El jefe de Gabinete Garro se refirió a la polémica del tanque del Parque Seco y volvió a cargar contra la gestión Piaggio

El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Gualeguaychú, Luciano Garro, salió al cruce de la difusión de audios referentes a una obra certificada por la anterior gestión y que nunca fue finalizada. 

“La maniobra de difundir los audios privados del arquitecto Domingo Carrazza con el exsecretario de Obras Públicas, Carlos García, no es más que un nuevo intento de embarrar la realidad e intentar cambiar el eje de uno de los más burdos y desprolijos expedientes de las obras realizadas por el piaggismo”, opinó Garro a la vez que aseguró que “la cronología de los hechos, que es lo que omiten los exfuncionarios denunciados, es tan importante como las pruebas”. 

Anótese y regístrese 

El funcionario recordó que “el 7 de noviembre de 2023 (es decir ya en conocimiento que habría un cambio de gobierno en Gualeguaychú), ubicados en el mismísimo Parque Seco, se labró el acta de recepción de obra que incluía la provisión de agua y la colocación de un tanque de agua. Con el acta firmada por un representante de la empresa y dos funcionarios municipales, Hugo Sacre y Carlos García, se dieron por finalizadas las obras previstas y las cláusulas contractuales. Acto seguido, el día 24 del mismo mes, firmado por el propio exintendente, Esteban Martín Piaggio, y los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, se emitió el certificado de obra número 2 correspondiente a ese final de obra. No es menor señalar que un Certificado de Obra es un documento con validez, incluso para poder ser cobrado en las entidades bancarias. Posterior a eso, el día 30 de ese mismo mes de noviembre, se emitió el decreto 4818/2023, también firmado por el exintendente Piaggio, que aprueba el certificado número 2 y se dispuso el pago a la firma metalúrgica DASA de la suma de 2.098.200 de pesos, ordenándole a la Secretaría de Hacienda dar cumplimiento a lo dispuesto y creando un pasivo a cargo de la Municipalidad con imputación presupuestaria específica. Hasta ahí, la realidad de los hechos consumados de una obra que se puede ver y palpar que figura en documentos públicos como finalizada y que no es así”, explicó.

Es de destacar que si se avanza en el tiempo y en el expediente, sin fecha cierta, sin foliar, sin aparecer en el seguimiento virtual y refiriendo fecha 7 de diciembre de 2023 (exactamente un mes después del acta de finalización de obra) aparece una nota con firma ilegible e iniciales CRG expresando que la empresa contratista tenía dispuesta a la instalación del tanque y atento a que culminaba la gestión se había dejado preparado el trámite de certificación y facturación a la espera de dicha instalación antes del cierre y que las condiciones climáticas de varios días de lluvia impidieron el trabajo en el terreno, pidiendo que por tal motivo se deje sin efecto el pago del certificado”.

Ya en la actual gestión del intendente Mauricio Davico, el 9 de diciembre de 2023 se emitió el decreto 5377/2023 que ordena la anulación del pago en cuestión.

Garro remarcó que “los audios del arquitecto Domingo Carrazza fueron realizados con fecha 1 de diciembre de 2023, en pleno intento frustrado de una transición ordenada. Allí, Carrazza, todavía sin saber que iba a ser funcionario, tiene un intercambio de mensajes con el hasta ese momento secretario de Obras Públicas Carlos García. En los audios, que son de público conocimiento, sugiere planteos para la obra, sin tener conocimiento alguno del expediente y de que ya había un acta de finalización de obra. Todo esto nada tiene que ver con el objeto de la denuncia que no fue el estado de avance de la obra, sino una falsa documentación de un final inexistente. Es este el hecho que debe ser investigado por la Justicia: la existencia y realización documentos públicos que generaron un perjuicio para la Municipalidad, obligando al Departamento Ejecutivo a emitir un decreto que ordenó el pago, lo cual generó un pasivo para las arcas públicas”.

“Debe tenerse en cuenta que la competencia y las responsabilidades de las autoridades públicas en ejercicio resultan ineludibles. Por tal motivo, ninguna conversación que pueda haber existido con funcionarios en ejercicio de la gestión anterior en el periodo de transición podrían liberar a aquellos de sus responsabilidades y deberes. Ello, menos aún, respecto de actos o irregularidades ya cometidos, como sería el caso de la elaboración de documentos públicos falsos”, agregó a continuación.

Garro reafirmó: “Debemos reiterar que la falsedad consiste en que el documento afirma como finalizada una obra que al momento de la realización del documento no lo estaba, en modo alguno puede el autor de la falsedad pretender excusarse invocando algún pedido de un futuro integrante de un futuro gobierno. Menos aún, si ese pedido fue posterior a la falsedad cometida, y si no se refería al hecho de la instrumentación documental, sino a uno distinto. Menos todavía ello puede ser así, cuando el funcionario en ejercicio rechazó expresamente el parecer del emisario de la futura gestión. Menos que menos cuando el propio responsable de la falsedad reconoce haberla cometido e incluso ya lo había expresado en el propio expediente; expediente que además el arquitecto Domingo Carrazza desconocía por completo”, finalizó el Jefe de Gabinete.