El peor momento en políticas públicas para la discapacidad

En los últimos 30 años estamos transitando una curva descendente en cuanto a políticas públicas en discapacidad, a pesar de algunas conquistas ganadas en derechos humanos y sobre todo en la década del 2000/2010 cuando en Naciones Unidas (ONU) se confecciona la “Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad”, que en nuestro país se convierte en ley 26378 en 2008, herramienta ésta que nos permite reclamar derechos legítimos y políticas justas, con perspectivas de derechos. Cincuenta artículos que no tienen desperdicios.

Desde el advenimiento de la democracia en 1983, hace cuarenta años, esas son las noticias más relevantes que podemos contar, pero lo que es realidad es que a los sucesivos gobiernos democráticos les ha importado poco y nada la discapacidad. A fines de la década del ‘80 se crea CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidad) hoy llamada ANDIS, organismo que dependía de la Jefatura de Gabinete de ministros, donde se ejecutaron varias leyes muy interesantes como la ley 24901 de prestaciones básicas aún en vigencia, legislación que regula las prestaciones de las obras sociales y los servicios a los profesionales e Instituciones categorizadas para prestar servicios profesionales en discapacidad.

A partir de 2015 durante la gestión del presidente Mauricio Macri, CONADIS pasó a llamarse ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) organismo que determina y elabora las políticas públicas en discapacidad de nuestro país, algo que no se vio (y no se ve) reflejada en el contexto. Además, cayeron una enorme cantidad de Pensiones No Contributivas, perjudicando a una gran cantidad de personas que eran beneficiadas con ese programa, suponiendo con esto pensiones mal otorgadas. En 2019 cuando, asumió el gobierno de Alberto Fernández, devolvieron las pensiones y así estamos, poniéndo como rehenes de gestiones políticas a las franjas mas vulnerables, como son en este caso los colectivos de Personas con Discapacidad (PCD) y con programas establecidos como derechos que poco llegan a los usuarios, en este caso PCD en nuestro país. Además, y como demanda generalizada de todos los colectivos, el gobierno de Fernández no incluyo en el Censo Nacional de 2022 las preguntas que demandábamos para saber que población con discapacidad tenemos en nuestro país, información clave para generar políticas y presupuestos para discapacidad. Se perdió la oportunidad histórica de saber esos números que dan seriedad y precisión al momento de definir con responsabilidad temas trascendentales para el sector. 

La respuesta que recibimos en aquel momento del entonces y actual responsable del INDEC (Instituto nacional de estadística y censo), Marco Lavagna fue que no querían estigmatizar a las PCD de acuerdo a pensamientos internacionales, y que lo harían más adelante, algo que no se hizo. Ahora tiene una nueva oportunidad como funcionario a cargo del mismo organismo y espero que no ponga nuevamente piedras en el camino y se pueda realizar el tan esperado y necesario Censo 

Desde el 10 de diciembre de 2023 tenemos una nueva gestión de gobierno, la de Javier Milei, quienes pretenden “déficit cero” y eliminar todo tipo de “gastos” que unilateralmente consideran innecesarios. Obviamente, las PCD son gastos innecesarios para este tipo de gobiernos. Por el momento no se ejecutan programas y proyectos, mientras tanto aparecen decretos para eliminar políticas públicas que otorgan derechos a estos colectivos. 

Por ejemplo, el Estado propone desregular y no intervenir en prepagas u obras sociales, provocando esto que los afiliados tengan que negociar las prestaciones. Esto ha generado una gran angustia e incertidumbre a los usuarios que no saben cómo va a terminar esto y cuál será la política de este gobierno para que no se vulneren sus derechos. 

El otro tema que ha generado mas angustia y preocupación todavía es el de las pensiones. Mientras la ANDIS, que todavía no ha dado señales de reestablecer programas y poner en marcha la función de la Agencia, tenemos un vocero presidencial que muestra la radiografía de un perro al que dice se le otorgó una pensión, algo que resultó no ser cierto.

Por otro lado, se está auditando lo hecho por el gobierno anterior para saber si hubo o no corrupción en las pensiones otorgadas. No está mal que se investigue a quien le fue otorgada una pensión, pero no se pueden esperar 8 meses para comenzar a instalar programas de políticas públicas de discapacidad. 

