencias de la Alimentación y Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Conicet. Fue oficialmente aprobado en mayo de 2020 y tiene como antecedente, la creación del Centro de Investigación y Transferencia de Entre Ríos (Citer) en el año 2012. Sus sedes se ubican en las ciudades de Gualeguaychú y Concordia.

La importancia que reviste la existencia de este tipo de organismos en la ciudad reside en varias aristas, por un lado, como detalla la soctora Beatriz Gómez a cargo de la dirección de Ictaer : “Impulsa el sistema científico tecnológico de Entre Ríos y acompañar al sector socio-productivo regional y nacional” a través de la generación de conocimiento que permite estimular las economías regionales, “generando nuevos productos, servicios y empleos; la colaboración con el sector productivo, ya que se establecen vínculos con empresas locales, facilitando la transferencia de tecnología y conocimientos, lo que puede aumentar la competitividad del sector privado; la divulgación científica y la cultura del conocimiento, lo que contribuye a una sociedad más informada y crítica; la atracción de inversiones tanto del sector público como del privado, potenciando el desarrollo regional; la creación de redes de colaboración entre investigadores, instituciones académicas del país y el extranjero, facilitando la colaboración y el intercambio de ideas”. 

Es por esto que el desfinanciamiento del sistema universitario y científico, tiene varias consecuencias significativas: “la falta de fondos limita la capacidad de los investigadores para iniciar nuevos proyectos, lo que a su vez afecta la producción científica y la innovación. Se dificulta la retención de talentos ya que, los investigadores y becarios pueden buscar oportunidades en el extranjero o en sectores privados mejor remunerados, lo que provoca el desgranamiento de los grupos de trabajo y la pérdida de capital humano”, expresó Gómez y por otra parte, “la falta de recursos para la renovación y mantenimiento del equipamiento afecta la calidad de la investigación, lo cual puede llevar a resultados menos competitivos en el ámbito internacional”.