OPINIÓN
El debate sobre las armas en la Argentina
A través de la publicación del Decreto 1081/2024, el Gobierno redujo a 18 años la edad mínima para ser legítimo usuario de armas. Mediante esta medida, se modificó el inciso 1 del artículo 55 de la reglamentación de la Ley 20.429 de 1975, que disponía que las personas podían ser usuarias legítimas de armas únicamente desde los 21 años en adelante. Seguirán vigentes los requisitos adicionales exigidos, tales como un examen psicofísico, no poseer antecedentes penales, acreditar identidad y domicilio, entre otros, para así obtener la correspondiente licencia otorgada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Esta decisión se enmarcó en un contexto donde el acceso a las armas en nuestro país está fuertemente regulado.
El debate sobre esta reforma plantea un conocido y discutido dilema entre el derecho a protegerse y la necesidad de garantizar la seguridad pública, pues esta modificación implica un cambio en el umbral actual y transforma a los jóvenes adultos en una nueva categoría de usuarios de armas.
Uno de los argumentos más comunes en favor de la reforma es el derecho individual a la autodefensa. En un contexto de inseguridad, muchos ciudadanos ven en el acceso a las armas una forma de protegerse ante situaciones de violencia o delincuencia. Para los jóvenes, especialmente en áreas con altos índices de criminalidad, poder acceder a un arma puede verse como una medida preventiva frente a la posibilidad de ser víctimas de delitos violentos.
Además, podría significar una forma de empoderar a los ciudadanos, otorgándoles mayor autonomía para tomar el control sobre su seguridad personal. Si se implementan medidas de control adecuadas, algunos sectores consideran que esto podría incluso reducir la dependencia de la Policía y de otras fuerzas de seguridad, quienes en ocasiones no pueden garantizar una respuesta rápida ante situaciones de peligro, pues muchas veces esta solución llega tarde.
Necesariamente, esta reforma deberá estar acompañada de un programa educativo y de capacitación en el uso responsable de armas, para así contribuir a un mayor nivel de conciencia sobre las responsabilidades legales y sociales que conlleva tener un arma.
No deben pasarse por alto las posibles consecuencias negativas de este tipo de medidas. Uno de los riesgos más evidentes podría ser el potencial aumento de la violencia juvenil. La facilitación por parte del Estado para la tenencia de un arma puede fomentar un entorno de mayor conflicto, ya sea en situaciones de delitos comunes o de enfrentamientos en el ámbito familiar o escolar.
Además, los jóvenes que accedan a las armas posiblemente aún no hayan alcanzado un nivel de madurez emocional o mental suficiente y pueden no ser capaces de manipularlas adecuadamente, conllevando posiblemente riesgos de accidentes, como disparos involuntarios.
Por último, aunque la ley prohíbe el acceso indiscriminado a las armas, el control real sobre su circulación y el cumplimiento de la normativa siempre ha sido un desafío. Reducir la edad mínima para el acceso a las armas podría incrementar aún más la dificultad para llevar a cabo una supervisión efectiva, con el riesgo de que las armas caigan en manos inadecuadas. Con ello, el mercado ilegal de armas podría verse beneficiado, ya que, al tener mayor acceso a ellas, podría verse incrementado su tráfico y venta en ámbitos clandestinos.
Será fundamental que cualquier reforma legislativa que contemple una medida tan significativa, sea acompañada de la implementación y supervisión de controles rigurosos y políticas de prevención efectivas.
