TRAS LAS DECLARACIONES DE DOS DIPUTADAS QUE ASISTIERON
Denunciaron penalmente a diputados de LLA y penitenciarios por la visita a Astiz
La denuncia fue formulada por el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 tras el pedido del abogado querellante Pablo Llonto y el respaldó el fiscal Félix Crous al considerar que se violaron el decreto 1136/97 y el artículo 109 del mismo decreto tras las declaraciones de dos de las diputadas que fueron a Ezeiza. Será investigada por el magistrado Ernesto Kreplak. Cabe destacar que Bullrich aún no preciso concretamente quiénes fueron ni los motivos a pesar del pedido del Juez.
El 11 de julio, seis diputados oficialistas llegaron en una camioneta de la Cámara de Diputados a la Unidad 31 de Ezeiza, donde están alojados Astiz y otros represores de la última dictadura. La comitiva estuvo integrada por Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.
Tras ello, iniciaron los pedidos de explicaciones de los tribunales federales en plena feria judicial. Alli el juez Alejandro Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, exhortó al juez Obligado –que está a cargo de la ejecución de la pena de Astiz– a averiguar cómo se había gestado la excursión a la cárcel.
Al respecto Obligado le pidió informes a Bullrich con carácter de urgente pero la ministra demoró la respuesta casi una semana. Sin embargo cuando llegó la contestación al Tribunal Oral Federal 5, la contestación fue solo por parte del subdirector del SPF, Diego Morel, en la que indicaba que los diputados habían estado en la cárcel siguiendo las normativas y que habían ingresado el 11 de julio.
Luego de este suceso, el abogado querellante Pablo Llonto pidió que se iniciara una nueva investigación. Lo respaldó el fiscal Félix Crous ya que para ambos no “cerraba” con la explicación que habían dado dos de las diputadas que fueron a Ezeiza: según Bonacci y Arrieta, habían llegado engañadas, sin saber que iban a ver a los torturadores de la última dictadura. Arrieta, conocida por haber aparecido en una comisión con un patito en la cabeza, llegó a decir que ella no sabía quién era el exmarino porque había nacido en 1993.
Para Llonto se habría violado lo que establece el decreto 1136/97 (sobre la pena privativa de la libertad) en su artículo 8. Allí dice que las visitas serán concedidas previo pedido de conformidad expresa del interno, quien podría en cualquier momento, bajo constancia escrita, desistir de la visita solicitada o propuesta. Esto quiere decir que el detenido debe saber quién quiere visitarlo y, de esa forma, prestar su consentimiento. Si Bonacci y Arrieta no sabían a quienes iban a ver, mal podrían haber hecho el pedido de autorización para la entrevista. Y menos aún podría Astiz haber consentido el encuentro.
El fiscal Crous también advirtió que se podría haber violado el artículo 109 del mismo decreto, que establece que los miembros de los organismos oficiales deben acreditar el motivo de la visita al establecimiento penitenciario. En esa línea, si esa documentación no estaba, tanto integrantes del SPF como legisladores podrían ser responsabilizados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos o falsedad ideológica.
A pesar de que el defensor Guillermo Jesús Fanego, abogado de Adolfo Donda y de Alberto González –el “mentor” de la vicepresidenta Victoria Villarruel, reclamó que se desechara los planteos de la querella y de la fiscalía Obligado decidió formular una denuncia penal para que se investigue la justicia federal de Lomas de Zamora, que es la que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza. El caso estará en manos del juez federal Ernesto Kreplak.
Fuente: APFDigital