Disputa por el litio y control de la protesta: Qué hay detrás de las movilizaciones y la represión en Jujuy

Luciano Peralta 

Si nos ponemos los anteojos de los medios opositores dominantes, como Infobae, Clarín y La Nación, la culpa de lo que pasa en Jujuy es de “los partidarios de Milagro Sala”, que tiran piedras, prenden fuego autos y se llevan por delante las instituciones democráticas. Si cambiamos de lentes y nos ponemos los de los medios oficialistas, como C5N y Página 12, es el gobernador Gerardo Morales la causa de todos los males, un déspota que gobierna a espaldas del pueblo, recorta derechos y reprime ferozmente y por igual a maestras y ancianas. 

En estos enfoques no hay novedad. Cualquier lector/a más o menos entrenado/a sabe qué se va a encontrar en las empresas de comunicación que se ubican a un lado y otro de la grieta. Ahora bien, eso no es la realidad. O, al menos, son lecturas que contemplan parte de realidades (en plural) mucho más complejas, entramadas y difíciles de entender a 1.500 kilómetros de distancia. 

Estas líneas, en tanto, se saben parciales, cuestionables y falibles. Y no tienen ninguna pretensión de “reflejar la verdad”, porque no existe tal cosa, porque la comunicación siempre es un recorte, una mirada, un aporte desde la buena leche, en el mejor de los casos. Porque la vida real de las personas reales no se divide entre buenos y malos, como los dibujitos animados. La realidad es compleja, siempre. Aunque la manera de hacer periodismo en la actualidad (y sobre todo en el periodismo digital) se ve tentada a simplificar, ofrecer soluciones fáciles a problemas difíciles y exacerbar al máximo el desencuentro, la violencia y el “escándalo” sobre otras formas de entender la comunicación. 

Dicho esto, ¿qué hay detrás de las movilizaciones y la represión policial en Jujuy? Una posible respuesta, con la que coincido, es: el manejo de los recursos naturales, en el que el litio tiene el cetro del rey, el poder sobre los territorios y el control de la protesta social.

La reforma constitucional fue la manera que el gobierno jujeño, con el apoyo de aliados y 11 de 13 constituyentes peronistas, encontró para darle institucionalidad a los cambios demandados por la nueva matriz productiva de la provincia: para generar inversiones se necesita el control de los territorios de las comunidades originarias y la potestad para reprimir las manifestaciones populares. 

El Artículo 50 de la Nueva Constitución, que tras la presión social y la brutal represión fue dejado sin efecto, establecía que "el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan" y "promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano".

Dicho de otra manera: la provincia se arroga una potestad de la Nación (el reconocimiento de las comunidades) y allana el camino para hacer lo que ya hizo con algunas otras comunidades: reubicarlas en otras tierras, fuera de los alcances del negocio del litio. En este sentido, es necesario tener en cuenta que muchos de los territorios de las comunidades indígenas son considerados de dominio fiscal, por eso el Artículo 74, que determina que “las tierras fiscales tienen que ser un bien de trabajo y producción” también causó controversias. El Artículo 67, en tanto, que limita el derecho a la protesta social y a los cortes de ruta, fue de los más cuestionados. 

Si bien las empresas extranjeras pagan sólo el 3% de regalías al Estado (contra el 40% de Chile, por ejemplo), fue la movilización docente la que encendió el reclamo. Los y las maestras jujeñas son los peores pagos del país, por eso, protagonizaron una histórica marcha de las antorchas que, tras ser reprimida, devino en decenas de cortes de ruta.  

Después vino lo que todo el país vio por televisión. Policías tirando balas y piedras, con la mano y con gomeras; infiltrados en todos lados; caos en las calles y políticos que, a horas del cierre de listas, desde Twitter trataban de sacar la mayor tajada posible de la situación. Tras la represión, Morales fue confirmado como compañero de fórmula del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Un duro para un conciliador. 

Pero, sea quien sea que gane las elecciones en octubre, el fondo del problema seguirá siendo una cuestión de derechos. Que el cuento del progreso y la lluvia de inversiones, en una economía a la que le urge generar dólares, no se lleve puesta a las comunidades que habitan el suelo jujeño, ni al suelo, ni al agua. Porque el pueblo ya demostró su capacidad de organizarse y resistir. ¡Ojo como gobiernan! Porque la crisis desatada esta semana podría llegar a ser apenas una advertencia de lo que puede venir.