El abogado de la empresa que colocó el tanque de agua en el Parque Industrial Seco fundamentó por qué se archivó la causa

Esta mañana, en comunicación telefónica con Ahora Cero, Luciano Legascue, abogado de Metalúrgica D-A -la empresa que estuvo al frente de la colocación del tanque de agua en el Parque Industrial Seco-, brindó detalles sobre la causa penal que fue archivada en el día de ayer.

Se trata de la denuncia realizada en mayo de este año por el intendente Mauricio Davico acusando a la gestión anterior de haber presentado un certificado de finalización de una obra que no aún no se había llevado a cabo: la colocación de un tanque de agua en el Parque Industrial Seco. Según acusó Davico, a pesar de que dichos trabajos no se habían finalizado, la Secretaría de Hacienda y Política Económica “fijó la imputación presupuestaria del pago a la empresa contratista por el certificado final de la obra”.

Tras la polémica que tuvo la causa, con la viralización de audios de funcionarios y acusaciones cruzadas de ambas gestiones, la Justicia finalmente determinó archivarla "al no poderse recrear un ilícito penal por falta de elementos”.
 

En primer lugar, Legascue aclaró que “en ningún momento hubo una imputación formal”: “lo que hizo Jorge Gutiérrez como fiscal fue convocar a las tres personas que en principio estaban sindicadas -a raíz de la denuncia que presentó el municipio- para que puedan eventualmente participar de esa investigación. Podría haber llegado una imputación en términos procesales, pero la realidad es que eso no ocurrió y que se dispuso el archivo antes de tiempo”. 

Acto seguido, indicó que el siguiente paso, en términos procesales, “es que el fiscal coordinador, Lisandro Beheran, dé venia del archivo que dispuso el fiscal Gutiérrez”, y consideró que esta será “una cuestión de cuasi mero trámite, sobre todo por la solvencia que tiene la disposición de archivo, por la cantidad de evidencia que se produjo”.

"La realidad es que más allá de que no hubo una imputación formal se desplegó una investigación penal preparatoria intensa en términos de elementos que fueron reproduciéndose: por un lado, pasaron muchas testimoniales de distintas personas; por otra, hubo una agregación de parte del doctor Britos y mía de conversaciones de WhatsApp para dilucidar o reconstruir un poco cómo fueron los hechos. Toda esa evidencia en su conjunto hace que la disposición de archivo sea bastante sólida”, fundamentó.

Respecto a las conversaciones de Whatsapp analizadas en la investigación, el abogado de la empresa señaló que, por un lado, se trabajó sobre los audios y mensajes intercambiados por Carlos García y Oscar Carrazza en momentos previos al cambio de gestión, y por otro, también sobre “una serie de conversaciones de WhatsApp que involucró a varios funcionarios de la actual gestión”. Según explicó, con esta última evidencia “demostramos la cantidad de intentos infructuosos por parte de la empresa de tomar contacto con la actual gestión para finalizar la obra”.

“Era un teléfono descompuesto, la empresa no recibía respuesta o, en el mejor de los casos, recibía una respuesta evasiva. Lo que hizo esa evidencia fue demostrar que mi cliente siempre la intención de culminar con la obra, y que jamás tuvo siquiera un intento de exigir el cobro de lo que faltaba por hacer”, describió. Y agregó que su mayor sorpresa consistió en que “pese a esa falta de respuesta, el municipio después intimó a la empresa para que finalice la obra, lo cual llama poderosamente la atención porque la empresa demostraba la voluntad insistente de llevar a cabo la colocación, no le respondían y después le llegó una carta documento para que lo haga".

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