En el Gobierno estiman que habrá tres veces más personas en la próxima marcha de los jubilados

La marcha del miércoles pasado al Congreso no solo dejó el saldo de 194 detenidos que rápidamente fueron liberados y postales de represión como el disparo al fotógrafo Pablo Grillo, también obligó a Javier Milei a blindar a Patricia Bullrich y a los principales referentes del Gobierno a abrazarse a la narrativa de un supuesto intento de desestabilización contra el Ejecutivo.

En ese contexto, la ministra de Seguridad ya trabaja en el operativo para la manifestación convocada para el miércoles por el reclamo de los jubilados y que, según todos los actores involucrados, será mucho más numerosa que la última.

El viernes después del mediodía, Bullrich recibió en sus oficinas de la calle Gelly y Obes al jefe de la SIDE Sergio Neiffert y a su número dos, Diego Kravetz. También fueron de la partida el ministro de seguridad porteño Horacio Giménez y su flamante secretario Maximiliano Piñeiro, el civil que responde a Jorge Macri en la Cartera más sensible de CABA. La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y los jefes de las fuerzas de seguridad federales también se sumaron; al igual que el director nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), Ricardo Ferrer Picado.

En el encuentro se acordó la elaboración de mesas de coordinación entre todas las partes para evitar los errores que desencadenaron en las escenas del miércoles pasado y que se ocuparán de todas las etapas del operativo: la inteligencia de la convocatoria previa, el ingreso, la movilización y contención y la desconcentración. Volverá a haber comando unificado, un detalle que la última vez no impidió los cortocircuitos internos.

Hasta el momento, según pudo saber Clarín de fuentes oficiales, no está previsto que haya un operativo de seguridad más numeroso, pero sí más coordinado para no repetir errores como los de la semana pasada, cuando las fuerzas actuaron “como una ola que avanzaba y retrocedía”, porque la orden principal que debían ejecutar era asegurar la protección del Congreso.

A pesar de las acusaciones públicas, en áreas sensibles del Gobierno reconocen que no hubo barrabravas en la manifestación, pero sí existieron fallas tácticas en el operativo, más precisamente en el “barrido”, que falló, y por la obsesión oficial por mantener la calle liberada. “No hubo problemas políticos, pero no hay que ser necio. O dispersas o evitás el corte de calle”, reflexionó un alto funcionario al tanto de la estrategia de seguridad.

No dejarán de usarse ni balas de goma ni gases lacrimógenos y buscan acortar en el tiempo los cruces entre manifestantes y policías. Explicaban que las circunstancias pueden obligar a un combate si hay violencia, pero no puede extenderse durante horas, porque es en ese contexto que las cosas se salen de control.

De todos modos, tal como dio cuenta este diario, después de la marcha hubo reproches cruzados entre la cartera de Seguridad nacional y la nueva cúpula porteña por el funcionamiento del operativo. El gobierno de la Ciudad se diferenció de Bullrich con el tratamiento a los heridos.

Bullrich dedicó buena parte de la reunión del viernes a descargar una batería de críticas contra la jueza Karina Andrade, que ordenó liberar a los manifestantes y que este lunes será denunciada penalmente por el Gobierno.

En el corazón del Ejecutivo se debate una estrategia más definitiva y contundente para evitar que todos los miércoles exista la amenaza de un estallido frente al Palacio Legislativo. Hay funcionarios que promueven un cambio de carátula en los delitos que se les imputan a los detenidos para que sean tratados por la Justicia federal en vez de la local.