Denuncian un negociado de cientos de millones de dólares detrás del vaciamiento de los medios públicos

En diciembre del 2023, mientras la mitad del país todavía asimilaba la derrota electoral y la otra arengaba a Javier Milei a avanzar con su ajuste contra la "casta", diferentes oficinas del gobierno nacional comenzaron a recibir a los nuevos funcionarios libertarios -los pocos designados por La Libertad Avanza-. Y, para sorpresa de muchos, una de las primeras áreas intervenidas fue la Agencia de Administración de Bienes del Estado: sin necesidad o urgencia.

En línea con su voluntad de privatizar todas las empresas públicas, Milei y su séquito comenzaron a delinear el plan de acción para avanzar primero con las que, según ellos, tendrían menos "resistencia social". "Si vos privatizás Aerolíneas y después faltan aviones, te van a putear. Ahora si cerrás la TV Pública nadie te putea", refuerzan desde la mesa chica que lleva adelante el multimillonario negocio de las privatizaciones.

Y así, mientras el arco político, los medios de comunicación y gran parte de la ciudadanía abocaron su atención al fallido paso de la Ley Ómnibus en el Congreso, el "team inmobiliario" de los libertarios llevaba adelante su rosca desde las sombras, con sede nada más y nada menos que en la Casa Rosada.

Avanzaron con los despidos en áreas técnicas clave, mientras recibían a diario a los empresarios interesados en adquirir el patrimonio completo vinculado a las compañías estatales: licencias, acciones e inmuebles a lo largo y a lo ancho del país valuados en miles de millones de dólares.

Pero para poder avanzar con los negocios, primero era necesario dar una "batalla de sentido" que, a efectos prácticos, el propio Milei instaló desde la campaña electoral. "Nosotros consideramos que la Televisión Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló de nuestro espacio se hizo de una manera muy negativa, abonando la campaña sucia, la campaña del miedo", sostenía antes de la segunda vuelta en la que enfrentó a Sergio Massa.

El cierre de Télam fue el primer paso del plan sistemático para vaciar al Estado y beneficiar a un puñado de empresarios amigos. Todo sucedió a principios de marzo, cuando los empleados de la agencia nacional de noticias se encontraron con el edificio central vallado y custodiado por efectivos de la Policía Federal. Luego, llegó un escueto mail en el cual les daban una "licencia de una semana" hasta tanto el Gobierno definiera qué sucedería con la agencia. Las licencias se fueron renovando semana a semana y se dispuso desde el Ejecutivo un retiro voluntario que no tuvo éxito.

Ahora, desde el Gobierno sostienen que mantendrán en actividad a la agencia de noticias que, según ellos, cuenta con tres mil empleados; pero con una planta de sólo 200 empleados. Desde la propia Télam advierten que la cifra es de 800 empleados en total y que aún no hubo ninguna novedad al respecto.

Fueron tres semanas de indiferencia absoluta y de una agenda cargada con bombas de humo para prostituir la agenda real. El cambio de nombre del Salón de las Mujeres de La Rosada en el marco 8M, el spot negacionista del 24 de Marzo; el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, el "pobre jamoncito" gate que surgió de la interna entre el presidente y Victoria Villarruel, y demás titulares impuestos por la agenda libertaria para correr el foco de atención.

Pero el deadline del 31 de marzo se aproxima y son miles los empleados estatales que esperan definiciones en torno a la renovación o no de sus contratos. Y así, durante la última semana del mes, el Gobierno comenzó con los "despidos por goteo" en distintas secretarías y oficinas públicas del país. "Vamos a despedir 70 mil empleados", celebró Javier Milei en el IEFA Latam Forum.

La cifra tuvo que ser explicada por el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, quien reconoció que en realidad eran 15 mil y que el resto sería sometido a una nueva renovación contractual por tres meses para avanzar con la purga.

La primera que le marcó la cancha al presidente fue Villarruel. En un mano a mano con Jonatan Viale, la vicepresidenta cuestionó muchas de las medidas que lleva adelante el presidente libertario, advirtió los peligros del "uso indiscriminado" de la motosierra e incluso llegó a compararlo con el villano de ficción Freddy Krueger. Un error que el hijo de Mauro Viale se encargó de corregir casi de inmediato: "Me parece que el de la motosierra era Jason", le aclaró, en alusión al protagonista de la saga de películas de terror Viernes 13.

"Si vos venís con la motosierra como Freddy Krueger y le das, le das y le das; y después te comés un montón de juicios laborales y tenés que pagar 700 indemnizaciones en el fuero laboral... Bueno, perdón pero no. Milei está con la motosierra a full, nosotros (desde el Senado) también, pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que eso no genere después un gasto mayor", advirtió Villarruel.

