Designación irregular en Diputados: la Justicia rechazó el amparo del hijo de Bahl

“Sin ánimo de ingresar al fondo de la cuestión, de la mera lectura de los sendos memoriales presentados por las partes, y que supra reseñara, se advierte que están en litigio tópicos de significativa complejidad, cuyo marco de discusión claramente excede el acotado marco del amparo; a mero título ejemplificativo: se discute la razonabilidad de la forma de desvincular a los agentes; la falta de legitimación para dictar la resolución atacada; la falta de motivación del Decreto 268/23 CD (arbitrariedad del acto), con referencia incluso a una posible causa falsa; la situación del agente en relación a la falta de prestación de tareas; la situación que se tuvo en cuenta al momento de incorporarlo a la Administración; la existencia de derechos adquiridos que la actora entiende vulnerados –y que fueran negados por la demandada-; el presunto agravio por la falta de tratamiento de las cuestiones planteadas por la falta de asistencia laboral a través del derecho disciplinario; e incluso, algunos argumentos pueden hasta tener un tinte rayano en lo delictivo como es la posible falsedad material o ideológica de los documentos que acreditan el control de las asistencias laborales, tanto en relación a lo afirmado por la actora –que aduce una ‘ilegitima decisión política persecutoria’ –como por la demandada -que desconoce la prestación de servicios afirmada por los actores-; entre otras”, dice la resolución de Bértora.

Qué planteó Bahl hijo

En duros términos, Joaquín Emanuel Bahl, hijo del ex intendente de Paraná Adán Humberto Bahl, reprochó la decisión de la Presidencia de la Cámara de Diputados de haber hecho caer su contrato de trabajo. En el recurso de amparo que presentó en la Justicia, pidió que se “declare la ilegitimidad del obrar lesivo” de la Cámara al dictar, el 22 de diciembre último, el decreto Nº 268.

Esa disposición legal que firmó el presidente de la Cámara Baja, Gustavo Hein, revocó –según Bahl hijo, “ilegítimamente”- el nombramiento dispuesto mediante otro decreto, Nº 197, del 23 de diciembre de 2022, “dejando sin trabajo al suscripto y violando la garantía de propiedad y estabilidad del empleo público”.

El hijo del ex intendente de Paraná consideró que el dictado de aquel decreto de diciembre que firmó Hein evidenció “de forma ostensiblemente ilegítima la decisión de la corporación pública demandada de segregar a esta parte sin causa ni motivación legal alguna de mi empleo público, en violación a los derechos laborales que me asisten como empleado público de la Cámara de Diputados de la Provincia; de forma arbitraria e irrazonable”.

Sin ambages, Joaquín Bahl pidió a la Justicia que ordene “la inmediata reincorporación del suscripto al cargo de planta y funciones que ostentaba antes del dictado del acto lesivo en la Cámara de Diputados de la Provincia; con más el pago de los salarios caídos e intereses legales, adeudados desde que son debidos hasta su efectiva reincorporación y pago”.

Arguyó el hijo del ex intendente que el cese de su contrato con la Cámara de Diputados se hizo en violación de la Constitución Nacional y de la Constitución de Entre Ríos, y plantea además “el avasallamiento de los derechos subjetivos irrevocables en sede administrativa, ya que mi designación en planta por parte de autoridad competente (…) y que se tornó en ejecutoria y ejecutiva, la misma se ha vuelto en inamovible y en especial en función de la estabilidad en el empleo público que ostento, cuando la prestación del mismo ha sido por más de un año consecutivo de ejercicio efectivo (…) por lo que mi cese así dispuesto por parte de la demandada constituye un exceso de poder y un acto manifiestamente arbitrario, por incausado e inmotivado que vicia de ilegítimo el objeto del acto cuestionado por falta y falsa causa y motivación”.

Cómo ingresó a la Cámara

Joaquín Bahl, lo detalla en el escrito que ingresó a la Justicia con un recurso de amparo ingresó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos en el cargo de “oficial de primera”, designado por decreto Nº 197, del 23 de diciembre de 2022, “con efecto retroactivo a partir del 01-12-2022; habiendo sido luego recategorizado por decreto Nº 177/23 en el cargo de oficial jerarquizado, desempeñándome como personal afectado al bloque justicialista y en concreto al diputado (Juan Reynaldo ) Navarro, tal como lo reconoce el acto en cuestión”.

Y reprocha que la disposición firmada por el actual presidente de la Cámara, Gustavo Hein, no sólo revoca “mi designación en planta permanente”, sino que además “mi recategorización dispuesta por decreto Nº 177/23 CD, a instancia del mismo órgano que lo dispuso, sin causa legal alguna”.

Luego de destacar la legalidad de su designación y que hubo acuerdo de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler), Joaquín Bahl señala que su incorporación a la Cámara de Diputados como empleado “generó a favor del suscripto derechos subjetivos que fueron incorporados a mi patrimonio y que no pueden ser revocados en sede administrativa, sin perjuicio de la acción de lesividad que se debió decidir en su caso, al respecto y para el caso de exhibir vicios, por la evidente prohibición que la presidencia tenía para revocar per se y ante si este tipo de actos”.

Niega el hijo de Bahl haber sido un ñoqui. A ese respecto, hace notar que como empelado de la Cámara de Diputados prestó  “servicios en ámbito del despacho del diputado Navarro, lo cual se encuentra acreditado con la certificación de servicios del Decreto 115/23 (desde el 1.12.22 al 31.05.2023) y las certificaciones de servicio que se adjuntan el presente, del Diputado Juan Reynaldo Navarro, por los meses de junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, y del 1º al 10 de diciembre de 2023 y de la Diputada María Laura Stratta desde el 11.12.2023 al 29.12.2023 inclusive”.

Después agrega que “me encuentro excepcionado del fijado de asistencia en el ámbito laboral”.

El hijo del ex intendente de Paraná sostiene luego “con la revocación del acto de designación para cesarme ilegítimamente de mi empleo y obtener de la opinión pública una estratificación negativa de mi persona, violando mi derecho de defensa y debido proceso y mi dignidad, para justificar la ilegitima decisión política persecutoria; se ha ido por procedimientos administrativos ilegítimos que deslegitima el accionar estatal cuestionado”.