Las pensiones son un paliativo y no una solución para quienes no tengan recursos ni obras sociales. Los montos que se otorgan son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas que la solicitan, que en general son personas con pocos o nada de recursos. Son situaciones extremas. Las pensiones son muy difíciles de obtener cuando se hace lo correcto y fácil detectar si son productos de actos corruptivos.

En nuestra ciudad, por ejemplo, se gestionan a través del Área de Discapacidad municipal, que recibe la documentación que luego será sistematizada y enviada vía agencia local que la eleva a la ANDIS, que es el organismo nacional correspondiente quien la otorga una vez que se reúnan los requisitos. El trámite es gratuito, pero suele durar alrededor de dos años. Es importante saber que estas pensiones se perciben acreditando prácticamente indigencia y  el usuario no debe tener bienes. 

Lamentablemente, cuando hay cambios de gestiones gubernamentales se generan dudas y auditorías sospechando siempre irregularidades sobre pensiones mal otorgadas. No quiere decir que esto no ocurra, y está bien sancionar como corresponda a los culpables, que en este caso son funcionarios y no usuarios. Estos últimos son los que sufren las injusticias de los corruptos de siempre que quieren sacar ventajas de los más vulnerables. Lo que es inaceptable es que se sigan dilatando los tiempos y los usuarios y beneficiarios de programas para PCD se sigan quedando sin prestaciones, generando esto una gran angustia para todos quienes necesitan imperiosamente un tratamiento, rehabilitación, medicación u otro tipo de prestaciones. Somos conscientes que cuando hablamos de beneficiarios de programas, estamos hablando de derechos tal lo establecido en las convenciones internacionales. La persona con discapacidad es un “sujeto de derechos”

Al respecto y como una cuestión de Estado, todo esto que estamos relatando en esta opinión son los derechos establecidos y conquistados en la lucha de los colectivos de PCD todos estos años. Quienes pertenecemos al movimiento asociativo de padres de personas con discapacidad desde principios de los ‘90, sabemos que sin nuestras intervenciones en los últimos treinta años, no existirían muchas de las políticas públicas que en la fecha se están ejecutando en salud, educación, vivienda, trabajo, etc. 

De esto se trata. Toda esta preocupación y angustia se genera a través de los dichos y hechos que surgen del propio gobierno, cuando hace estos anuncios sobre lo que va a anular y no reemplazar por programas mejores o al menos que lo que hay hoy llegue a toda la población de PCD.

La ANDIS por decreto pasó al ámbito del ministerio de salud, y esto es un gran retroceso. La salud va de la mano del modelo medico hegemónico de la discapacidad, son enfermos, se deben rehabilitar, no se reconocen sus habilidades y capacidades. 

El Estado se retira del control y regulación del servicio de prestaciones sociales, decreto que se filtro y trascendió para que estemos alertas y no permitir que esto suceda: Vulneración de derechos.

En realidad, y para terminar estamos en el peor momento de una curva descendente en políticas públicas en discapacidad que nos tiene en alerta y movilización permanente ante un Estado ausente y que poco le importa este relato y testimonio que mantenemos desde las organizaciones sociales y los colectivos de PCD.

Yo quiero equivocarme. Quisiera equivocarme y que esto no estuviera sucediendo. Pero en rigor de verdad las 21 provincias representadas por Instituciones que componen la Red T21 y los referentes nacionales en discapacidad con los que trabajamos a diario estamos preocupados y esperando que algo suceda para que se encaucen las políticas inclusivas y los derechos humanos de las PCD 

Es hora que pertenezcamos, que estemos dentro, que dejemos de hablar de inclusión y sentirnos dentro del sistema que contemple a todos los ciudadanos, tengan o no discapacidad. Así podremos hablar de igualdad, derechos y sobre todo “ser parte”. Hablar del verdadero sentido de la accesibilidad y no solamente de rampas y ascensores. Accesibilidad a la educación, al ámbito laboral competitivo, a la vivienda digna, a la justicia, a ocupar cargos, a la tecnología y la informática, a la vida social plena. Esto es accesibilidad y quien no lo entienda, es porque es parte de la decadencia y el desinterés por el otro. Debe primar lo colectivo por sobre lo individual.