JUDICIALES
Derrame de fuel oil del ex Frigorífico al río Gualeguaychú: La Justicia Federal citó a indagatoria a dos exfuncionarias
El juez Hernán Virí citó a Camila Ronconi y a María de los Ángeles Gómez, extitulares de la Dirección de Medio Ambiente en la gestión Piaggio, por no haber investigado el derrame de fuel oil producido en el predio del ex Frigorífico en 2021. La Justicia tiene indicios de que el Área responsable no inició ningún expediente, lo que produjo que no se haya abordado esta problemática con idoneidad.
Luego de un pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri llamó a Camila Ronconi y a María de los Ángeles Gómez, titulares de la Dirección de Medio Ambiente durante la gestión de Martín Piaggio, a declaración indagatoria por estar sospechadas de cometer el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
El hecho atribuido a las exfuncionarias deriva de marzo de 2021, cuando se produjo el primer derrame de fuel oil desde la estructura del ex Frigorífica o río Gualeguaychú. En esa ocasión, el Juzgado Federal ordenó al área que comandaban Gómez y Ronconi –esta última también fue compañera de fórmula de Martín Roberto Piaggio en las elecciones del año pasado– que iniciaran un informe y encomendó expresamente a la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú que se garantice que no vuelva a repetirse el derrame y la afectación del medio ambiente en el río Gualeguaychú.
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Sin embargo, cuando el derrame se volvió a repetir, esta vez en enero de 2024, la Justicia Federal notó que no se había cumplido con la orden dada algo menos de tres años atrás y que además no había iniciado un expediente administrativo.
Según fuentes judiciales, luego del segundo derrame padecido en enero de este año, se vislumbró que se había incumplido con esa orden que había sido emanada por la autoridad judicial federal, y quienes no habían seguido el mandamiento fueron quienes estaban a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú en esa ocasión. Además, ante una solicitud notaron que no se contaba con un expediente o acto administrativo que sistematice la manera para cumplir con esa manda judicial.
Por esto mismo, el juez federal Hernán Viri citó a declarar a Camila Ronconi para el 25 de septiembre y a María de los Ángeles Gómez para el 2 de octubre, quienes deberán brindar su testimonio. Luego de la indagatoria, quedará en manos del magistrado sobreseer, dictar la falta de mérito o procesar a las citadas.
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Los detalles de la causa
El delito de incumplimiento de deberes de funcionario público se configura mediante tres tipos de conductas alternativas: omitir, rehusar hacer o retardar, por parte de un funcionario público, un acto propio de sus funciones.
En todos los casos, se trata de conductas omisivas puras o propias que se materializan con la falta de realización del concreto comportamiento exigido al autor por la norma preceptiva o de mandato, en este caso el inicio del expediente e investigación del primer derrame de fuel oil al río Gualeguaychú para que esto no se vuelva a repetir, algo que efectivamente sucedió en enero de 2024, cuando se volvió a repetir el episodio contra el medio ambiente.
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"Rehusar hacer un acto implica una negativa, expresa o implícita, de llevar a cabo el acto del oficio. En esta modalidad, el agente no quiere llevar a cabo la actividad en la oportunidad debida, luego de haber sido requerido por la parte interesada o por orden de la autoridad", afirma el Código Penal sobre este tipo de faltas cometidas por funcionarios públicos.
El hecho de que se llegue a esta instancia y a una citación a indagatoria indica que por los requisitos exigidos por el tipo penal mencionado se encuentran satisfechos y que el juez tiene acreditado que el hecho por el cual solicita la legitimación pasiva a Camila Ronconi y María de los Ángeles Gómez podría subsumirse dentro de la figura contemplada en el art. 249 del Código penal, que precisamente la que se refiere al delito de incumplimiento de deberes de funcionario público por la razón de que las funcionarias no iniciaron ningún expediente administrativo o que no ha sido informado sobre el mismo al Ministerio Público Fiscal y que de esta manera dejaron sin cumplir con esa demanda judicial.