Dieron detalles sobre los vínculos personales, los contratos y la publicidad en la ruta

En la pantalla que exhibe la documentación, en el salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se observan dos expedientes abiertos y encimados. En el interior de cada uno, una foto casi igual: una ruta, un cielo nublado, un cartel celeste al borde del camino que publicita el Plan Procrear Entre Ríos. --¿Nota algún tipo de similitud entre ambas? --Si puede ser el cartel del medio. --¿De quién es esta hoja membretada? --Montañana. --¿Esta hoja membretada de quién es? --Formato Urbano. Lo que mostraba el fiscal Gonzalo Badano a la testigo Florencia Della Ghelfa eran dos certificaciones de publicidad, una de Montañana Publicidad, la otra de Formato Urbano que es Tep SRL. La mujer que declaró por varias horas, dijo que las fotos tienen similitud. De inmediato se le mostró una certificación de publicidad de Bustamante y en la pantalla se observó el mismo cartel al costado de la misma ruta. --¿Nota algún tipo de similitud entre esta foto y las otras dos anteriores? --Sí, podría ser. Las imágenes aparecen firmadas por el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. Son fotografías que sirvieron a los fines de la certificación en los expedientes, para que salgan las órdenes de publicidad y cada empresa pueda cobrar. La declaración de Della Ghelfa se produce en el marco del legajo denominado por Fiscalía como “causa de las imprentas”, al igual que el testimonio del empleado del Partido Justicialista (PJ), Gustavo Pereyra, ocurrido el jueves pasado -quien supo tener una empresa de publicidad estática en la vía pública denominada Publicitar-. La mujer declaró sobre los procedimientos administrativos en el exministerio de Cultura y Comunicación, a través de los cuales el gobierno de la provincia contrata publicidad en la vía pública. Y el punto descripto sobre las fotografías de los expedientes es, justamente, uno de los puntos fuertes de la acusación. Los fiscales sostienen que se hicieron certificaciones amañadas dado que -aseguran-, las empresas de publicidad no cumplieron con lo pactado. La contraparte, en cambio, afirma en este aspecto que las fotografías para certificar el cumplimiento de los contratos entre el gobierno y las empresas de publicidad fueron a modo de "representación", una especie de simbolismo o ilustración. La testigo también lo dijo en varios tramos de su relato. Describió cómo era el procedimiento administrativo para que los medios facturen al gobierno de la provincia. “Cuando me bajaban una orden de publicidad armaba el expediente. La orden de publicidad era en base a una propuesta del medio, y Báez daba el ok. El expediente decía el medio, la fecha, el espacio de publicidad, la fecha de publicación, en qué consistía publicación”, dijo, entre otros datos. Mencionó la existencia de un registro de medios: “Eran millones, muchísimos, diarios, radios, televisión, ahora tenemos banners, redes sociales. Teníamos de Buenos Aires, Rosario, de todos lados”. Cuando la fiscal Patricia Yedro le preguntó por las empresas del registro que hacían publicidad estática en la vía pública, recordó a “Publicitar, Montañana, Tep, Bustamante, la verdad es que no recuerdo porque son muchos los medios que manejamos. Provinciales y nacionales”. Sobre el procedimiento administrativo, ahondó: “Iniciaba una carátula con número único de expediente, había una nota inicial, se adjuntaban las resoluciones sobre contratación de publicidad, la propuesta del medio, datos de AFIP y ATER, constancia inscripción y libre deuda. Eso era como un alta que dábamos. Primero iba a asuntos Contables, después a Asuntos Jurídicos donde estaba Walter Carballo -ahora juez de Garantías de La Paz, su testimonial se incorporará a través de un pliego de preguntas-. Cuando el expediente tenía el decreto, volvía a nosotros, avisábamos al proveedor que podía facturar. Después controlábamos la factura, la certificación, mirábamos que estuviera todo, armábamos e iba al