Diputada presentó un proyecto que prohíbe poner nombres de políticos y agrupaciones a bienes del Estado

"Asimismo evitar el uso de imágenes, lemas o símbolos de agrupaciones políticas o partidos públicos en bienes inmuebles o muebles propiedad de la Provincia y/o vehículos adquiridos por la Provincia", se indica en la iniciativa en la que se invita a Municipios y Comunas a adherir a dicha Ley y /o a sancionar norma local de la misma naturaleza.

Según detalló la diputada, el proyecto de ley tiene como finalidad establecer la impersonalización en los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado Provincial, en los diferentes niveles y jerarquías, en Entre Ríos mediante la prohibición de colocar nombres de gobernantes, intendentes, concejales, vocales comunales, jueces y cualquier otra autoridad actual, símbolos, audios o imágenes que supongan promoción personal de autoridades y/o funcionarios públicos y/o identifiquen la gestión en bienes inmuebles o muebles propiedad de la Provincia y/o vehículos adquiridos por la provincia.

"Muchas veces se plasman en los bienes muebles e inmuebles leyendas con los nombres y apellidos de los funcionarios, y esto termina desnaturalizando el carácter público del bien en cuestión. El mal uso de los bienes del Estado para realizar publicidad en favor de funcionarios o agrupaciones políticas es una desviación grave de los principios republicanos que deben regir en el ejercicio de la función pública”.

“Asimismo, representa una utilización absolutamente incorrecta de los bienes que son propiedad del Estado y una clara exhibición de un exacerbado culto al personalismo incompatible con el sistema republicano y democrático. De allí surge la necesidad de poner límites a los funcionarios que, abusando del poder que detentan, llevan a cabo campañas, desde y con fondos del Estado con el objeto principal de promocionar y exaltar su imagen obteniendo, en sí, un rédito asociando el accionar del Estado con el de su persona, provocando confusión y relegando a un segundo plano, los actos de gobierno que deben prevalecer en un sistema republicano de gobierno", señaló.

En los fundamentos, la medida especifica que el objetivo es ratificar el carácter impersonal de la actividad pública, derivación de la forma de Estado democrática y la forma representativa de gobierno receptadas en la Constitución Nacional, por lo cual, la utilización de bienes públicos, como vehículos, edificios o cualquier otro tipo de propiedad del Estado, con fines de promoción personal, no sólo es éticamente cuestionable, sino que también desvirtúa la función principal de la comunicación gubernamental, que debe estar al servicio de la comunidad en general y escindida de los intereses particulares.

En este sentido, Laner, manifestó que "los funcionarios que ostentan responsabilidades públicas relevantes deben procurar tanto la austeridad y la sencillez en el ejercicio de sus tareas como el logro del bienestar y desarrollo para todos los entrerrianos, y no así propender a su promoción personal o culto a sus figuras utilizando el cargo que detenta con ese fin. Es por ello, que la presente ley de "impersonalización" (como fue llamada en Neuquén) busca que los poderes del Estado, en un marco de irrestricto respeto a la división de dichos poderes, no dé lugar a la utilización de estas prácticas que forman parte de la vieja política"

Dentro de los antecedentes este proyecto se basa en iniciativas llevadas adelante por dicha provincia (Ley N° 3017) o una similar en la provincia de Buenos Aires con media sanción del Senado. También un proyecto de ley presentado por el Diputado Nacional (MC) Sergio Javier Wisky (Expte. 1948-D-2017).

En el ámbito nacional, se cuenta con la Ley N° 25.188 que estableció un régimen de ética en la función pública y, en el ámbito provincial contamos actualmente con media sanción similar normativa, pero ambas no prevén reglas particulares para la situación antes descripta. 

Fuente: APFDigital