Empresas constructoras embargaron al IAPV en 400 millones de pesos

Los cambios de gestiones el pasado 10 de diciembre trastocaron muchos engranajes que, algunas veces de mejor manera y otras de manera paupérrima, mantenían en marcha la maquinaria productiva del país. Más allá de las medidas tomadas por el incipiente gobierno del presidente Javier Milei, durante la última etapa del gobierno pasado también hubo más de un desmanejo o comportamiento negligente, dejando temas colgados o a la merced de la suerte o decisión de los que fueran a asumir.

Una de esas situaciones se vive actualmente a nivel provincial en el Instituto Autártico Provincial de la Vivienda (AIPV), el principal organismo en Entre Ríos para solucionar los problemas habitacionales. 

Según información oficial, los últimos certificados de pagos que el instituto debía hacer a las empresas constructoras no se realizaron, por lo que las compañías privadas acudieron a la Justicia, la cual dictaminó un embargo de 400 millones de pesos contra el IAPV.

En total, el embargo es por 400 millones de pesos. Esa es la deuda del IAPV, aunque no se puede descartar que sea mucho más”, adelantó a Ahora ElDía el titular en Gualeguaychú del IAPV Pablo Echandi.

“Estas deudas son de los últimos 3 o 4 certificados. El último certificado de obra por gran modalidad fue en octubre y noviembre del año pasado, así que para remontarte a los anteriores un par de meses más atrás para para saber desde cuándo no le fueron pagando los certificados a las empresas”, explicó. 

“Todo esto que estamos viviendo ahora viene mal manejado por parte del IAPV, pero no desde ahora sino desde hace 30 años atrás. Es algo histórico y que está enquistado en el informe. El problema actual es que a este nuevo gobierno y a esta nueva gestión del IAPV también se le aplica la ley como corresponde, y está bien. Las empresas no recibieron su pago por parte del Estado provincial, quien luego pidió una cancelación de obra por 60 días y se firmaron los convenios para poder parar los trabajos”, agregó.

“Desorden y parálisis de la obra pública”, fueron las palabras que eligió el gobernador Rogelio Frigerio cuando asumió en diciembre pasado, haciendo alusión a una situación a la cual según él se le sumó una deuda de 20 mil millones de pesos entre juicios y certificados no pagados a las empresas. 

Es en este contexto que el mandatario entrerriano consensuó con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción un parate por 60 días de toda obra pública. La idea siempre fue saber dónde estaban parados al asumir y poder retomar las obras en marcha con un mayor nivel organizativo. Sin embargo, los embastes de Nación, los recortes y los ajustes realizados por Milei, entraron a complicar más la situación. Y en este contexto, la Justicia dictó el embargo.

“El tema del embargo es algo que están manejando las autoridades provinciales junto con el Gobernador. Tienen que saber primero con que fondos van a contar, y luego sentarse a negociar con las empresas: creo que hubo propuestas de pagos a 30, 60 y 90 días”, sostuvo Echandi. 

¿Cómo afecta a Gualeguaychú?

Una de las empresas que accionó judicialmente contra el IAPV es Szczech S.A. Empresa Constructora, la encargada entre varias obras a nivel provincial, de construir las 30 viviendas ubicadas sobre calle Maestra Piaggio, detrás del Cementerio Norte. El proyecto en sí consta de 108 casas en total, pero sólo 30 fueron financiadas por el ente autártico. 

Actualmente, esas 30 viviendas están finalizadas en un 90%, pero la paralización de las obras por parte de Provincia y la incertidumbre que baja desde Nación sobre los posibles fondos que puedan provenir –sobre todo luego del recorte total de los fondos fiduciarios– hacen que nuevamente los adjudicatarios de esas casas vuelvan a estar en un limbo sin saber cuándo podrán ocuparlas.

“Una de las empresas, por ejemplo, está involucrada con las 30 viviendas de Gualeguaychú, que es ahí donde está mi preocupación mayor, porque son 30 viviendas que le faltan en promedio 10% de la obra. Y hoy en día están paralizadas. Estoy al habla con Provincias para que me cuenten un poco más cómo va la gestión con esa empresa. Lo cierto es que se puede levantar el embargo: si mañana la empresa acepta una forma de pago y el Estado le da cierta garantía, la empresa puede llegar a levantar el embargo y cuando se levante esta cancelación, que te dije, por 60 días poder seguir con la obra”, explicó Echandi a Ahora ElDía.

“Las personas que esperan esas casas están desesperadas, y es entendible, porque a su vez confiaron y ya vienen de tener muchas versiones diferentes. Hace años compraron su terreno, hace años hicieron un convenio con Vicoer y con IAPV para poder comprar la casa construida. La última gestión se comprometió que en un año, más o menos, se hacían esas viviendas. Pero hasta ahora no están finalizadas”, renegó.

Además del terreno y la construcción de la vivienda, para que un barrio funcione como tal debe contar con servicios básicos, y en este sentido también hay algunos inconvenientes con el barrio 30 viviendas.

“Es acá donde entre la responsabilidad municipal, porque las obras de servicio de cloaca, agua y luz fueron compromisos del Municipio para que se hagan, y hasta el día de hoy la parte de energía eléctrica. Ahora, esta gestión nueva del Municipio tiene que hacerse cargo de ese compromiso que hizo el anterior intendente Esteban Piaggio. Pero bueno, por supuesto que las responsabilidades se trasladan de un gobierno a otro. Actualmente, la Municipalidad está gestionando con la Cooperativa Eléctrica para poder hacer los trabajos. Tener una casa sin servicios, es más o menos como irse a vivir a una choza, y eso no podemos permitirlo”, sostuvo.

Actualmente, se están tratando de encontrar soluciones alternativas para que las 30 viviendas finalmente puedan ser habitadas. 

“Quizás a alguna de las casas le faltan las canillas, otras quizás el revoque fino y capaz que a alguna le falta la pintura. Muchos adjudicatarios prefieran hacerse cargo de lo que falta y que se lo descontemos de la vivienda antes que esperar seis meses y seguir pagando un alquiler durante todo ese tiempo”, remarcó Echandi.

Recordemos que desde la desregularización de los precios de los alquileres y la falta de oferta en Gualeguaychú, los pocos inmuebles disponibles para alquilar están a precios que muchas veces se tornan inaccesibles al común de los vecinos, alcanzando, en el caso de mayor fortuna, valores de rentas por encima de los 100 mil pesos. 

“No sé en qué estado está el tema legal como para hacer algo así, pero sí tengo confianza en que se empiece a destrabar todo el asuntoy que se empiecen a destrabar los fondos nacionales para reactivar todo. Capaz que soy un iluso, porque la gente está pesimista y yo capaz que estoy demasiado optimista, pero creo que esta puja de ‘te doy’ o ‘no te doy’ me parece que es algo temporario”, concluyó el funcionario a cargo de la filial local del IAPV.