servicio contable para el pago”. Cuando se trataba de la vía pública, Della Ghelfa dijo que “se adjuntaba certificación de Gustavo Tamay -imputado en la causa-, ponía la certificación con carteles. Tamay se encargaba de constatar que estuvieran los carteles en rutas”. “Yo controlaba o miraba los papeles que me traían proveedores y controlaba la certificación, la fecha, el mes que coincidiera con la orden. El texto digamos. Si faltaba algo, le avisamos al proveedor. Las fotos que llegaban –dijo en referencia a las certificaciones- eran por parte del proveedor. A veces nos traían fotos impresas, a veces en fotocopia, muchas veces devolvíamos eso porque no nos servía por el tema prolijidad, que no se veían bien”, aclaró. –¿En el control mensual que hacía? ¿Verificaba si había repeticiones? –preguntó la fiscal. –No, era muchísimo. En día recibíamos miles de certificaciones de proveedores. “Contacto” y “ayuda” La testigo conoce a la contadora Corina Cargniel -imputada en el legajo-. “Ella me llamaba por Tep, Montañana y Bustamante. Supongo que ella trabaja para esas empresas, en realidad no lo sé, pero era el contacto de las tres empresas”, apuntó Della Ghelfa. Dijo también que Gustavo Pereyra, que declaró el jueves pasado, le llevaba documentación de las tres empresas. “No tengo vínculo con -Juan Pablo- Aguilera, pero lo conozco de Casa de Gobierno, del PJ”, aseguró, cuando le preguntaron por qué había correspondencia electrónica de la que ella participaba como empleada del gobierno y las empresas, copiada a Aguilera. Avanzado el testimonio, Della Ghelfa reconoció que pasaba por las agencias a “buscar las hojas”. “Maximiliano -Sena, titular de Next SRL, imputado- veía que le corregía mucho las cosas que llevaban al Ministerio. Además a él le rebotaban IAFAS, entonces me pidió que lo ayude. Me pagaban por emprolijar y ayudar. Pero para mí eso privado no era un trabajo, no cumplía horario ni tenía espacio físico, era una ayuda. No lo tomaría como si fuera parte de la empresa, como empleada”, explicó. Contratos Luis Eduardo Fernández declaró ser hermano de Alejandro y Luciana Almada -es decir hijo biológico del comisario exonerado Héctor Luis Almada-. Aunque lleva el apellido de su padre adoptivo. “El papá de ellos es mi papá”, dijo este lunes, pasadas las 14, a los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. Eso causó un cuestionamiento por parte de los defensores Miguel Cullen y Raúl Barrandeguy, que solicitaron se considere el vínculo de parentesco. No lo consiguieron. El comisario de los buenos negocios Contó que es policía y fue parte de la custodia en Casa de Gobierno. Dio clases de música y ayudaba en la librería Alfa de calle Monte Caseros y Gualeguaychú, de Alejandro y Luciana Almada. Colaboró en ese comercio “desde el año 2010 a 2014 más o menos”. Atendía al público o hacía tareas en el stock. Desempeñó esas funciones en forma paralela a la custodia oficial. Contó que le pagaban en efectivo por mes y no firmaba nada a cambio, que hacía el trabajo en negro. Reconoció vinculación con la contadora Cargniel. Primero dijo que ella le pidió que se dé el alta en AFIP, aunque más tarde se desdijo sobre eso. No recordó por qué le pidieron que se haga monotributista y tampoco supo explicar por qué un talonario de facturas a su nombre fue secuestrado en la casa de calle Montesinos, donde vive Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada. La fiscal Patricia Yedro le mostró a través de la pantalla una factura a su nombre, presentada en el Senado por un importe de 5000 pesos, aunque el testigo dijo que nunca trabajó para la Legislatura. Tampoco reconoció su firma en el documento y dijo que nunca lo tuvo en su poder. Después recordó que pidió un subsidio a la Gobernación para ayuda. “Era una ayuda que me iban a dar pero no sé si de Senadores o Diputados, me lo comentó Alejandro Almada. Era una ayuda no más”. Reconoció que nunca fue a cumplir funciones a Casa de Gobierno y dijo que a la ayuda se la pagaba Alejandro Almada, en