Discapacidad: Decadencia, atropello y retroceso

Con muchos años de militancia y reconocimiento como referente en la defensa por la inclusión de las personas con discapacidad - en particular discapacidad cognitiva/intelectual-,  es necesario hablar sobre este tópico. Siempre pusimos el foco en el vaso medio lleno, pero hoy, nuestra realidad, luego de tanto recorrido, nos convoca a referirnos a la discapacidad desde la decadencia, los atropellos y el retroceso. Nos encontramos con un optimismo absolutamente devaluado.

Es así, estos tres componentes -decadencia, retroceso y atropello- nos están pasando por encima. No se niegan los grandes avances de las últimas décadas, pero parece que hay personas que están obstinadas en poner piedras en el camino a estas franjas poblacionales vulnerables.

En todos los ámbitos, como salud, educación y ciencia, entre otros, podemos encontrar avances y retrocesos o crecimientos y estancamientos. Estas contradicciones se impugnan gestión tras gestión de gobiernos nacionales, provinciales y municipales y lo único que generan son limitaciones y postergaciones en la lucha por los reconocimientos de los derechos de las Personas con Discapacidad (PcD). 

Con esto quiero decir que los diferentes colectivos de PcD se han organizado para lograr visibilizar que son sujetos de derechos, que portan una voz y que su condición no determina su capacidad. La sociedad es la que excluye, la que no está preparada para entender que no hay un solo tipo de ser humano, la que discapacita. 

En ese sentido, no existen “políticas públicas” en discapacidad, por más que haya mucha letra en esta materia (habiendo legislaciones de vanguardia en nuestro país), que estén bien implementadas o que subsistan/continúen a cambios de gestión. No sólo eso, sino que también fallan las decisiones políticas. Hoy podemos hablar de un Estado ausente y desinteresado en materia de derechos de PcD.

En todo nivel estatal tenemos anuncios, algunas marquesinas, títulos que son sólo eso, sin continuidad, algunas buenas intenciones y/o acciones que no alcanzan a poner en marcha ningún mecanismo de “inclusión”. En estos casos prima la hipocresía, la demagogia, y porque no, el egocentrismo.

Suele pasar que cuando se aborda la temática discapacidad se falle en la implementación de políticas públicas, porque ni siquiera se preocupan por consultar o elaborar la política pública con las mismísimas Personas de diferentes colectivos de Discapacidad. Parece que lo que les interesa es callar algunas voces asegurando que algo se hizo y bueno después se verá cómo se implementa. Eso también es estigmatizar o devaluar a una PcD como si no entendieran nada.

Esto es trivial, decadente y retrógrado. También es un atropello. No se informan o se informan mal. No se contiene ni se crean espacios. No se avanza en la educación inclusiva. No se promueven empleos para PcD. No se accede a las prestaciones sociales obligatorias y si se accede es una lucha aparte acceder al 100% de los servicios.

Generalmente se desconoce el verdadero concepto de discapacidad o de la condición de cada persona. Suelen confundir discapacidades con patologías; es decir, no se esmeran en informarse para poder diferenciar por ejemplo una alteración genética de una enfermedad. Esto está vinculado a que cuando hablamos de personas enfermas, nos estamos refiriendo a personas que deben ser curadas, pero esto no funciona de esa manera, la discapacidad no es una enfermedad, sino una condición.

Las PcD no son “seres especiales”, no son “personas con capacidades diferentes”, no son personas con “capacidades especiales”, y lo que es peor es no tener el concepto de lo “normal o anormal”, considerando al otro que no es “normal” para él, es diferente, “anormal”. Es muy perverso cuando se hacen estas comparaciones. ¿Quién está dispuesto a decir públicamente que es una persona “normal”? Por qué fulano o mengano es anormal y menos persona que él, siendo que la anormalidad o las discapacidades de una persona tiene más que ver con la mirada “del otro”. Es estar dentro del paradigma de la igualdad y de la inclusión.

El ser humano, con su mirada, discapacita, anormaliza, discrimina, segrega, insulta, excluye.

Cuando hablamos de derechos también hacemos referencia a cuando las diferentes gestiones gubernamentales quieren poner en agenda el tema discapacidad y de lo único que hablan es de accesibilidad, enunciando la construcción de “rampas, vados, o alguna obra que facilite el traslado de personas con movilidad reducida”, y así se estima que se cumple con alguna Ordenanza. No es así. Este tipo de acciones solo favorecen (y está bien) a un sector de personas con movilidad reducida, también a otros miembros de nuestra comunidad. Pero la “accesibilidad” tiene otra complejidad, otra obligatoriedad, otra responsabilidad de los estados “presentes”, que es lo que se oculta, lo que no se muestra. La que requiere de mayor presupuesto, mayor compromiso, mayor conocimiento sobre el concepto integral de la inclusión. Traducido es Políticas Públicas.

Accesibilidad es acceso a la salud, a la educación, a la justicia, a la vivienda, a la vida autónoma independiente, a un trabajo digno en el mercado laboral competitivo, a la tecnología, al voto, a la opinión pública, a ocupar cargos públicos, etcétera. La accesibilidad es mucho, pero mucho más que una rampa.

Pero de esto no se habla o se habla poco, el dinero va para otro lado (compra de aviones de guerra, sobresueldos de los legisladores, compras nefastas vinculadas a la represión y un largo etcétera). Los presupuestos se achican para los más vulnerables, nada de políticas públicas en discapacidad, pero sí bastante de hipocresía.

Hace poco, muy poquito pudimos tener una reunión con el ente regulador de políticas públicas, el máximo referente gubernamental que tiene la responsabilidad de coordinar los destinos de las PcD en nuestro país, la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Agradecemos y valoramos el tiempo que nos otorgaron para dialogar (más de una hora), fuimos recibidos por funcionarios de jerarquía, directores/directoras de diferentes áreas, y quedamos con la sensación que hay algunas puertas abiertas para trabajar en conjunto en temas que nos preocupan realmente y que, hace ya varios años vienen en picada, intensificados últimamente. Esto será una vez que resuelvan las auditorías, lo que hizo mal el gobierno anterior, o lo que no hizo. Esto es histórico y lo sabemos.

En la gestión de gobierno anterior quedó pendiente la nueva ley de discapacidad, en la que nos hicieron trabajar a todas las organizaciones sociales del país durante un año, incluidos gastos de traslados, viajes y otros gastos. ¿Qué pasó? Nada.

Nos quedamos esperando el Censo Nacional sobre Discapacidad (que no se hizo en el censo nacional de 2022), lo cual fue promesa por el entonces y actual director del INDEC que se haría en 2023, pero quedó en la nada. Los números son importantes. Los datos que determinan la población con discapacidad de Argentina demandarían el presupuesto correcto para implementar los proyectos, los programas y las políticas públicas que tanto demandamos.

Me gustaría escribir prontamente con mayor optimismo y con algunas buenas noticias. Me gustaría que no tenga que hablar sobre discapacidad y decadencia, retrocesos e hipocresía. Parecen utopías lo que debería ser una cuestión de Estado.