El Fiscal de Estado Rodríguez Signes confirmó que apelarán para evitar las multas por Amarras

Mónica Farabello

El conflicto es tan extenso como complejo; por un lado, el abogado de Gualeguaychú Julio Majul fue el promotor de la queja en favor del medioambiente. Por el otro, son tres las partes demandadas: La Provincia -por ser la responsable de la protección del ambiente y quien emitió permisos provisorios para la construcción del barrio náutico Amarras-; luego se suma el Municipio de Pueblo Belgrano, también parte fundamental en el entramado de avance del emprendimiento inmobiliario, y luego, la empresa Altos de Unzué, propietaria e impulsora del barrio.

El camino judicial comenzó con una instancia en la justicia local, luego pasó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, para finalmente saltar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Allí, el órgano superior ordenó a los jueces de la instancia provincial revisar las pruebas y emitir un nuevo fallo y aseguró que ante la duda, “siempre a favor del agua, siempre a favor de la tierra”.

Con este mandato, el Superior Tribunal entrerriano ordenó a las partes demandadas a restituir el espacio a su estado original y les dio un plazo de 180 días hábiles.

Una vez transcurrido este tiempo, el juez Ricardo Mudrovici, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3, de Gualeguaychú, decidió aplicar una multa de 200 mil pesos diarios a la Provincia, a Pueblo Belgrano y a la empresa.

Fue en respuesta a una demanda de ejecución de sentencia impulsada por Julio Majul, quien había solicitado la aplicación de una multa diaria de 500 mil pesos.

Conocida esta medida, el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes expresó en Ahora Cero Radio que apelarán la medida por dos motivos: primero aseguró que “puede haber alguna cuestión de incompetencia” al ser la decisión de un juzgado local sobre un fallo del Superior Tribunal.

El segundo motivo que alega Rodríguez Signes es que desde la Provincia, a través de Medioambiente, se está trabajando en la “reparación ambiental” del lugar, por lo que estarían cumpliendo el fallo judicial.

En este sentido, el Fiscal de Estado negó que la Provincia esté por fuera de lo establecido en la instancia judicial y aseguró que así lo demostrarán en la instancia de apelación de esta multa.

En cuanto al funcionamiento del barrio náutico continúa la incógnita acerca de lo que podrá suceder en el futuro. Quienes entienden que se trató de un emprendimiento que avanzó sin los permisos pertinentes afectando directamente un humedal, aseguran que todo debe ser desmantelado para volver a un estado natural; mientras que del otro lado indican que una reparación ambiental y una readecuación del proyecto podría darle luz verde al barrio Amarras.

Desde la Municipalidad de Pueblo Belgrano también apelarán el fallo judicial y se quejarán por la multa, mientras que desde la empresa prefieren no hablar con los medios de prensa.

Una Policía Ambiental para el Delta

En otro orden de temas, el Fiscal de Estado se refirió a la posibilidad de crear una fuerza especializada en seguridad ambiental. El nuevo cuerpo propuesto por el Fiscal Julio Rodríguez Signes busca controlar el Delta y las zonas de islas del Río Paraná. “Necesitamos una fuerza especializada en seguridad ambiental para este caso y para otros como por ejemplo, la aplicación de agroquímicos en zonas cercanas a escuelas rurales”, afirmó.

Al respecto, expresó que la fuerza tendría que ser de al menos 100 efectivos para controlar el Delta y estimó en 1 millón de hectáreas de las cuales 400 mil son de dominio público.