mano, en la librería. Julio Alberto Alegre es de General Campos y conoce a varios imputados en el megajucio. Es herrero y trabajó para Tep en 2010 por Emiliano Giacopuzzi, n excompañero de escuela. “Armaba cartelería y montaje. Trabajé 5 o 6 años ahí. En 2010 me dieron el alta”. El testigo dijo que desempeñaba labores en calle Racedo 415 y también en un taller de calle Cura Álvarez. Reconoció que además de ese trabajo tenía un contrato en la Cámara de Diputados, con el exdiputado Hugo Berthet -citado como testigo, concurrirá el jueves-. “El señor Berthet no me exigía horarios, más que nada hacía trabajos referidos a la política, mandados para él”. Según dijo Alegre, “el trabajo político fue aparte de lo laboral con Emiliano Giacopuzzi. Empezó más o menos en 2008”. Más adelante señaló que al sueldo de Tep lo cobraba en calle Racedo y le pagaban por mes. “Era un cheque por 6000 pesos. Siempre era por la misma cantidad, pero a veces cobraba menos o más”, aseguró cuando le preguntaron por el contrato en la Legislatura. Cuando la fiscal le repreguntó, respondió que la diferencia en los montos se daba porque eventualmente pedía adelantos a Berthet. Alegre desconoció su letra en una factura secuestrada en los allanamientos del 1 de agosto de 2016, aunque distinguió sus datos personales en ese documento, nombre y domicilio. –¿Usted hizo esa factura? –preguntó la fiscal Cecilia Goyeneche. –No lo recuerdo. –¿Es su letra? –No. –¿Alguna vez estuvo inscripto como monotributista? Sí. –¿Por qué se inscribió y quién facturaba? –No recuerdo. Las fiscales volvieron a preguntar por el contrato en la Legislatura. Alegre reconoció que a, a veces, además de Berthet también le pagaba Alejandro Almada y que lo hacía en su lugar de trabajo. Cuando le pidieron especificidad, respondió: “En Cura Álvarez o Racedo”. Continuidad Para este martes a las 9 se esperan tres testimoniales: Alejandra Daniela Levand; Carlos Ramírez; y Leticia Vieira. En tanto, para el jueves están previstas las declaraciones del exdiputado Hugo Berthet; se la secretaria de Comunicación del Gobierno de Entre Ríos, Maricel Brusco; la jefa de Publicidad Mariela Teruel; y el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicación, Pablo Dimier. La agenda de testimoniales continuará el próximo lunes, con la declaración de Natalia Gallo. En el debate que comenzó los últimos días de septiembre y se prevé, en principio, hasta mediados de noviembre. Participan los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Los defensores son Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Miguel Cullen, Marcos Rodríguez Allende, Emilio Fouces, Ignacio Díaz y José Velázquez. Los imputados son Sergio Urribarri, actual embajador en Chipre e Israel; Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación; Juan Pablo Aguilera, empleado del Senado; Gustavo Tamay, empleado de Turismo; Maximiliano Sena; Emiliano Giacopuzzi; Alejandro Almada, Luciana Almada, pareja de Aguilera; Gustavo Tórtul, empleado del Gobierno de Entre Ríos; Germán Buffa, comerciante; Gerardo Caruso, empresario; Hugo Marsó, exministro de Turismo; y Corina Cargniel. Se ventilan cinco legajos investigados por el Ministerio Público Fiscal. El conocido como “causa de las imprentas” o “causa de la vaca”, donde se acusa direccionamiento de publicidad en la vía pública a las empresas TEP y NEXT desde 2010 a 2015; el legajo por la publicación de dos anuncios del Gobierno de Entre Ríos en 18 medios gráficos del país, adjudicado a la empresa Global Menas que no estaba constituida como tal al momento de la contratación, según la acusación fiscal; y los tres legajos acumulados en la causa conocida como “sueño entrerriano” que investigó contrataciones en el Marco de la Cumbre del Mercosur; una solicitada contra los fondos buitre; y la instalación de un parador playero en Mar del Plata. Los delitos achacados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; peculado y defraudación a la administración pública. Fuente: Análisis Digital