El bloque de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto sobre salud mental

Por eso, el proyecto establece la capacitación obligatoria en salud mental a todo el personal de las fuerzas de seguridad, de educación y de salud del ámbito nacional, provincial y municipal, del sector público y privado, desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos, y entendiendo a la salud mental como un derecho humano fundamental.

Este proyecto se presenta entendiendo que hay un déficit en la respuesta concreta a situaciones de emergencia en salud mental, y con el objeto de lograr la capacitación y formación que permita una coordinación y articulación de todas las áreas para lograr abordajes adecuados y medidas concretas que salvaguarden los derechos de los pacientes, según establece la Ley de Salud Mental.

En sus fundamentos, el proyecto presentado por la Diputada Gaillard expresa que “tiene como objeto establecer la capacitación obligatoria de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 a todos los efectores del sistema de salud, a todo el personal de las fuerzas de seguridad y a la comunidad educativa en su totalidad, sea del ámbito público como del ámbito privado. Estará dirigida a todas las personas que se desempeñen en el sector público, en todos sus niveles y jerarquías, definidos en el artículo 8° de la Ley 24.156; en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación; y en los Ministerios Públicos, así como en el sector privado, en las áreas mencionadas específicamente”.

También sostiene que “el proyecto surge de la necesidad de promover y garantizar la formación, capacitación a todos aquellos actores involucrados en la implementación de la Ley de Salud Mental, en las áreas de salud, seguridad y educación. Entendemos que la actual normativa de salud mental es de suma importancia, que ha sido reconocida en el mundo como un modelo a seguir por su perspectiva en derechos humanos y el cambio de paradigma que ha impulsado. No obstante ello, ha recibido múltiples críticas otorgándole responsabilidad a la ley por la imposibilidad de dar respuestas a las falta de solución a las internaciones involuntarias, y una atención adecuada a los tratamientos por consumos problemáticos, intentos de suicidios etc., en ese sentido ha habido múltiples intentos para modificarla. Sin embargo, consideramos que gran parte del problema no está en la ley en sí misma, sino en la falta de conocimiento y formación sobre la misma, en la falta de articulación y coordinación entre los efectores del sistema de las distintas áreas, como en la ausencia de recursos o readecuación de los mismos para una implementación”.

Además, en su articulado, el proyecto establece que “El Poder Ejecutivo Nacional llevará adelante campañas de concientización a través de los medios masivos de comunicación, plataformas digitales, redes sociales, entre otros, a los efectos de concientizar a la población en general respecto a la importancia de la correcta implementación de la ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su enfoque de derechos humanos”.