Mientras se activaban los retiros voluntarios en Télam, el Gobierno avanzó con los despidos en Radio Nacional y la TV Pública. Sin ir más lejos y por decisión del Ejecutivo, la emisora pública no cubrió por primera vez en la historia la masiva movilización a Plaza de Mayo que se llevó adelante el pasado 24 por el Día de la Memoria. Muchos de los informativos se dieron de baja, el mismo destino que sufrieron ciclos icónicos de su grilla como Cocieros Argentinos, que dejó de salir al aire el miércoles. Al día de hoy, ya no quedan ciclos en vivo y se esperan despidos masivos a fin de mes.

Desde el Gobierno estiman que las indemnizaciones en el sistema de medios públicos ascenderían a los 100 millones de dólares. Es por eso que primero decidieron ofrecer magros retiros voluntarios y prevén sostener fuera de funciones a los trabajadores de mayor antigüedad hasta su jubilación para evitar los juicios y los costos a los que la propia Villarruel aludió en la entrevista con Viale.

Pero el negocio para los amigos empresarios del Gobierno libertario es mucho más grande. Según pudo saber el portal BigBangNews, sólo con la venta de los terrenos de la Televisión Pública y Radio Nacional, Milei y su séquito buscan hacerse de 600 millones de dólares. Quienes están a cargo de llevar adelante el negociado son Santiago Caputo, Rodrigo Lugones, Martín Maestu y Diego Chaher, quien fue designado a principios de febrero como interventor "ad honorem" de los medios públicos -bajo la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse- y logró sacarse de encima en sólo dos semanas a su segundo, Diego Marías, ex legislador porteño por el PRO y hombre de confianza de Mauricio Macri (trabajó en el Ministerio de Educación durante su presidencia).

Cabe recordar que Chaher es un hombre cercano a Daniel Vila, uno de los dueños del Grupo América que este mes despidió a más de 30 empleados y replicó el formato del cierre de la agencia Télam en su propio canal: blindó el edificio, bajó las persianas e intimó a través de una carta documento a todos los empleados afiliados a SatSaid que llevaban adelante -como sucedía en el resto de las emisoras- medidas de fuerza en reclamo por una recomposición salarial. Chaher fue durante casi veinte años gerente del área de asuntos legales del Grupo América e interventor desde el 2020 hasta el 2022 de la gerencia del Canal 8 de San Juan, del mismo grupo.

El negocio de 400 millones de dólares detrás del predio de la TV Pública

La primera decisión para avanzar fuerte contra la TV Pública se tomó a fines de mes, cuando los interventores anunciaron que se bajaría toda la programación durante el receso XLL de Semana Santa y el Día del Veterano de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Y así, mientras muchos de los ciclos históricos de la pantalla pública se despidieron del aire -así como las principales figuras de los noticieros, como Diana Zurco-, Chaher, Caputo, Lugones y Mastu avanzaban con la venta del predio, valuado en 400 millones de dólares al grupo IRSA -uno de los principales aportantes en campaña de LLA- y a un empresario de medios radiales interesado en el negocio. ¿Los nombres de los amigos beneficiados que ya circulan con fuerza? Eduardo Elsztain y Marcelo Figoli.

Elsztain es dueño del grupo IRSA -principal aportante en campaña de los libertarios y dueño del hotel en el que el ahora presidente se hospedó durante la recta final electoral y sus primeros días como primer mandatario- y el empresario que acompañó a Milei en su viaje a Israel. Quiso hacer un negocio millonario a través de la venta de tierras rurales de las Fuerzas Armadas -frenado por la Justicia-.

Pero eso no es todo. El "combo" de los medios nacionales también incluye a la antena de Radio Nacional, hasta ahora emplazada en el predio de Pacheco, cuyo principal interesado -y dispuesto a abonar por ella otros 200 millones de dólares- sería nada más y nada menos que el empresario Eduardo Constantini.

En las últimas horas, el periodista Jorge Rial anticipó que ya se está gestando el traslado de la antena al predio de la TV Pública para concretar la venta. "Comienza la limpieza de las 240 hectáreas para ser vendidas. Se calcula que sería un negocio de 200 millones de dólares para los amigos empresarios del gobierno", confirmó desde sus redes, al tiempo que chicaneó: "Ahora, ¿los vecinos de Barrio Parque se bancarán un armatoste de las dimensiones de la antena en su exclusivo reducto?".

El Gobierno busca avanzar ahora con la venta del predio y tendrá un año más, tal y como confirmó el propio interventor, para definir qué sucede con los pocos trabajadores que quedarán después de la purga de fin de mes. En concreto, se espera que todos sean trasladados al predio de Tecnópolis, desde donde la TV Pública seguiría sin programación en vivo, en una suerte de muerte anunciada y apagón periodístico en el país.

Fuente: BigBangNews